EDITORIAL TSC /
Contrariando el espíritu garantista de la Constitución Política de 1991, se puso en marcha por parte de la Comisión de Regulaciones de Comunicaciones (CRC) la censura a la transmisión del video promocional con que el Gobierno del presidente Gustavo Petro, utilizando los espacios oficiales, invitaba a la ciudadanía a marchar este jueves 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajo, jornada en la que además se aprovechará para promover y respaldar la Consulta Popular convocada para aprobar la reforma laboral.
Es apenas obvio que tal decisión por demás arbitraria haya generado una ola de críticas y controversia. La marcha, organizada en respaldo a la Consulta Popular propuesta por el Gobierno del presidente Petro, representa un ejercicio democrático fundamental que busca involucrar a la ciudadanía en decisiones importantes para su desarrollo existencial en el corto y mediano plazos
Restricción a la libertad de expresión
El país está ante una restricción injustificada a la libertad de expresión y a la garantía de la movilización social, derechos consagrados en la Constitución Política. La capacidad de convocar y movilizar a la ciudadanía a través de medios de comunicación es esencial en cualquier sociedad democrática, y la censura de estos mensajes socava la participación ciudadana y el debate público.
El impedimento de la transmisión del video promocional también tiene fuertes implicaciones políticas. La marcha del 1 de Mayo es una fecha simbólica para los movimientos sociales y laborales, y el respaldo a la Consulta Popular es una cuestión de interés público. Al bloquear la difusión del video, la Comisión es percibida como un actor parcial que busca limitar el alcance y el impacto de esta movilización ciudadana.
La Consulta Popular propuesta por el presidente Petro tiene como objetivo permitir que los colombianos expresen su opinión sobre temas cruciales para el país. Este mecanismo democrático fomenta la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y fortalece la legitimidad de las políticas públicas. La marcha del 1 de mayo, por tanto, es una oportunidad para que los ciudadanos demuestren su apoyo a este proceso y reivindiquen su derecho a ser escuchados.
Es esencial que la CRC no se convierta en un organismo de control y censura, como la Santa Inquisición de aciagas épocas coloniales, sino que asuma su verdadero rol institucional por cuanto que acallar a un Gobierno democrático limitando la difusión de mensajes políticos y sociales no solo afectan la libertad de expresión, sino que también debilitan los principios democráticos sobre los cuales se fundamenta la nación.
En definitiva, la prohibición de la transmisión del video promocional para la marcha del 1 de mayo representa un precedente preocupante. Es imperativo que se protejan los derechos de la ciudadanía a expresarse libremente y a participar activamente en la vida democrática del país. Solo así se podrá construir una sociedad más justa, inclusiva y participativa.
