EDITORIAL TSC /

Aprovechando la juramentación del nuevo presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, el pasado sábado 1 de marzo, varios líderes latinoamericanos que asistieron a los actos protocolarios en Montevideo volvieron a referirse a la necesidad de retomar un tema tan fundamental como es el de la integración de la región ante la agresividad y las pretensiones expansionistas de la versión Trump 2.0. Más aún cuando es un hecho que Latinoamérica es el último recurso que está a la mano de EE.UU. y su clara pretensión es asegurarlo como ‘su’ territorio, su “patio trasero”.

Sin embargo, hablar de “integración” latinoamericana en la actual coyuntura geopolítica no pasa de ser simplemente una buena aspiración retórica por cuanto se carece de mecanismos que la posibiliten. Mecanismos como la Celac o la Unasur están marchitados y no hay por el momento en el hemisferio una propuesta coherente y viable para generar oportunidades de complementación en la región.

La desintegración latinoamericana constituye un grave riesgo de afectar a sus pueblos como consecuencia de los 70 programas de sanciones estadounidenses que ha adoptado el Gobierno de Donald Trump que afectan de manera directa a millares de personas y empresas en más de 100 países.

Es evidente que las sanciones se han convertido en la herramienta coercitiva predilecta de EE.UU. y, junto a su ofensiva bélica, el eje central de su política exterior. Con ello Washington busca torcer el brazo a las naciones que no se sometan a los intereses estratégicos de la Casa Blanca.

En general, la política de sanciones de Washington tiene carácter financiero y pretende restringir el comercio y con ello golpear la economía de los pueblos. La apuesta es por volver la situación del país sancionado insoportable y, aunque esto no se dice explícitamente, el verdadero propósito es dañar deliberadamente a la población objetivo para así empujar los cambios deseados en canje por el levantamiento de sanciones.

También hay sanciones que afectan a sectores específicos como energía, tecnología o defensa. A la mayoría de países sancionados se les aplica un combinado de todas estas modalidades.

En su postura hegemónica y expansionista EE.UU. en las dos últimas décadas ha impuesto más sanciones que la Unión Europea (UE), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Canadá juntas. Hasta febrero de 2025, se contabilizan más de 14.000 medidas coercitivas unilaterales a personas, entidades y jurisdicciones sobre 30 países, administradas principalmente a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, la principal agencia sancionadora del mundo.

Ser aliado político o socio comercial de EE.UU. no garantiza estar a salvo, como se acaba de demostrar con Ucrania, cuyo Presidente fue humillado en vivo y en directo en el mismísimo Despacho Oval. La diplomacia coercitiva de Washington ha ampliado su alcance con sanciones secundarias contra terceros que en los últimos años ha causado tensiones a actores estratégicos.

De acuerdo con el último informe del Center for a New American Security (CNAS), personas y entidades de 100 países son objeto de sanciones financieras por parte de EE.UU. Es decir, más de la mitad de los 193 países reconocidos por Naciones Unidas, son afectados de forma directa o indirecta por las sanciones de Washington.

Aunque las sanciones no logren sus objetivos finales como ha ocurrido con Rusia, China e Irán, en EE.UU. sí pueden satisfacer a una audiencia nacional y hacer ganar apoyos políticos, en muchos casos innegociables, para ejecutar agendas llenas de promesas de campaña.

Un ejemplo es la decisión de Trump de revocar la «Licencia General 41», que autoriza a Chevron operaciones limitadas de extracción de recursos naturales en Venezuela. Si bien la decisión encaja en la ofensiva contra el Gobierno de Nicolás Maduro y su política de “Drill, baby, drill”, fue el pulso con legisladores del lobby anticubano de Florida lo que la habría incentivado.

La guerra arancelaria de Trump responde a la crisis del capitalismo global y con ella el declive de EE.UU.

Ante esta agresividad de Washington, América Latina se encuentra en total indefensión. No se ve en el horizonte una propuesta en conjunto y es evidente que buena parte de los gobiernos en la región mantiene su disposición de seguir alineada a los dictados de la Casa Blanca.

La integración latinoamericana no es solo una necesidad política sino un mecanismo de sobrevivencia ante la amenaza constante de injerencia y violación del principio de autodeterminación de los pueblos por parte de Washington que pretende aplicar la Doctrina Monroe en una nueva fase, cuyos efectos, en medio de la disputa geopolítica mundial, son impredecibles.