TSC /
El pasado miércoles 3 de diciembre de 2025 se radicó en el Congreso de la República el Proyecto de Ley 476 de 2025, denominado “Ley Jorge Pizano”, del cual es coautora la senadora Clara López Obregón.
Esta iniciativa responde a una necesidad urgente: dotar de mecanismos efectivos de protección a quienes, con valentía, denuncian actos de corrupción, así como a sus familias y allegados. La radicación de esta iniciativa se inscribe en un contexto donde la corrupción ha minado la confianza ciudadana y ha puesto en evidencia la insuficiencia de herramientas legales para resguardar la integridad de los denunciantes.
Contexto
Colombia enfrenta desde hace décadas un panorama complejo en materia de corrupción. A pesar de avances normativos, las cifras sobre procesos archivados y la baja proporción de sanciones efectivas evidencian la existencia de barreras para la denuncia y la protección de quienes se atreven a romper el silencio.
El temor a represalias, la ausencia de rutas claras de protección y la falta de garantías institucionales han generado un ambiente adverso para la lucha anticorrupción, subrayando la urgencia de iniciativas como la Ley Jorge Pizano.
Alcances del proyecto
El Proyecto de Ley 476 de 2025 tiene como objetivo principal establecer mecanismos sólidos para la protección integral de los derechos fundamentales de las personas que denuncian actos de corrupción, así como los de sus familiares y personas cercanas. Busca garantizar la seguridad, la integridad física y psicológica, y el acceso a la justicia de quienes deciden reportar hechos ilícitos, cerrando así una brecha histórica en la legislación colombiana.
La iniciativa es liderada en el órgano legislativo por las congresistas Clara López Obregón, María del Mar Pizarro y Catherine Juvinao, quienes, en conjunto con el Ministerio de Justicia, han impulsado una construcción participativa y técnica del articulado.
El respaldo de estas parlamentarias y del Gobierno Nacional dota al proyecto de un carácter multipartidista y de amplio consenso, aumentando sus posibilidades de éxito en el trámite legislativo.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC). Este sistema funcionará como una entidad especializada encargada de recibir, analizar y gestionar las solicitudes de protección presentadas por denunciantes y sus allegados.
El SUPRAC articulará acciones con entidades estatales y organizaciones de la sociedad civil para ofrecer medidas integrales, que van desde la protección física y el acompañamiento jurídico hasta el apoyo psicosocial.
Este sistema contempla también mecanismos de protección para terceros relacionados con los denunciantes, reconociendo la amplitud del riesgo que enfrentan quienes rodean a la persona denunciante. Entre las medidas previstas se encuentran reubicaciones temporales, resguardos de identidad, asistencia legal y atención prioritaria en situaciones de amenaza inminente.
De acuerdo con datos de organismos de control, en los últimos años, un alto porcentaje de los procesos por corrupción han sido archivados o no han concluido en sanciones efectivas. Esta realidad refleja tanto la complejidad de los casos como la falta de incentivos y garantías para la denuncia.
La existencia de denuncias que no prosperan refuerza la necesidad de un sistema de protección robusto, que permita incrementar el número de casos que llegan a término y se traducen en castigos ejemplarizantes.
El proyecto prevé la implementación de medidas de emergencia para situaciones en las que el denunciante o sus allegados enfrenten un riesgo alto e inminente. Estas acciones incluyen la activación inmediata de esquemas de protección, la articulación con las autoridades competentes para garantizar la seguridad, y la provisión de canales expeditos para la atención de denuncias urgentes. La flexibilidad y rapidez de respuesta son elementos clave para evitar daños irreparables y fomentar la confianza en el sistema.
La aprobación y puesta en marcha de la “Ley Jorge Pizano” promete fortalecer la capacidad del Estado para combatir la corrupción, proporcionando herramientas reales de protección y promoviendo la cultura de la denuncia. Se espera que la existencia de un marco legal robusto incentive a más ciudadanos a reportar actos ilícitos, disminuyendo la impunidad y elevando el estándar ético en la administración pública.
Además, la protección efectiva de los denunciantes contribuirá a restaurar la confianza ciudadana en las instituciones, demostrando el compromiso del Estado con la transparencia, la justicia y la defensa de los derechos fundamentales.
En el actual debate legislativo, las congresistas promotoras y el Ministerio de Justicia han hecho un llamado a todas las bancadas parlamentarias para respaldar de manera decidida esta importante iniciativa.
La aprobación de este proyecto de ley dependerá del compromiso conjunto de los distintos sectores políticos y del fortalecimiento de las capacidades institucionales.
A futuro, su aprobación puede marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción en Colombia, consolidando un país más seguro, justo y con altos estándares de transparencia.
