POR OMAR ROMERO DÍAZ /
Por años, el poder político, económico y mediático en Colombia ha estado entrelazado en un juego macabro que ha permitido que unos pocos se enriquezcan a costa del Estado, mientras millones de colombianos sobreviven en la miseria. Hoy, en plena coyuntura política donde se empieza a hablar de candidaturas presidenciales para el 2026, una de las voces más agresivas contra el Gobierno del Cambio es la de la cuestionada ‘periodista’ Vicky Dávila. Pero lo que muchos colombianos desconocen o lo que los grandes medios no se atreven a decir es que su familia, los Gnecco, ha sido señalada de apropiarse ilegalmente de tierras del Estado durante años.
No se trata de simples señalamientos. Son predios que ya habían sido expropiados por sus vínculos con estructuras ilegales y que, aun así, fueron usufructuados durante años por allegados y testaferros. Tierras fértiles que debían estar al servicio de la nación, especialmente para cumplir con los fines de reparación, restitución o reforma agraria, terminaron convertidas en haciendas privadas manejadas por quienes se creen intocables. ¿Quién responde por ese saqueo silencioso al patrimonio público? ¿Cómo se llama eso, sino corrupción estructural?
El caso de la finca Las Américas en Chimichagua es apenas uno de muchos. El terreno, en teoría bajo custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), pasó de manos del narco ‘Ñeñe’ Hernández, al asesino de sindicalistas Jaime Blanco Maya, y terminó en poder de Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, jefe paramilitar conocido con el alias de ‘Comandante Barbie’. ¿Y qué encontraron las autoridades cuando llegaron? Ganado privado pastando como si nada, mientras la justicia en papeles ya lo había incautado. ¿Cómo se explica esta burla al Estado sin una red de protección política y mediática? ¿Cuántos otros predios están en esta misma situación?
Hoy, cuando el Gobierno actual intenta recuperar esas tierras y entregárselas al campesinado, los gritos de «persecución» se escuchan desde las trincheras de siempre. Y entre quienes más atacan al Gobierno está la propia Vicky Dávila, convertida ahora en posible candidata presidencial de la ultraderecha, la misma que por décadas calló ante los abusos de su entorno familiar. ¿Qué autoridad moral tiene una candidata que no ha respondido públicamente por los cuestionamientos contra su propia familia, pero sí se siente con el derecho de dictar cátedra sobre corrupción y hablar de moral?
Este es el corazón de la contradicción: quienes más han vivido del Estado ahora acusan de “dictadura” a un Gobierno que apenas comienza a poner orden. Los que usufructuaron predios públicos hoy pretenden erigirse como guardianes de la legalidad. Las élites que por años se beneficiaron del saqueo, ahora se presentan como víctimas de persecución política.
No es casual que la ofensiva mediática se recrudezca justo cuando la Agencia Nacional de Tierras (ANT) empieza a actuar con contundencia. No es casual que, en nombre de la «libertad de prensa», algunos periodistas se escuden para proteger intereses familiares. Y tampoco es casual que los mismos sectores que aplaudían el despojo, hoy quieran frenar cualquier intento de justicia redistributiva.
El pueblo colombiano no puede seguir cayendo en la trampa de las falacias envueltas en discursos de libertad, cuando en realidad encubren intereses mafiosos. No se trata de una guerra entre partidos, sino de una lucha entre quienes han saqueado históricamente al país y quienes, con todas sus dificultades, quieren transformar esa realidad.
La tierra es del campesinado, no de los herederos del despojo. Y si una candidata quiere aspirar a la Presidencia, lo mínimo que debería hacer es dar la cara por las actuaciones de su familia, en vez de usar su poder mediático para confundir, atacar, calumniar, difamar y mentir.
Porque en Colombia ha comenzado una nueva etapa: la de la recuperación del país robado. Y esa transformación no será detenida por quienes, desde la comodidad de sus micrófonos o de sus haciendas ilegales, gritan «libertad» mientras siguen sangrando al Estado.
