POR CARLOS NORIEGA /

Delia Espinoza, investigó y acusó a la presidenta de facto Dina Boluarte y a su hermano, así como a ministros y congresistas.

Golpe a la raquítica institucionalidad democrática –lo que queda de ella- para instrumentalizar políticamente el sistema de justicia. El golpe propinado el pasado viernes 19 de septiembre ha sido impulsado por el cuestionado Gobierno de Dina Boluarte y sus aliados de extrema derecha que controlan el Congreso y la sostienen en el poder. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, que ha investigado y acusado a Boluarte, su hermano, ministros y congresistas, ha sido suspendida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) nombrada por la mayoría de derecha que controla el Congreso.

Un día antes de su suspensión la Fiscal General había denunciado penalmente al partido fujimorista Fuerza Popular (FP) por “conducta antidemocrática” y demandado ante el Poder Judicial que la agrupación política que encabeza Keiko Fujimori sea ilegalizada.

La acusación penal contra FP, que reivindica la dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000), está dividida en cuatro elementos acusatorios. El primero se refiere a los ataques, amenazas y hostilizaciones de dirigentes de FP contra los fiscales que han investigado y acusado a Keiko Fujimori por lavado de activos y organización criminal, contra magistrados del sistema electoral que no se han prestado a sus intereses y contra periodistas críticos del fujimorismo, que, de acuerdo con la Fiscalía, buscan promover “una campaña de persecución” y “atentados contra la integridad” de estas personas.

En el segundo punto se indica que FP funciona como una organización dictatorial en la que se arman operativos de represalia contra los militantes que tienen alguna opinión distinta a la voz de Keiko Fujimori. En tercer lugar, se cuestiona la narrativa fujimorista que niega las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000 y la justificación que hacen de matanzas en Lima como las de La Cantuta, Barrios Altos y otras, cometidas por el escuadrón de la muerte Colina que operaba bajo órdenes del Gobierno de Alberto Fujimori, y se le acusa de instrumentalizar su poder en el Congreso para dar leyes de impunidad para los violadores de derechos humanos, como la reciente ley de amnistía.

El cuarto aspecto de la acusación señala que FP legitima la violencia como método político, lo que, argumenta la Fiscalía, se expresa en la promoción de grupos violentistas que atacan a sus opositores. En este punto también se cuestiona el intento del fujimorismo de anular las elecciones de 2021 que ganó Pedro Castillo con una falsa denuncia de fraude electoral.

Si la denuncia de la Fiscalía prospera el fujimorismo no podría participar en las elecciones generales de 2026. La Corte Suprema tiene la decisión final en este asunto. El Gobierno de Boluarte salió rápidamente a defender a sus aliados fujimoristas y atacar a la Fiscal por esta denuncia. Una reveladora reacción.

Espinoza acusó al Gobierno de violar la autonomía de la Fiscalía y la neutralidad electoral. Esta acusación contra el partido fujimorista fue la última acción de Espinoza como jefa de la Fiscalía de la Nación.

De qué la acusan

La suspensión por seis meses de la Fiscal General fue decretada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Después de ese tiempo vendría la destitución definitiva. La JNJ, órgano que nombra y destituye fiscales y jueces, la acusa de haberse negado a cumplir una decisión de este organismo que en junio pasado repuso como fiscal de la Nación a Patricia Benavides, que había sido separada del cargo, por la anterior JNJ, en noviembre de 2023, por acusaciones de corrupción, que incluían la compra de votos en el Congreso a cambio de archivar expedientes acusatorios contra legisladores, la destitución de una fiscal que investigaba a su hermana jueza acusada de liberar narcotraficantes a cambio de coimas y el posterior archivamiento de esa acusación, entre otros cargos. Como fiscal de la Nación, Benavides fue funcional a los intereses de la mayoría parlamentaria de derecha.

Espinoza, con el apoyo de los otros fiscales supremos, se negó a reponer a Benavides como fiscal de la Nación, argumentando que la JNJ podía reponerla como fiscal suprema pero no está facultada para decidir quién ejerce el cargo de Fiscal de la Nación, lo que solo puede ser decidido por la Junta de Fiscales Supremos, por lo que, denunció, esa decisión era inconstitucional. Luego de una larga disputa, Benavides fue respuesta como fiscal suprema, pero no como Fiscal de la Nación, y Espinoza se mantuvo en el cargo.

La JNJ aceptó esa decisión, pero, con el aplauso del Gobierno y la mayoría parlamentaria, inició el proceso para destituir a Espinoza.

La sancionada Fiscal de la Nación venía siendo permanentemente atacada por el Gobierno y la derecha parlamentaria. Sus investigaciones a importantes personajes del poder, incluyendo a la cuestionada mandataria y su entorno más cercano, la pusieron en la mira. Espinoza, que asumió como Fiscal de la Nación en octubre de 2024, ha acusado ante el Congreso a Boluarte por la muerte de medio de centenar de personas durante las protestas contra su Gobierno y por varios casos de corrupción, pero la Presidenta ha tenido la protección de la mayoría parlamentaria. También investiga, por tráfico de influencias, organización criminal y otros cargos, al hermano de la mandataria, al jefe del gabinete ministerial, al Ministro de Justicia y varios funcionarios del Gobierno y congresistas. La Fiscalía ha acusado por lavado de activos y organización criminal a Keiko Fujimori.

Mafia judicial

La salida de Espinoza abre la puerta para que la coalición de derecha que gobierna, que tiene al fujimorismo en un rol clave, tome el control de la Fiscalía de la Nación. Espinoza debe ser reemplazada por un fiscal supremo interino hasta que la Junta de Fiscales Supremos convoque una elección entre sus miembros.

Con la salida de Espinoza y la reposición de Benavides y de otros dos fiscales supremos que habían sido separados acusados de formar parte de una mafia judicial ligada al fujimorismo –una de estas reposiciones ya se ha concretado y la otra está en marcha-, los fiscales supremos funcionales a la coalición de derecha que gobierna quedan bien posicionados para elegir al nuevo Fiscal de la Nación. Copar el sistema de justicia es un objetivo central para esta coalición en el poder -conocida como “coalición mafiosa”, con Dina Boluarte y Keiko Fujimori al frente-, para lograr impunidad en beneficio de sus miembros acusados de corrupción y otros cargos. Ya tienen el control del Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y la Defensoría del Pueblo, y ahora han dado un importante paso para copar la Fiscalía de la Nación.

Espinoza calificó su destitución como “ilegal e inconstitucional”. Denunció que luego que asumiera como Fiscal de la Nación desde el Gobierno le pidieron “ser amigable”, a lo que se negó.

“Comenzaron a ver los frutos de nuestro trabajo, denuncias constitucionales debidamente sustentadas, y nos insultaron y amenazaron. Comenzando por la presidenta de la República”, señaló. La suspendida Fiscal ha advertido que la Corte Suprema sería la próxima víctima del poder político que busca capturar todo el sistema de justicia.

El sábado 20 de septiembre, una movilización contra el Gobierno y el Congreso, con el grito de “abajo la dictadura”, rechazó el operativo de captura del sistema de justicia y electoral desde la derecha parlamentaria y el Gobierno. Se escuchó el respaldo a la sancionada fiscal Espinoza. La Policía reprimió con gases y golpes a los manifestantes en el centro de Lima.

Página/12, Buenos Aires.