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Tierra, poder y denuncias penales: el pulso entre el Pacto Histórico y el Ministro de Agricultura que sacude los cimientos del Ejecutivo.

El pasado martes 27 de octubre, la plenaria del Senado de la República fue el escenario de un tenso y trascendental debate de control político citado por el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero.

Tierra, poder y expedientes

El senador Cepeda durante su intervención destapó la «contrarreforma agraria» y anuncia artillería penal contra el Gobierno de De la Espriella.

La plenaria del Senado tenía una agenda acotada: saber qué había hecho el Ministerio de Agricultura en 80 días. Terminó convertida en el acto de apertura de un juicio político en tres frentes —administrativo, penal y disciplinario— contra el corazón económico del Ejecutivo.

El senador y excandidato presidencial del Pacto Histórico llegó a la sesión con folios de matrícula inmobiliaria, escrituras, estados financieros, poderes notariales, grabaciones y sentencias. Con ese material acusó al ministro Indalecio Dangond de ejecutar una «contrarreforma agraria» diseñada, según dijo, para paralizar la restitución de tierras al campesinado y agilizar la devolución de predios confiscados a redes narcoparamilitares.

La sesión se extendió hasta altas horas de la noche y dejó tres hechos que reordenan el tablero:

Primero, la tesis central. Cepeda sostuvo que la cartera congela $1,4 billones destinados a comprar predios campesinos —con el argumento oficial de que en Colombia «sobra tierra»—, recorta el presupuesto del sector a la mitad, ordena borrar las palabras «campesino» y «campesinado» de la normatividad técnica y avanza en la derogatoria de un millón de hectáreas de protección alimentaria para abrir el suelo a monocultivos y minería.

«Este proyecto pretende eliminar al campesinado, bien sea borrando su identidad o tolerando la agresión contra los campesinos y campesinas», dijo.

Segundo, el mapa del poder. El senador ubicó el «engranaje operativo» de lo que llama captura institucional en el nombramiento de 14 funcionarios en puestos clave del sector agrario, con trayectorias previas en el bufete De La Espriella Lawyers o con vínculos con el propio Ministro. Denominó al modelo «narcorrentismo»: la alianza entre capital mafioso, propiedad de la tierra y violencia armada.

Sobre esa arquitectura presentó siete casos y diez hechos, entre ellos la finca Nueva Jerusalén (Cesar), la hacienda Polonia (La Mojana, con 60,9 hectáreas de ciénagas públicas cercadas), el pleito minero de la mina Walter (sur de Bolívar), la hacienda Simba (Sucre) y la hacienda La Corona (Urabá).

Tercero, el anuncio penal. Al cierre de su exposición, Cepeda formalizó un paquete de acciones pensales contra el presidente Abelardo de la Espriella, el ministro Dangond y una decena de funcionarios y particulares.

En medio del debate solicitó el uso de la palabra el senador de AICO, Jesús Omero Cuasapud, quien pidió al ministro Dangond respeto para los pueblos indígenas y campesinos y exigió culminar las formalizaciones pendientes «sin estigmatizaciones».

Cepeda cerró sentenciando que ni el Ministro de Agricultura ni las bancadas oficialistas de la ultraderecha respondieron a los cuestionamientos.

Dos modelos de país sobre el mismo suelo

El fondo del choque no es presupuestal sino civilizatorio. El Pacto Histórico defiende un modelo de redistribución con sujeto campesino: Zonas de Reserva Campesina, Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), subsidio integral de tierras, soberanía alimentaria. El Ejecutivo apuesta por gerencia agroindustrial: a partir de una concepción neoliberal más gerencia, ganadería regenerativa, cinco zonas francas agroindustriales, marco diferencial para la Orinoquia, crédito al 1 % mensual y dos viceministerios nuevos (pobreza rural y agroindustria).

