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No se puede seguir tratando como terroristas a los jóvenes que protestaron durante las jornadas del estallido social de los años 2019 y 2021. Muchos hoy enfrentan cargos injustos como concierto para delinquir, con pruebas débiles y vidas rotas. “Llegó el momento de reconocer el carácter político de la protesta, a quienes se excedan en el ejercicio de ella o en el derecho de la movilización”. Así se manifestó la senadora Clara López Obregón durante su intervención en la Audiencia Pública Voces judicializadas en el marco de la protesta social que se llevó a cabo el pasado jueves 22 de mayo en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional.

En desarrollo de su participación, la congresista López Obregón explicó que el exceso de las personas que participan en las movilizaciones motivadas por la protesta social debe quedar tipificado en el Código Penal como delito político. Además, dijo que tiene que aplicarse una justicia restaurativa y no punitiva. De esta manera, las conductas individuales tienen que ser amnistiables e indultables.

En ese sentido, explicó, “el trabajo social que tanto hace falta en este país debe ser una salida digna y no la cárcel”, como ahora acontece en el país.

La senadora López Obregón al analizar los hechos ocurridos en el denominado estallido social durante el Gobierno de Iván Duque señaló que los excesos y la desproporcionalidad del uso de la fuerza pública están ampliamente documentados, sin que haya sanciones por ello.

En contraste, la cantidad de personas que fueron judicializadas, muchas de las cuales pagan condena en varios centros penitenciarios del país, constituye un tema profundamente doloroso que afecta a la sociedad y a la formalidad de la institucionalidad colombiana, precisó la parlamentaria.

Expresó también que la desproporcionalidad con que se ha tratado la protesta social en el transcurso de la reciente historia del país es un rezago inaceptable de la Guerra Fría y es injustificable que aún persista la doctrina del enemigo interno, todo ello dirigido a castigar a los jóvenes para disuadirlos sobre sus ideas respecto de una sociedad mejor.

Asimismo, señaló que el uso exegético del Derecho Penal en Colombia ha sido el principal instrumento de represión social.

Puntualizó que es preciso avanzar en una concepción restaurativa de la pena para reemplazar una institución totalmente anticuada como la cárcel que está fuera de lugar en una sociedad que respeta los derechos humanos.

Estallido social: reflejo de un país en disputa

Durante la Audiencia Pública convocada por los congresistas que hacen parte de la coalición del Pacto Histórico se escucharon las voces de varios jóvenes procesados judicialmente que están pagando sus penas en diversas cárceles del país, así como personas perseguidas, estigmatizadas o perfiladas mediáticamente por haber participado de las jornadas de protesta del estallido social en 2019 y 2021.

También participaron funcionarios de instituciones del Gobierno nacional, quienes esbozaron los planes que ejecutan para atender los requerimientos de todos los detenidos en escenarios de protesta.

Actualmente, según las cifras oficiales expuestas en esta audiencia, se hallan aún 34 personas privadas de la libertad, luego de que 107 obtuvieron su libertad.

Por los hechos ocurridos en el estallido social la fuerza pública detuvo 10 mil personas en todo el país por el solo hecho de salir a protestar, la mayoría de las cuales fueron objeto de maltrato y lesiones por parte de los integrantes de la Policía. Adicionalmente, se registraron 80 homicidios y una gran cantidad de lesiones a los manifestantes.

La bancada del Pacto Histórico ha venido impulsando tres iniciativas de ley para encontrar salidas jurídicas que posibiliten la libertad de todos los jóvenes que se encuentran encarcelados por haber participado en las protestas de los años 2019 y 2021.

Por su parte, el Gobierno del presidente Gustavo Petro, ha buscado coadyuvar en la solución de esta problemática para que, como lo señaló la senadora López Obregón, la protesta social tenga un tratamiento político y no punitivo.

Los parlamentarios de la coalición del Pacto Histórico reconocieron que aún hay una deuda con todos los jóvenes afectados por el tratamiento represivo de parte del Estado colombiano y que es necesaria una reforma estructural de la Policía, con un enfoque en derechos humanos.

También está la crítica situación de varias personas que debieron buscar el exilio para sobrevivir a la persecución y amenazas durante el Gobierno Duque, a las que el Estado no ha dado ninguna respuesta.

El estallido social fue un fenómeno político que demostró un país en disputa: unas mayorías nacionales reclamando dignidad frente a una oligarquía gobernante satisfaciendo sus mezquinos intereses. Por ello, la bancada del Pacto Histórico proyecta presentar una causa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sustentada en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia que garantiza la manifestación pública y la expresión popular.