POR MARÍA CONSUELO DEL RIO MANTILLA
Según la información oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, después del cierre de modificaciones, quedaron 3.144 candidatos inscritos para Senado y Cámara de Representantes. De ellos el 40 % de las candidaturas fueron mujeres y el 60 % hombres.
Normalmente la proporción de mujeres que finalmente resulta elegida suele ser menor. En el Congreso actual la representación femenina es aproximadamente del 29 % de las curules. Este porcentaje se incrementó levemente para 2026, pues fueron elegidas 32 mujeres para el Senado, de 102 curules, y 49 mujeres para la Cámara de Representantes de 164 curules disponibles, lo que significa un 32.4 %. Lo anterior implica que la participación en materia cuantitativa sigue bordeando apenas la exigencia de la ley de cuotas [1] que impone una obligatoriedad del 30 % de participación femenina en los altos niveles de administración del Estado sin que se evidencie el cumplimiento de la Ley 2424 de 2024 que estableció la paridad. Solo se dio cumplimiento a ella, en las listas del Pacto Histórico en las que se empleó el mecanismo de “listas cremallera” [2].
La jornada electoral del 8 de marzo de 2026 implicó una recomposición de las fuerzas partidistas: en el Día Internacional de la Mujer, el nuevo Congreso de la República no es solo un reflejo de la voluntad popular sino el escenario de una metamorfosis donde el género ha dejado de ser una “variable de inclusión” para convertirse en el eje gravitacional del poder.
Sin embargo, al margen de las cifras, subyace una realidad compleja. Colombia ha pasado de una subrepresentación crónica, al inicio de una paridad competitiva. Estamos ante el nacimiento de una legislatura donde las mujeres no solo ocupan un destacado espacio, sino que lo disputan desde orillas ideológicas irreconciliables.
El preconteo y las proyecciones de curules para el periodo 2026-2030 indican que la participación de las mujeres es más alta que en el pasado. Este crecimiento encuentra su explicación más sólida en la arquitectura electoral del Pacto Histórico, que blindó la participación femenina mediante listas cerradas encabezadas por figuras de peso nacional.
Al situar a mujeres como las caras visibles de su proyecto, el bloque progresista envió un mensaje de gobernanza. Cerca del 44 % de sus electos son mujeres, muchas de ellas provenientes de bases sociales y movimientos de víctimas, lo que dota a la izquierda de una legitimidad territorial que sus pares de otros partidos suelen negociar desde las estructuras tradicionales.
La fuerza de este nuevo Congreso reside en los nombres que lideraron la victoria, asumiendo la responsabilidad de materializar las reformas en un escenario de alta polarización.
Carolina Corcho (cabeza de lista al Senado): médica psiquiatra y exministra de Salud, encarna la defensa férrea de las reformas sociales. Su llegada al Capitolio como la voz más votada de la coalición no es solo técnica, sino un mandato político: representa la voluntad de transformar el modelo de bienestar social, respaldada por una base que ve en ella la garantía de que lo avanzado por el actual ejecutivo, se convierta en ley de la República.
Mafe Carrascal (cabeza de lista Cámara Bogotá): consolidada como una de las legisladoras más eficaces, Mafe fue pieza clave en el trámite de la Reforma Laboral. Su liderazgo en la lista de la capital validó una forma de hacer política basada en el activismo digital y la presencia en territorio, logrando una votación que arrastró curules claves para la gobernabilidad.
El relevo de Clara López: mención aparte merece la figura de Clara López Obregón. Tras su destacada labor como senadora y puente entre la izquierda y los sectores institucionales, Clara López decidió no aspirar nuevamente al Congreso para inscribirse como candidata a la Presidencia de la República. Su ausencia en el Capitolio dejará un enorme vacío de veteranía económica, pero su candidatura proyecta la intención de la coalición de mantener el poder ejecutivo, llevando sus banderas de justicia social y control territorial directamente a la Casa de Nariño.
Frente a este bloque, ha surgido la consolidación de las “baronesas electorales” de la derecha. Nadia Blel, hija del condenado por parapolítica Vicente Blel se erigió como la figura más votada del país, planteando una contradicción profunda para el feminismo político. Su ascenso no representa la llegada de las demandas de las mujeres a la toma de decisiones, sino la sofisticación de un modelo tradicional que utiliza el rostro de una mujer para blindar estructuras patriarcales y conservadoras. Su agenda legislativa y sus posturas políticas han sido sistemáticamente ajenas —y a menudo opuestas— a un enfoque de género interseccional. Mientras las bancadas progresistas luchan por la autonomía reproductiva y el reconocimiento de las diversidades, Blel ha mantenido una línea de “defensa de la familia tradicional”, alineándose con los sectores más confesionales de su partido.
La paradoja de 2026 es clara: mientras la izquierda institucionalizó la paridad a través de listas cerradas, la derecha la capitalizó mediante liderazgos individuales de impacto como el de Paloma Valencia.
Durante el cuatrienio 2022-2026, el género fue un eje transversal del Estado con hitos como el Ministerio de Igualdad. No obstante, el Congreso electo este 8 de marzo llega con una vocación de auditoría severa. Mientras las nuevas líderes del Pacto Histórico defenderán la permanencia de esta cartera, la oposición femenina cuestionará la eficiencia de la inversión.
