¿QUEQUÉ? /
Implicaciones legales y políticas de las revelaciones del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie y su esposa, la senadora María Fernanda Cabal.
Más allá de las consecuencias político-electorales que de seguro tendrá la renuncia al uribista Centro Democrático de la senadora Cabal y su esposo, el dirigente gremial ganadero José Félix Lafaurie, lo que revela en la carta de dimisión es información extremadamente sensible y delicadísimo sobre el atentado que le costó la vida al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, porque no solo pone sobre la mesa la presencia de estructuras criminales detrás de los hechos, sino que deja un mensaje político muy grave: que al interior del Centro Democrático habría existido conocimiento previo o información suficiente sobre los responsables reales del magnicidio, y aun así se usó el caso de forma mezquina para buscar réditos electorales, culpando al Gobierno del presidente Gustavo Petro.
El inicio del 2026 se ha visto marcado por una serie de eventos que han sacudido el panorama político colombiano, destacándose la sorpresiva renuncia de la senadora María Fernanda Cabal y su esposo, José Félix Lafaurie, al uribista partido Centro Democrático. Dicha decisión no solo implica un remezón interno para la colectividad, sino que se produce en el marco de graves revelaciones contenidas en la carta de renuncia, donde se conectan directamente los hechos del atentado de junio de 2025, que culminó con el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, con actores tanto de esa colectividad dirigida por el cuestionado expresidente Álvaro Uribe Vélez, como de estructuras criminales y del narcotráfico.
La carta, además, menciona explícitamente la figura de José Aldinever Sierra (‘Zarco Aldinever’), asesinado posteriormente por el ELN en Venezuela, añadiendo una capa de complejidad al entramado de hechos y responsabilidades.
En el documento de renuncia, Lafaurie expone una serie de señalamientos que trascienden la mera discrepancia política. El eje de la misiva se sitúa en la conexión establecida entre el atentado contra Uribe Turbay y los posibles vínculos de actores del Centro Democrático con José Aldinever Sierra, el ‘Zarco’.
Según el texto de la carta, Sierra habría tenido conocimiento o participación en la planeación del atentado, lo que se agrava por su posterior asesinato a manos del ELN en territorio venezolano. Lafaurie sostiene que miembros de la dirección del Centro Democrático tenían información previa sobre amenazas y posibles acciones violentas, sin que se hubieran tomado medidas preventivas o se realizara la correspondiente denuncia ante las autoridades.
Desde el punto de vista jurídico, las afirmaciones contenidas en la carta revisten una gravedad singular. En primer lugar, la eventual existencia de conocimiento previo por parte de dirigentes del Centro Democrático sobre planes para atentar contra un precandidato presidencial podría configurar, según la legislación colombiana, conductas punibles como omisión de denuncia (artículo 441 del Código Penal), encubrimiento o incluso complicidad, dependiendo del grado de participación o colaboración demostrada en un proceso judicial.
La referencia explícita al ‘Zarco Aldinever’ introduce la hipótesis de que el atentado no fue un hecho aislado, sino que pudo haber contado con la connivencia o al menos el silencio de actores políticos, lo cual demandaría la intervención de la Fiscalía General de la Nación para esclarecer tanto la autoría material como la intelectual del magnicidio.
El señalamiento de Lafaurie sobre el conocimiento previo de la dirigencia del Centro Democrático no solo pone en entredicho la legitimidad interna del partido uribista, sino que plantea serios cuestionamientos sobre la ética en la conducción política. La instrumentalización del magnicidio, es decir, su utilización como argumento en el debate público para atacar adversarios o consolidar liderazgos, implica una erosión profunda de la confianza ciudadana en las instituciones y en el juego democrático.
En el ámbito político, estas revelaciones pueden generar una crisis de gobernabilidad dentro del partido, incentivar investigaciones parlamentarias y abrir el camino a una fractura interna, como la que han ocasionado Cabal y Lafaurie, quienes solicitaron la escisión de la colectividad.
La gravedad de las acusaciones obliga a los órganos de control y a la justicia a actuar con celeridad, garantizando el debido proceso y la protección de los derechos de las víctimas, así como la transparencia en la investigación de los hechos.
Uno de los aspectos más delicados de la carta es la sugerencia de vínculos entre actores políticos, estructuras criminales y el narcotráfico. La mención de ‘Zarco Aldinever’, refuerza la hipótesis de la penetración de intereses ilícitos en la política nacional. Este señalamiento no solo debe ser objeto de investigación judicial, sino que exige la actuación coordinada de entidades como la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Fiscalía para trazar posibles rutas de financiación ilegal de campañas, lavado de activos o cooptación de poderes públicos por el crimen organizado.
Las revelaciones contenidas en la carta de renuncia a la colectividad uribista de María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie constituyen un punto de inflexión en la historia reciente del Centro Democrático y, por extensión, de la política colombiana.
Tras las consecuencias inmediatas, el caso plantea la urgencia de fortalecer la transparencia, la ética y el control sobre las relaciones entre la política y los actores armados ilegales, para evitar que el magnicidio y la instrumentalización del crimen sigan siendo herramientas de disputa de poder en Colombia.
