PERIÓDICO VIDA /
En la nueva edición del Periódico Vida, el órgano informativo y de opinión de la Presidencia de la República, dedicada a la jornada de movilización popular del pasado martes 18 de marzo en respaldo a la convocatoria de la consulta popular para lograr el desbloqueo de las reformas sociales hecha por el presidente Gustavo Petro, la senadora Clara López Obregón fue invitada a opinar sobre el tema.
En su columna periodística, la congresista al contextualizar el momento político de Colombia expresa que el llamado a “una consulta popular sobre la reforma laboral y la de la salud no solo legitima la voluntad del pueblo, sino que también obliga al Congreso y a las élites económicas a respetar el mandato ciudadano que abrió por primera vez en este siglo las riendas del gobierno a los sectores sociales tan largamente descuidados y mantenidos al margen de las decisiones sobre los asuntos que les conciernen”.
El texto del artículo es el siguiente:
¡Qué el pueblo decida!
POR CLARA LÓPEZ OBREGÓN
En democracia no es legítimo, así aleguen el reglamento, que un puñado de ocho senadores archiven sin discusión las reformas sociales, clave del programa de Gobierno ampliamente consensuadas y aprobadas por la Cámara de Representantes. Lo hicieron el año pasado por la reforma a la salud y la semana pasada con la reforma laboral. Con ello pretenden, pero les falló el cálculo, evitar una discusión pública de cara a la ciudadanía para esconder cómo perpetúan los privilegios de sus patrocinadores en contravía del reclamo de cambio que eligió al presidente de la República.
El trámite legislativo de las reformas sociales propuestas por el presidente Gustavo Petro ha sido utilizado por los sectores de oposición del Congreso para sabotearlas mediante un sistemático bloqueo institucional que evidencia un pulso entre el establishment y el Gobierno del Cambio, mediado por una polarización entre sectores populares y una casta política decadente que chocan entre sí como la circulación de los vientos en la atmósfera. Si bien el enfrentamiento de estas corrientes sociales, a través de la historia, es irreductible, también es superable en democracia mediante el veredicto de la ciudadanía en las urnas.
Una consulta popular sobre la reforma laboral y la de la salud no solo legitima la voluntad del pueblo, sino que también obliga al Congreso y a las élites económicas a respetar el mandato ciudadano que abrió por primera vez en este siglo las riendas del gobierno a los sectores sociales tan largamente descuidados y mantenidos al margen de las decisiones sobre los asuntos que les conciernen.
En un país como Colombia, cuyas clases dominantes históricamente han hecho prevalecer sus intereses sobre el bien común mediante acuerdos de cúpula como el antidemocrático Frente Nacional (1958-1974); el Pacto de Chicoral (1972) que enterró la posibilidad de reforma agraria; o los pactos criminales de colaboración y silencio con el paramilitarismo como los de Chivolo (2000), Ralito y Pivijay (2001) que involucraron alrededor de 500 dirigentes políticos tradicionales, la convocatoria a una consulta popular por parte del presidente Petro es una magnífica oportunidad para materializar la democracia directa a través del debate, la pedagogía ciudadana y la movilización social.
No obstante, el éxito de una consulta popular depende de la movilización ciudadana masiva y de una campaña pedagógica que informe a la población sobre el alcance y beneficios de las reformas. En un país donde la desinformación y la manipulación mediática juegan un papel clave en la opinión pública, es fundamental que de manera articulada sociedad civil, Gobierno Nacional y sectores progresistas impulsen el debate basado en la solidez argumentativa y la evidencia empírica.
La consulta popular, además, constituye un excelente mecanismo democrático para concienciar a los electores de que, si bien es importante tener Presidente progresista, también lo es contar con un Congreso que los represente consecuentemente. Fue lo que lograron las fuerzas progresistas en México con la elección de la sucesora de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, con las mayorías absolutas en las cámaras legislativas. Ahora, que el Senado no obstaculice la concreción de la consulta popular para que el pueblo sea quien decida.
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