Hay una tensión aritmética que el Gobierno no ha resuelto: promete 1,5 millones de hectáreas nuevas de siembra y simultáneamente deroga un millón de hectáreas de protección alimentaria. En un país con Gini de la tierra de 0,89 y con el 1 % de propietarios concentrando la mitad de las mejores tierras, el argumento de que «sobra tierra» solo es cierto si se acepta que sobra tierra en pocas manos.

«Narcorrentismo»

Cepeda no improvisó. Reutilizó, ahora desde el Senado, el expediente que ya había usado contra De la Espriella en la campaña presidencial de junio. El armazón conceptual —«narcoburguesía», FIPAZ, la «operación candado» en la Fiscalía de Mario Iguarán, la compra de la elección del Fiscal con $5.000 millones recolectados por ‘Macaco’— demuestra que el actual cuestionado Gobierno es la fase de cosecha de un entramado que empezó defendiendo a los jefes paramilitares y hoy administra el patrimonio que se les incautó.

El argumento más potente es de simetría temporal: los nombres que hoy presiden la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y Ecopetrol son los que hace dos décadas orbitaban el mismo pleito.

Acciones penales

 

El diseño procesal del anuncio del senador Cepeda de interponer acciones penales se caracteriza por ser técnicamente muy cuidadoso de lo que suele verse en estos debates de control político. casos: el congresista del Pacto Histórico escogió el foro según el sujeto, no según la conveniencia mediática. Eso importa, porque es la primera causa de muerte prematura de las denuncias contra altos funcionarios.

La imputación es por presunto concierto para delinquir con el ganadero condenado por narcotráfico Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, alias ‘Comandante Barbie’, más interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, prevaricato por omisión y falsedad ideológica (por su declaración inicial de bienes), con el lavado de activos como línea de investigación.

Cepeda acusó al ministro Dangond Baquero de fraude a resolución judicial (art. 454 C.P.) por cuanto hay un fallo de tutela del Juzgado 46 Laboral de Bogotá que ordenó al funcionario rectificar sus declaraciones sobre el campesinado. Si la orden se incumple o se cumple de forma aparente, la tipicidad se sostiene con relativa facilidad.

Otra de las acusaciones es interés indebido en la celebración de contratos (art. 409 C.P.): es el cargo más incómodo para el Ministro, porque se apoya en el poder notarial y las grabaciones publicadas por la Revista Raya, según las cuales Dangond habría actuado en secreto como apoderado de la Comercializadora El Tamaral —contraparte del Estado en el caso de la hacienda Simba— después de haber negado tajantemente el vínculo y llamado «mentirosos» a los congresistas en la Comisión Quinta. Un apoderamiento oculto frente a una decisión de su propia cartera tiene un perfil típico reconocible.

También Cepeda dijo que Dangond ha incurrido en supuesta falsedad ideológica, aplicada al caso de los baldíos de la empresa palmera de la familia del Ministro y a la no declaración de impedimento.

El paquete no se agota en el Ministro de Agricultura. Incluye queja disciplinaria ante la Procuraduría contra el propio Dangond y contra la Presidenta de la SAE, la Directora de la Unidad para las Víctimas, el Secretario General del despacho ministerial, la Superintendente Delegada de Notariado y la directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con un eje común: no declararse impedidas frente a bienes y procesos en los que tendrían interés.

El senador Cepeda remitirá todo el dossier a las autoridades de Estados Unidos y a congresistas demócratas, apoyado en que De la Espriella se naturalizó ciudadano estadounidense en febrero de 2023.

La gestión del congresista del Pacto Histórico abre tres puertas que la justicia colombiana no tiene: el escrutinio migratorio (si se ocultaron hechos materiales en la naturalización), el lavado de activos con alcance extraterritorial (el expediente de la corte federal de Tampa, donde el exsocio Daniel Peñarredonda aparece reseñado como «Coconspirador 1» junto a alias ‘Boliche’, es el anzuelo natural) y la presión política del Caucus Hispano y los comités de Relaciones Exteriores y Judicial.