POR CHRIS HEDGES

La arbitraria sanción impuesta por la administración Trump a Francesca Albanese, relatora especial de derechos humanos de las Naciones Unidas para los territorios ocupados de Palestina, ilustra el rotundo hundimiento del “derecho internacional”. El ataque contra Albanese presagia un mundo sin reglas, en el que Estados canallas como Estados Unidos e Israel, pueden cometer crímenes de guerra y genocidio sin rendir cuentas ni sufrir restricciones.

Cuando se escriba la historia del genocidio en Gaza, una de las defensoras más valientes y francas de la justicia y el respeto del derecho internacional será Francesca Albanese, la relatora especial de las Naciones Unidas, sancionada el pasado 10 de julio por el autócrata Gobierno de Trump. Su oficina tiene la tarea de supervisar e informar sobre las violaciones de los derechos humanos que Israel comete contra los palestinos.

Albanese, que recibe regularmente amenazas de muerte y soporta campañas de calumnias bien orquestadas dirigidas por Israel y sus aliados, busca valientemente que se rindan cuentas a quienes apoyan y sostienen el genocidio. Critica duramente lo que ella llama «la corrupción moral y política del mundo» que permite que el genocidio continúe.

Su oficina ha publicado informes detallados reportes que documentan los crímenes de guerra en Gaza y Cisjordania, uno de los cuales, titulado «Genocide as colonial erasure» («El genocidio como borrado colonial»), he incorporado como apéndice en mi último libro, «A Genocide Foretold» (Un genocidio anunciado).

Ha informado que varias empresas privadas son «penalmente responsables» por ayudar a Israel a llevar a cabo el genocidio en Gaza. Como retaliación y en solidaridad con Tel Aviv, el Gobierno inglés anunció el retiro de la Corte Penal Internacional (CPI) después de que esta emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por lo que los exprimeros ministros David Cameron y Rishi Sunak, podrían ser acusados penalmente en virtud del Estatuto de Roma.

Este Estatuto tipifica como delito a quienes tratan de impedir que se juzguen los crímenes de guerra, como ocurre con estos exlíderes británicos.

Además, Albanese ha señalado a los altos funcionarios de la Unión Europea (UE) que se enfrentan a cargos de complicidad en crímenes de guerra por su apoyo al genocidio, afirmando que sus acciones no pueden quedar impunes. Fue una defensora de la flotilla Madleen que intentó romper el bloqueo de Gaza y entregar ayuda humanitaria, y escribió que el barco interceptado por Israel no solo transportaba suministros, sino también un mensaje de humanidad.

Su último informe A/HRC/59/23 enumera 48 empresas e instituciones, entre las que se encuentran Palantir Technologies Inc., Lockheed Martin, Alphabet Inc. (Google), Amazon, International Business Machine Corporation (IBM), Caterpillar Inc., Microsoft Corporation y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), junto con bancos y empresas financieras como BlackRock, aseguradoras, empresas inmobiliarias que, en violación del derecho internacional, están ganando miles de millones con la ocupación y el genocidio de los palestinos.

El secretario de Estado Marco Rubio condenó su apoyo a la CPI, cuatro de cuyos jueces han sido sancionados por Estados Unidos por emitir órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant el año pasado. Criticó a Albanese por sus esfuerzos para enjuiciar a ciudadanos estadounidenses o israelíes que apoyan el genocidio, diciendo de manera insolente que no es apta para desempeñar el cargo de relatora especial.

Rubio también acusó a Albanese de «vomitar antisemitismo descarado, expresar su apoyo al terrorismo y mostrar un desprecio abierto hacia Estados Unidos, Israel y Occidente». Es muy probable que las sanciones impidan a Albanese viajar a Estados Unidos y congelen cualquier activo que pueda tener en el país.

El ataque contra Albanese pone al descubierto los subterfugios que EE.UU., Israel y algunos países de Occidente utilizan para tratar de engañar. Revela hipocresía, crueldad y racismo. A partir de ahora, nadie se tomará en serio los compromisos de estos países declarados con la democracia, la libertad de expresión, el Estado de derecho o los derechos humanos. ¿Y quién puede culparlos? Hablamos exclusivamente el lenguaje de la fuerza, el lenguaje de los brutos, el lenguaje de la matanza masiva, el lenguaje del genocidio.

«Los actos de asesinato, los asesinatos en masa, la tortura física y psicológica, la devastación, la creación de condiciones de vida que no permiten vivir a la población de Gaza, desde la destrucción de hospitales, el desplazamiento forzoso masivo y la falta de hogar, mientras la gente es bombardeada a diario y muere de hambre… ¿Cómo podemos interpretar estos actos de forma aislada?», preguntó Albanese en una entrevista que le hice cuando hablamos de su informe, «El genocidio como borrado colonial».

Los drones militarizados, los helicópteros artillados, los muros y barreras, los puestos de control, las bobinas de alambre de púas, las torres de vigilancia, los centros de detención, las deportaciones, la brutalidad y la tortura, la denegación de visados de entrada, la existencia de apartheid que conlleva la falta de documentos, la pérdida de los derechos individuales y la vigilancia electrónica son tan familiares para los migrantes desesperados que se encuentran en la frontera mexicana o que intentan entrar en Europa como lo son para los palestinos.

Esto es lo que les espera a aquellos a quienes Frantz Fanon llama «los condenados de la tierra». Los que defienden a los oprimidos, como Albanese, serán tratados como los oprimidos.