RESUMEN AGENCIAS /
Respondiendo a una carta publicada el pasado lunes 23 de marzo en la que varios académicos y economistas internacionales le solicitaron el retiro de Colombia del inicuo sistema de arbitraje internacional de inversión, el presidente Gustavo Petro respondió afirmativamente tras advertir que se trata de un modelo que pone en riesgo los $52 billones que tiene el país en el sistema de disputas.
La decisión del mandatario colombiano llega después de que más de 200 economistas y académicos de 24 países, entre ellos los reconocidos economistas Joseph Stiglitz y Thomas Piketty, le pidieran sacar al país de este régimen corporativo, que protege las inversiones del gran capital por fuera de los tribunales nacionales.
“Varios países ya han anunciado o han hecho su salida de ese tipo de arbitraje, entre esos Estados Unidos, no veo por qué Colombia no tenga que hacerlo”, afirmó Petro durante la presentación del informe sobre su modelo económico, organizado por el Centro de Pensamiento Vida que se realizó el pasado miércoles 25 de marzo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
En este evento académico, a cuatro meses del fin de su mandato, el presidente Petro advirtió de que Colombia corre el riesgo de perder 52 billones de pesos (unos 14.000 millones de dólares) en ese sistema de disputas, pues explicó que se trata de un modelo en el que usualmente ganan las empresas privadas contra los Estados.
“¿Por qué aceptamos firmar contratos en donde, si hay alguna disputa, es un centro privado de justicia en el país del contratista -me refiero a contratos internacionales- el que termina dirimiendo si el país tiene razón o no y, en general, perdemos?”, cuestionó en su intervención.
A su vez, criticó la “actitud genuflexa” por parte del Estado colombiano de “creer que no hay inversión extranjera en el país si no les damos todas las garantías”. Por eso, propuso la creación de un tribunal nacional que dirima este tipo de casos, con igualdad de garantías para ambas partes.
Los firmantes de la misiva que le dirigieron al mandatario colombiano señalan que el arbitraje de inversión, creado para que las multinacionales extranjeras puedan demandar a los Estados cuando consideran que una política pública afecta su rentabilidad, es asimétrica. Consideran que, mientras se protege a los inversionistas extranjeros, no existe un mismo mecanismo de protección para las empresas locales o los ciudadanos del país receptor.
El argumento central de la carta es que este sistema representa un obstáculo directo para la transición energética y la lucha contra el cambio climático, de acuerdo con las órdenes proferidas por el Tribunal Internacional de Justicia. Cuando los gobiernos adoptan medidas para reducir el uso de combustibles fósiles, advierten los académicos, quedan expuestos a demandas millonarias. Como ejemplo citan a Países Bajos, que enfrenta actualmente casos iniciados por ExxonMobil y Shell ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por el cierre del campo de gas de Groningen.
El llamado se enmarca en una tendencia global: países como Sudáfrica, India, Indonesia, Ecuador y Bolivia han denunciado acuerdos que lo incluían. Dentro de la Unión Europea (UE), los Estados miembros han terminado sus tratados bilaterales de inversión entre sí.
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) eliminó el arbitraje de inversión entre Washington y Ottawa y lo restringió en su relación con México.
