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Desde su cuenta de Twitter, la senadora del Pacto Histórico, Clara López Obregón, alertó este martes 21 de noviembre sobre las maniobras de los partidos de la derecha para viabilizar la contrarreforma a la salud, cuyos alcances, como bien sustenta, sólo tienen el propósito de beneficiar los intereses de las denominadas Entidades Promotoras de Salud (EPS) que convirtieron este derecho fundamental en un sustancioso negocio en Colombia.

A continuación la pormenorizada explicación de la senadora López Obregón sobre los oscuros propósitos de la contrarreforma a la salud que a todas luces constituye una afectación negativa para los colombianos.

En medio del escándalo que han desatado las cuentas de la EPS Sanitas, el Centro Democrático y el partido Cambio Radical pretenden votar, de nuevo, la contrarreforma a la salud.

Hace unas semanas, ambos partidos unificaron dos proyectos (PLE 005 y 086) que tienen como único objetivo SABOTEAR el trámite de la reforma a la salud que se discute en la Cámara de Representantes. A continuación se pueden observar la similitud en los objetos:

Buscan modificar, por medio de un proyecto de ley estatutaria, la Ley 1751 de 2015, la estatutaria de salud, para cambiar por completo el espíritu de la ley al introducir la categoría de aseguramiento, que se introdujo como política pública integral en el 2016.

 

¿Qué se busca? Trasladar los conceptos de los seguros privados a la gestión de la salud pública, una tendencia que se ha explorado mucho en los Estados Unidos. En este sentido, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) deben funcionar como aseguradoras de la prima (UPC) que el Estado invierte en la salud.

¿Y cuál es el problema? El documento plantea que el aseguramiento ha funcionado bien, pero la realidad demuestra lo contrario. Si no es por las millones de tutelas que mostraron que este régimen era injusto, no hubiese habido ajustes importantes.

Las sentencias T-760 de 2008 y C-313 de 2014 muestran que el sistema de aseguramiento integra nociones que hicieron profundamente inequitativo su funcionamiento: medicamentos excluidos del POS, negación de servicios para aumentar ganancias, falta de acceso universal al sistema…

¡Y todos estos elementos, con este proyecto, se integran en la LEY ESTATUTARIA! Si llegara a aprobarse la contrarreforma, la política de gestión integral del riesgo en salud se elevaría a rango de Ley, lo que es contrario al espíritu de la Ley 1751/15.

Es un proyecto pensado para que las EPS se mantengan indefinidamente, con las inconveniencias que hoy presentan (falta de transparencia en las cuentas, negación de servicios, presunta corrupción). Proponen que les paguen más y mejor, eso sí, de acuerdo a lo que ellas consideren.

Plantean revivir el FOSYGA con otro nombre para disponer de recursos «[…] cuando esta pueda verse amenazada por la imposibilidad de pago de obligaciones por parte de las EPSs o prestadores de servicios como resultado de problemas financieros».

Y a propósito del escándalo sobre el nombramiento de gerentes de las ESE, es muchísimo más laxo que el artículo que se propuso en la Cámara de Representantes.

Además, plantea un piso mínimo para el salario de una parte del personal que trabaja en el sistema de salud, lo que resulta claramente insuficiente ante la grave crisis que han manifestado en el sector.

Es decir, se trata de modificar una Ley que ha resultado beneficiosa para la población para cambiar su espíritu e impedir que la Reforma a la Salud acabe con la intermediación financiera de las EPS en la prestación del derecho a la salud. Que todo cambie para que todo siga igual.

Y ante el difícil panorama, quedan grandes dudas. Cómo aseguró hace meses el presidente Gustavo Petro, las EPS han ido quebrando y han sido liquidadas por múltiples razones. Las que hoy quedan están en condiciones mucho mejores que sus antecesoras.

¿Qué podríamos hacer si en unos años quedan menos de 10 empresas a cargo de la garantía del derecho a la salud de todos los ciudadanos? Hoy tres EPS tienen el 32.45 % de los afiliados. Es un caso de captura del Estado en manos de conglomerados privados.

El dinero que gira la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) a las EPS, bajo dos modalidades (UPC y presupuestos máximos) es un recurso público, lo que no puede perderse de vista. No es posible mantener un sistema en el que sólo se pueden auditar con detalle las cuentas después de que estalle un escándalo.

Por lo anterior es justo que el país discuta sobre lo inconveniente que es el régimen de las EPS para garantizar el derecho a la salud. No nos llamemos a engaños: la contrarreforma es un proyecto inconveniente que no resuelve ningún problema del sistema de salud.