POR OMAR ROMERO DÍAZ /
A los colombianos les vendieron austeridad y ahora quieren que los de abajo paguen la cuenta.
Durante la campaña presidencial se le dijo al pueblo colombiano que el Gobierno de Abelardo de la Espriella sería austero, que acabaría con el derroche y que manejaría la plata pública con responsabilidad.
Pero una cosa fue el discurso electoral y otra parece ser la realidad.
El Presupuesto General para 2027 llega a $634,9 billones, frente a $547 billones en 2026. Son cerca de $89 billones adicionales. Entonces la pregunta es sencilla: ¿dónde quedó la austeridad que prometieron?
La preocupación aumenta cuando se habla de eliminar el impuesto al patrimonio para quienes poseen grandes fortunas. Según las cifras planteadas, el Estado podría dejar de recibir alrededor de cinco billones de pesos.
¿Y quién paga ese hueco?
Porque cuando el Estado deja de recibir recursos, alguien tiene que poner la plata. Y ahí aparece el peligro: que la factura termine llegando al trabajador, al campesino, al pensionado y a la clase media.
Se habla de una reforma tributaria y de posibles cambios que podrían ampliar el número de personas que pagan impuestos. También existen advertencias sobre el impacto que tendría gravar productos esenciales de la canasta familiar.
¿IVA al huevo? ¿IVA al pollo? ¿IVA al arroz? ¿IVA a la papa? ¿IVA a la carne? Para quien tiene millones en el banco puede parecer poca cosa. Pero para una familia que vive con un salario mínimo, subir el precio de la comida significa quitarle comida de la mesa.
También se habla de eliminar subsidios y de aumentar el endeudamiento. Y aquí hay una verdad que todos debemos de entender: la deuda que se adquiere hoy la termina pagando el pueblo mañana. Por eso no basta con decir que se van a recortar 45.000 cargos o reducir contratos. La verdadera pregunta es: ¿a quién se le está recortando y a quién se le está beneficiando?
Porque una verdadera austeridad debe comenzar por los privilegios, los contratos innecesarios, la corrupción y el despilfarro.
No puede comenzar por los derechos sociales ni terminar aumentando el costo de la comida.
Los trabajadores no están en contra de que el Estado ahorre. Al contrario: exigen que cada peso público se utilice correctamente. Pero austeridad no puede significar menos derechos para los de abajo y más beneficios para los de arriba.
Colombia ya ha vivido demasiadas promesas incumplidas. Por eso se deben mirar los números y no solamente los discursos.
Si se eliminan impuestos para los grandes patrimonios, aumenta el gasto, crece la deuda y después se buscan nuevos impuestos que terminarán afectando el consumo de las familias, entonces es preciso preguntar: ¿quién está pagando la fiesta?
Porque si la respuesta termina siendo el trabajador, el pensionado, el campesino y la familia humilde, entonces no estamos frente a una austeridad para todos. Estamos frente a una austeridad selectiva: sacrificios para el pueblo y beneficios para quienes más tienen.
Y Colombia no puede permitir que una promesa de cambio termine convirtiéndose en otra factura para los de siempre.
¡La plata pública es del pueblo y las cuentas deben ser claras!
¡Los derechos sociales no se negocian y la comida de los colombianos no puede convertirse en la caja menor del Estado!