Los retos legislativos se traducirán en tres ejes:
Autonomía reproductiva: con el crecimiento de sectores conservadores, el blindaje de la Interrupción Voluntaria del Embarazo IVE, será una batalla campal liderada por las mujeres del Pacto.
La Ley Integral Trans: una deuda histórica que seguramente enfrentará al Congreso, absolutamente necesaria como el verdadero termómetro de la paridad y que será liderada por las y los líderes progresistas, frente a posturas que seguramente se opondrán argumentando la supuesta “defensa de la niñez”, que es el pretexto de la derecha para oponerse a la verdadera igualdad de derechos.
A pesar del avance femenino, la representación de la población LGTBIQ+ sigue siendo el “eslabón débil”. Con menos del 1 % de representación directa, las diversidades sexuales enfrentarán un Congreso que conserva en alto porcentaje posturas más tradicionales. La Ley Integral Trans, que busca garantizar derechos básicos a esta población vulnerable, será la prueba de fuego para medir qué tan amplia es la “igualdad” que defiende el nuevo Legislativo.
Economía del cuidado: Este es, quizás, el punto donde podría haber mayor consenso, aunque con matices. El reconocimiento del trabajo no remunerado de las mujeres es una necesidad económica nacional. El reto del nuevo Congreso será transitar de un sistema basado en subsidios a uno basado en infraestructura y formalización laboral, una transición que demandará una finura técnica que pondrá a prueba a las nuevas comisiones económicas.
El éxito de las mujeres este 8 de marzo ha catapultado la representación femenina a un punto sin retorno. La decisión de líderes como Clara López de buscar la Presidencia confirma que el liderazgo femenino ya no se conforma con el Legislativo, sino que aspira al mando supremo.
Por otra parte, la consolidación en las urnas de figuras como Nadia Blel, Jota Pe Hernández y Alirio Barrera, representantes de lo peor del patriarcado, implica una contraofensiva coordinada contra el enfoque de género que, lejos de ser anecdótica, busca desmantelar los avances logrados en el último cuatrienio. Blel, desde la presidencia del conservatismo, ejerce una oposición técnica y silenciosa que instrumentaliza su identidad femenina para proteger privilegios de clase y estructuras tradicionales, vaciando de contenido la lucha por la paridad.
Por su parte, la estridencia y patanería de Jota Pe Hernández y el conservadurismo ignorante y elemental de Alirio Barrera operan como una tenaza populista que utiliza el miedo y la desinformación para estigmatizar la Ley Integral Trans y la autonomía reproductiva. Estos personajes no son solo opositores al gobierno de turno, son enemigos ideológicos de una visión del mundo donde el género deja de ser una herramienta de opresión, para convertirse en una categoría de libertad.
Este fenómeno evidencia que, a pesar del aumento histórico de curules femeninas y del liderazgo valiente de mujeres progresistas como Carolina Corcho y Mafe Carrascal, el patriarcado en Colombia posee una capacidad de mutación asombrosa. Subsiste un “patriarcado de urnas” que ha aprendido a hablar el lenguaje de la democracia y a reclutar a mujeres para su causa con el fin de mantener intacto el statu quo. La presencia de estas figuras en las comisiones constitucionales garantiza que cada debate sobre la IVE o los derechos de las diversidades sea una batalla campal, recordándonos que ocupar el espacio físico del Capitolio no es lo mismo que transformar el ejercicio del poder. El patriarcado ya no solo se viste de corbata, hoy se disfraza de “valores familiares” y de “defensa de la institucionalidad” para frenar la justicia social.
Combatir estos liderazgos requiere una estrategia que trascienda la indignación y se asiente en la pedagogía política y la unidad interseccional. La respuesta no debe ser solo el choque retórico en el Congreso, sino la movilización permanente que conecte las conquistas legislativas con la realidad de las regiones.
Desmontar el poder de personajes como Barrera o Hernández implica desenmascarar sus discursos de odio frente a una ciudadanía que exige soluciones reales, mientras que el liderazgo de Blel debe ser confrontado con un feminismo que le recuerde que la paridad sin justicia social es solo decoración burocrática.
La verdadera batalla se dará en la capacidad de las fuerzas progresistas para tejer alianzas con sectores independientes, asegurando que el Congreso de 2026 no sea el funeral de los derechos de género, sino el escenario donde el patriarcado, en todas sus formas, finalmente comience a retroceder.
El Congreso de 2026 es el que más representantes femeninas tiene en la historia de Colombia, pero también el más dividido respecto a lo qué significa ser mujer en la política. Estamos ante una legislatura que no solo hará leyes, sino que definirá el rumbo de la igualdad para la próxima década y será recordado como el lugar donde Colombia dejó de preguntarse si las mujeres podían gobernar, para debatir qué tipo de mujer queremos que nos guíe. La “paz política” en temas de género ha terminado; lo que viene es una batalla de ideas por el alma de la nación en la antesala de la elección presidencial.
Notas
[1] Ley 581 de 2000.
[2] En las listas se intercalan hombres y mujeres para garantizar la paridad.
Revista Sur, Bogotá.
