POR OMAR ROMERO DÍAZ /

En Colombia, la pregunta parece sencilla pero su respuesta es compleja: ¿por qué Estados Unidos se arroga el derecho de “certificar” o “descertificar” a los países que más combaten el narcotráfico? No se trata de una simple evaluación técnica. Es un mecanismo de presión política y geopolítica que premia la obediencia y castiga la autonomía.

Si Colombia combate de verdad al narcotráfico, ¿se tocan los bolsillos de quienes se han beneficiado históricamente de este negocio? En Estados Unidos, primer consumidor mundial de drogas, no vemos una “guerra interna” contra sus propias redes criminales ni una política efectiva para reducir la demanda. Sin embargo, sí vemos tropas en el Pacífico colombiano bajo el sofisma de combatir las drogas.

La pregunta es inevitable: ¿por qué militarizar aguas colombianas en lugar de desmantelar sus propios mercados?

La lógica se repite con Venezuela. ¿Por qué acusar y querer derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro? ¿Será porque no entrega sus recursos naturales, especialmente el petróleo? En paralelo, ¿por qué atacar una lancha y asesinar a sus tripulantes bajo acusaciones de narcotráfico sin una verificación plena, usando su poder militar? Todo esto contradice los Acuerdos de Viena y el derecho internacional, pero se normaliza como si EE.UU. tuviera un derecho natural de actuar por encima de la ley.

En Colombia, la contradicción adquiere rostro local. Alcaldes de Cali y Medellín viajan a Estados Unidos para “evitar la descertificación”. ¿En realidad viajan a defender al país o a debilitar al Gobierno del presidente Gustavo Petro? La ultraderecha, que hoy finge preocupación, ha tenido sus mayores nexos con el narcotráfico. No es un secreto que Álvaro Uribe Vélez y su entorno político cargan cuestionamientos históricos por paramilitarismo, corrupción y narcotráfico, mientras el Gobierno actual es el que más ha enfrentado a estas mafias.

Incluso hay informes que vinculan al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, con propiedades usadas por capos del cartel de Sinaloa. Así la pregunta se torna más profunda: ¿es la descertificación un instrumento para recuperar el poder perdido por la ultraderecha o para proteger la “mina de oro” del narcotráfico que les dio riqueza y poder?

Mientras tanto, Estados Unidos no desmantela la “junta internacional del narcotráfico”, no incluye en la lista al Clan del Golfo que conoce de sobra gracias a la DEA y la CIA. Su inacción sugiere complicidad, no ignorancia.

Por eso urge una conclusión clara: hay que apoyar al Gobierno del Cambio, rechazar la intromisión militar en América Latina y exigir el retiro de las bases militares extranjeras del territorio colombiano. Porque la pregunta final sigue abierta: ¿no estará saliendo droga también por esas bases, como ya lo sugieren antecedentes históricos?

Lo que empezó como preguntas simples termina revelando un patrón complejo: el narcotráfico no es solo un negocio criminal; es un instrumento de dominación geopolítica. Y romper esa cadena es un acto de soberanía, dignidad y defensa del interés colectivo.