Por Juan Diego García
En algunos aspectos la lentitud en la aplicación de los acuerdos entre el gobierno y la guerrilla en Colombia resulta de las limitaciones que en tantos aspectos tiene la institucionalidad en este país; en otros casos, por el contrario, es simple falta de voluntad política. En efecto, el estado colombiano no es precisamente un ente de suficiente fortaleza, dotado de los recursos económicos indispensables, en disposición de un cuerpo de funcionarios adecuado y a salvo de los males que arrastran hoy en día todas las llamadas democracias representativas. Aquí el neoliberalismo ha ido muy lejos debilitando al máximo la esfera de lo público mientras se otorgan todos los privilegios al mercado (legal e ilegal); la debilidad del aparato civil de la Administración contrasta con la hipertrofia del cuerpo represivo y la limitación de los espacios para la protesta social es enorme. La naturaleza democrática del sistema resulta ilusoria o al menos extremadamente limitada.
Que Santos haya dado el paso de firmar la paz con las FARC-EP e inicie ahora un proceso similar con el ELN debe apuntarse como un mérito del mandatario y su equipo, que han conseguido convencer al bloque mayoritario de la clase dominante de la conveniencia de poner fin al conflicto armado y de renunciar a una estrategia de exterminio que no ha logrado doblegar a la oposición legal ni a la insurgencia armada. Sin embargo, Santos oscila entre el cumplimiento estricto de los acuerdos y la actitud tradicional de la clase dominante de asumir la paz como una simple rendición de los insurgentes, conservando intactas las estructuras del poder y de la propiedad. Esa ha sido la política oficial de los gobiernos en todos y cada uno de los procesos de paz anteriores y no es pequeña la tentación de continuarla. Solo que en esta ocasión el acuerdo afecta en cierta medida esas relaciones de poder mediante la reforma política y las relaciones de propiedad a través de la reforma agraria. Ni la una ni la otra satisfacen plenamente las aspiraciones históricas de insurrectos, opositores y campesinado pero abren sin duda espacios nada desdeñables y novedosos en un país de burguesía tan empecinada y violenta. Ambas partes ceden, seguramente como reflejo de un cierto empate en la correlación de fuerzas.
Un balance del cumplimiento de los acuerdos debe entonces estar presidido por estas consideraciones. Algunas medidas necesitan tiempo para tomar forma pues dependen de factores que no es posible forzar so pena de incurrir en cálculos equivocados. Cumplir a cabalidad y pronto no es fácil en un país que carece de recursos materiales suficientes, que no tiene un cuerpo de funcionarios debidamente preparado y en tantos sectores de la administración adverso a la paz y, en consecuencia, opuestos activamente a los acuerdos. Son problemas de suficiente dimensión como para no tomarlos en cuenta. La actitud paciente de las FARC-EP frente a los retrasos e incumplimientos oficiales responde seguramente a consideraciones de este tipo y acreditan de nuevo su responsabilidad. No debe extrañar que la imagen de la insurgencia haya mejorado entre algunos sectores de la opinión (sobre todo sectores urbanos) que solo conocieron sobre la guerrilla las versiones de la propaganda negra oficial.
Pero otro tipo de incumplimientos depende muy poco de la escasez de recursos o de las limitaciones relativas a la naturaleza misma de los procesos. Son incumplimientos que resultan de una falta evidente de voluntad política o al menos de temores del Ejecutivo frente a la acción intrépida de quienes en su seno y en la extrema derecha se oponen abiertamente a la paz acordada. En estas circunstancias Santos tiene que decidir si quiere pasar a la historia como el presidente que trajo la paz luego de medio siglo de guerra o quedar como un presidente más, arrastrado sin mayor pena ni gloria por la dinámica de los acontecimientos. Dos podrían ser medidas urgentes y posibles que Santos debería impulsar con determinación y que mejorarían las perspectivas del proceso: la aplicación efectiva de la ley de amnistía y el combate a fondo contra el paramilitarismo.
La ley de amnistía ya pasó por el parlamento y depende ahora tan solo de la voluntad de los jueces. Miles de guerrilleros, activistas sociales, opositores y hasta gente inocente acusada en su día de “simpatizantes de la guerrilla” esperan salir de las cárceles colombianas. Si los jueces actuales no cumplen a cabalidad con su deber de aplicar esta ley el Estado tiene armas muy efectivas para cambiar la situación. Podría por ejemplo promover con audacia el nombramiento de cientos de jueces nuevos dispuestos a aplicar la amnistía y vaciar las cárceles de opositores.
El paramilitarismo, por su parte, campa a sus anchas: asesina líderes sociales, desplaza poblaciones enteras, amenaza a quien apoya la paz y se pasea por todo el país sin que las autoridades lo impidan. ¿Para qué sirve el más de medio millón de efectivos con los que cuentan las fuerzas armadas? ¿Por qué las huestes paramilitares ocupan sin ninguna dificultad las zonas que abandonan los guerrilleros? ¿Cuál es en realidad el compromiso de las fuerzas armadas con el proceso de paz? El presidente y el vicepresidente –el general Naranjo- ¿cuentan realmente con la lealtad de los cuarteles? Se supone que sí, que cuentan con ella; entonces es más que nunca una cuestión de voluntad política del Ejecutivo y por tanto de la responsabilidad directa de Santos que lo antes posible se aplique la amnistía y que la mano firme del Estado consiga de inmediato al menos desarmar al paramilitarismo, impedir sus crímenes. Por supuesto, terminar con el paramilitarismo en la esfera económica, política y social es sin duda un objetivo a largo plazo que solo se hará efectivo cuando muchos de los acuerdos pactados con la insurgencia se puedan llevar a la práctica; pero desarmarlo de inmediato si es posible si existe voluntad política para lograrlo.
