POR ERNESTO SAMPER PIZANO
Colombia ya pasó por una descertificación y puedo asegurar que no es el fin del mundo. Al contrario, nos ofrece la oportunidad de volver a mostrar internacionalmente los altos costos económicos, sociales e institucionales que hemos pagado por un problema que no es solo nuestro. Y, de volver a exigir a los países consumidores como Estados Unidos y muchos de Europa que cumplan su compromiso de reducir la demanda de estupefacientes, precisamente en momentos en que ha bajado el consumo de drogas de origen vegetal y se están sintiendo los efectos devastadores de drogas sintéticas como el fentanilo y otros estupefacientes que no producimos.
Por lo demás, la decisión de descertificar a Colombia en su lucha contra las drogas es ilegal, política y regresiva.
Es ILEGAL porque ningún país está autorizado para imponer sanciones unilaterales a otro país o a sus nacionales. Solamente la Organización de las Naciones Unidas (ONU) puede hacerlo en circunstancias ya establecidas y en casos justificados de necesidad.
Es POLÍTICA porque siempre ha sido utilizada para castigar a países que se consideran “enemigos” de Estados Unidos. Las peores dictaduras de derecha han sido beneficiadas con la no aplicación de la descertificación mientras que a nuestro país, que ha pagado altos costos humanos en vidas e institucionales, la descertifican cada vez que el Gobierno de Colombia aparece como “enemigo” del Gobierno de Estados Unidos.
Es REGRESIVA en términos sociales y humanitarios porque hace recaer sobre los sectores más vulnerables de la cadena de las drogas, como los campesinos y los indígenas, una sanción que debería comenzar por el control de sus propios mercados que es donde se generan y quedan las grandes utilidades del narcotráfico.
Esta decisión coincide con la finalización de los programas de USAID en Colombia que apoyaban iniciativas como la sustitución social y voluntaria de cultivos ilícitos en manos de miles de campesinos, política que debería impulsarse con mayor vigor.
