POR RICARDO VILLA SÁNCHEZ / EDITORIAL TSC /
El debate sobre la Línea Negra de la Sierra Nevada de Santa Marta desborda cualquier asunto técnico. Va más allá de tesis occidentales. Se torna, más bien, en una definición política y holística, sobre el tipo de Estado que Colombia quiere ser, y cómo convivimos no solo con la naturaleza sino con todos los pueblos que integran nuestra Nación.
El presidente Gustavo Petro ha convocado, a los pueblos del “corazón del mundo”, a encontrarse en las playas de Santa Marta para firmar un nuevo decreto que reconozca y amplíe su territorio sagrado. La escena es potente: la consulta previa como asamblea decisoria y no como un expediente.
La Sierra Nevada de Santa Marta no es solo geografía. Para los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo es una trama espiritual que une nevados, ríos y mar Caribe. La tierra no se posee; se cuida. El agua no es mercancía; sostiene la vida. Cuando el Presidente afirma que lo sagrado es sagrado y que el agua es sagrada, introduce un lenguaje que no cabe en los códigos administrativos. Habla de legitimidad cultural, de memoria y de responsabilidad con el territorio.
La nulidad del Decreto 1500 de 2018 no negó esa cosmovisión. El Consejo de Estado señaló fallas de procedimiento: ausencia de cartografía al momento de la expedición y consulta incompleta frente a comunidades que podían resultar afectadas. No cayó la espiritualidad. Falló fue la forma jurídica. El mensaje fue claro: el pluralismo constitucional exige rigor. Es decir, ganó el ‘santanderismo’, tan dado en un país leguleyo como Colombia.
La respuesta del Ejecutivo busca corregir ese vacío. Un nuevo decreto con soporte técnico y consulta amplia puede convertir la controversia en aprendizaje institucional. Incluyendo la cosmovisión de la mesa de los hermanos mayores de la Sierra Nevada en diálogo y pactos interculturales e interétnicos para fortalecer el gobierno propio indígena. Convocar a firmarlo frente a los pueblos indígenas y demás actores claves del territorio, implica reconocer que la autoridad no se agota en Bogotá y que la gobernanza pone en el centro de sus preocupaciones a quienes habitan, con su diversidad y pluralismo, los territorios. Reconoce también que la consulta no es obstáculo, sino condición de legitimidad democrática, humana y justa.
El debate abre una pregunta mayor: ¿puede la Sierra avanzar hacia una Entidad Territorial Indígena que otorgue estabilidad estructural a ese reconocimiento? La experiencia reciente en la Amazonía mostró que el pluralismo puede asumir forma administrativa y fiscal. No se trata de privilegios. Se trata de coherencia con la Constitución de 1991, que definió a Colombia como nación pluriétnica. El reconocimiento parte de instrumentos claros y serios, de recursos, de iniciativa y de voluntad política de cambio.
Una Entidad Territorial Indígena en la Sierra consolidaría el gobierno propio como autoridad pública con competencias administrativas, fiscales y ambientales. No fragmenta la República; la enriquece. Permitiría planificar el territorio desde la Ley de Origen en diálogo con el orden constitucional, con reglas claras de coordinación y corresponsabilidad institucional.
La discusión no ocurre en un vacío. La Sierra ha sido escenario de despojo, economías ilegales y conflicto armado. El Presidente habló de una Sierra sin “paracos ni policías cómplices”. Más allá de la polémica, la frase recuerda que la disputa territorial no es solo jurídica. Tiene raíces culturales, políticas, económicas, ambientales y sociales. En ese contexto, la defensa del territorio sagrado adquiere una dimensión histórica, ética e incluyente.
La pregunta de fondo permanece. ¿Es posible armonizar seguridad jurídica, desarrollo regional y protección espiritual? La respuesta no está en caricaturas. El agua que nace en la Sierra abastece ciudades del Caribe. Cuidar sus cuencas es una decisión ambiental, económica y cultural. La estabilidad no surge de negar la diversidad, sino de integrarla en reglas compartidas y sin privilegios.
El presidente Petro ha llevado el debate a la plaza pública, sobre la arena y frente al mar. Si el nuevo decreto incorpora cartografía clara, garantiza consulta amplia y establece coordinación con autoridades locales, el país puede transformar una nulidad en punto de partida. El corazón del mundo no pide concesiones extraordinarias. Exige coherencia entre la palabra constitucional y la práctica institucional.
La democracia se fortalece cuando reconoce que existen otras formas de habitar la tierra y que tienen su gobierno propio, y su mirada consecuente del mundo de la vida. Y el Estado se consolida cuando aprende a dialogar con ellas sin prevenciones y con reconocimiento de su diversidad, de sus culturas, saberes ancestrales, libertades y formas de relacionarse con el territorio, la naturaleza y la vida.
