DIARIO RED /
Cuando un gobierno soberano asume sus reales competencias y fija políticas públicas para beneficiar a la gente y no a los grupos de presión, se pueden resolver y atacar problemas de fondo, incluido el narcotráfico, el lavado de activos y la lucha contra el crimen transnacional
Es obvio decir que EE.UU. no quiere, no desea, ni menos aún aspira contar con países o gobiernos “disidentes” con su política exterior. Pero no es tan obvio cuando uno de esos países o uno de esos gobiernos le han sustentado, durante décadas, la política antidrogas, con bases militares y con planes de largo aliento, sin ningún resultado favorable (por supuesto a sus intereses puntuales).
En América Latina, después de las experiencias de la Unasur y de la actuación más sostenida de CELAC, gran parte de las embajadas estadounidenses han concentrado su trabajo en someter a los gobiernos para tomar distancia de China, sustentar sus acciones diplomáticas en función de la agenda gringa, lavar la imagen de Israel y también para garantizar los negocios de las empresas norteamericanas, pero sobre todo para que toda la acción de seguridad se desarrolle con su armamento y el israelita, además del asesoramiento del Pentágono.
Hasta hace unos cuatro años atrás, Colombia era una pieza privilegiada para la política estadounidense en Sudamérica. Tras el plan Colombia, no solo que se mostró su fracaso en términos prácticos, sino que no significó nada trascendental para el objetivo central: acabar, disminuir o neutralizar el narcotráfico y el ingreso de cocaína a las principales ciudades de EE.UU. Por el contrario, desde 2016, tras la firma del acuerdo de paz con las FARC, el incremento de la producción y exportación de drogas se incrementó de tal manera que se entendió perfectamente quiénes eran los verdaderos productores y comerciantes de ese negocio.
Y, ahora, en la Presidencia de Gustavo Petro las cosas cambiaron, no solo por el incremento de la captura de más de mil toneladas de cocaína, sino porque se ha demostrado que cuando un gobierno soberano asume sus reales competencias y fija políticas públicas para beneficiar a la gente y no a los grupos de presión, se pueden resolver y atacar problemas de fondo, incluido el narcotráfico, el lavado de activos y la lucha contra el crimen transnacional. No solo eso: Colombia no se ha sometido a la política exterior de EE.UU. en las votaciones en la ONU, sobre la acción genocida de Israel en Gaza y en otros temas como el comercio internacional y el multilateralismo.
Eso, a personajes como Donald Trump, no les gusta. No acepta un solo centímetro de autonomía y soberanía. Trump y Marco Rubio quieren a gobiernos y presidentes como Javier Milei o Daniel Noboa. A ellos sí les puede decir lo que tienen y no tienen qué hacer. Y, por supuesto, ese “mal comportamiento” recibe su castigo.
Por primera vez en tres décadas, el gobierno estadounidense eliminó, en septiembre pasado, al país sudamericano de la lista de naciones que luchan contra el narcotráfico. Para ello citó intereses nacionales vitales de Washington: «El presidente de Estados Unidos (Donald Trump) ha determinado que el gobierno colombiano no ha conseguido cumplir sus obligaciones para el control de drogas, pero ha emitido una exención para que la cooperación crítica, incluyendo en antinarcóticos, continúe», expresó la cuenta del Departamento de Estado estadounidense en X.
Pero las cifras dicen todo lo contrario y sobran ejemplos. Tanto que en EE.UU. navegó la idea de que con ello más que combatir el narcotráfico, se lo quiere estimular con el afán de perjudicar la imagen de Petro, sobre todo a pocos meses del inicio del proceso electoral que reemplazaría al actual gobernante.
«Estados Unidos nos ‘descertifica’ después de decenas de muertes de policías, soldados, gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína», dijo Gustavo Petro durante un Consejo de Ministros. Y al reaccionar a la medida, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que Colombia suspendería la compra de armas a EE.UU.
No ha servido de nada el récord de incautaciones haya sido de 1.764 toneladas de cocaína durante la administración de Petro entre agosto de 2022 y noviembre de 2024.
¿Se entiende ahora por qué el objetivo se llama Colombia y no los países que hacen muy poco para combatir el narcotráfico como Ecuador, por solo citar un ejemplo? ¿Gustavo Petro es solo un presidente “mal comportado” o uno que asume su magistratura y autoridad sin pedir permiso a Washington?
Por supuesto, retirarle la visa a un presidente como Petro, usar al aparato mediático colombiano para generar desestabilización, intentar subvertir a las Fuerzas Armadas en contra de su Comandante en Jefe o usar recursos poco éticos como videos con Inteligencia Artificial para denigrar la imagen del mandatario sudamericano, solo da cuenta de una sostenida campaña para recuperar a Colombia como parte del “ejército” de países a su servicio.
