POR OMAR ROMERO DÍAZ /
¿Por qué el país y los tradicionales medios de comunicación de la oligarquía guardan silencio ante lo que debería ser un escándalo nacional?
Colombia tiene derecho a respuestas. Y las tiene ahora.
En los últimos días han circulado informaciones periodísticas sobre interceptaciones legales ordenadas por un juez y conocidas por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en las que aparece el cuestionado abogado y aspirante presidencial Abelardo de la Espriella conversando con una empresa contratista del Estado.
El presidente Gustavo Petro afirmó el pasado 5 de abril que informes de inteligencia revelan conversaciones entre De la Espriella y los hermanos Bautista (Gregorio, Fernando y Camilo), socios de Thomas Greg & Sons.
El supuesto trato consistiría en que, De la Espriella, si llega a la Presidencia de la República, revertiría el nuevo modelo de pasaportes impulsado por el Gobierno actual para devolverle el control del negocio a esa multinacional. A cambio, la firma lo favorecería electoralmente con apoyo en el escrutinio de votos.
El riesgo electoral
La denuncia radicada ante la DNI advierte que esta relación podría permitir alterar el conteo de votos mediante el software de escrutinio que maneja la empresa de marras.
Ofreciendo devolver el contrato a cambio de que a través del fraude electrónico le dé el cargo de Presidente. Esto, en cualquier democracia seria, sería una bomba política. Aquí en Colombia, en cambio, reina el silencio. Y ese silencio es ensordecedor.

El escándalo que no quieren que sea escándalo
En otros países, una noticia así activaría de inmediato investigaciones formales, ruedas de prensa urgentes, pronunciamientos institucionales, debate nacional. Pero en Colombia ocurre algo extraño: cuando los escándalos tocan a ciertos sectores del poder, desaparecen del radar mediático con una rapidez sospechosa. No hay capturas, No hay allanamientos, No hay titulares de emergencia.
Solo silencio. Y el silencio también comunica. ¿Dónde están los guardianes de la democracia?
La pregunta de amplios sectores del país es directa: ¿dónde está la Fiscalía General de la Nación? ¿Dónde está la Registraduría Nacional del Estado Civil? ¿Dónde está la Procuraduría?
Porque aquí no hablamos de un contrato menor. Hablamos de un aspirante a la Presidencia de la República.

Cuando la aspiración al poder se cruza con conversaciones sobre contratos estatales, la democracia exige luz, no sombras. No es persecución política. Es control institucional. No es ataque personal. Es defensa del interés público.
El país ya no cree en las coincidencias. La ciudadanía ha visto demasiadas historias repetirse: poder económico acercándose al poder político, escándalos que se diluyen sin investigación y titulares que cambian de tema en cuestión de horas
Por eso la reacción del pueblo no es ingenua. Es una reacción aprendida. La gente siente que existen dos justicias: Una rápida para unos. Otra lenta o inexistente para otros. Y esa percepción es dinamita pura para la democracia.

El problema no es una persona. Es el mensaje. Si no hay investigación, el mensaje que recibe el país es devastador: que aspirar al poder puede blindar del escrutinio. Que las preguntas incómodas pueden ignorarse. Que los poderosos pueden pasar de largo sin responder.
Ese mensaje destruye la confianza pública. Y sin confianza, no hay democracia que resista.
El silencio institucional es complicidad política. La democracia no se destruye solo con fraudes. También se erosiona con silencios.
Cada día sin respuestas es un día en que crece la sospecha. Cada día sin investigación es un día en que se debilita la confianza. Cada día sin claridad es un día en que la democracia pierde terreno. El país no necesita propaganda. Necesita explicaciones.

La exigencia ciudadana es simple. Si las interceptaciones no existen, que se diga. Si existen, pero no tienen relevancia que se explique. Si existen y ameritan investigación que se investigue ya.
Lo único inaceptable es el mutismo. Porque cuando la justicia calla frente al poder, la democracia empieza a temblar.
Y Colombia ya no está dispuesta a temblar en silencio.



