LA JORNADA /
Gran parte del territorio boliviano, incluida la capital, se encuentra paralizado por las multitudinarias protestas y los cierres de caminos en exigencia de que el Gobierno ultraderechista de Rodrigo Paz Pereira derogue sus contrarreformas neoliberales y aborde la crisis del costo de la vida que golpea a la población. En las manifestaciones participan sindicatos, mineros, trabajadores del transporte y grupos rurales, algunos de los cuales exigen la renuncia del mandatario apenas seis meses después de que llegara al poder.
Debe recordarse que Paz Pereira heredó una situación política y económica crítica, con escasez de combustible, inflación de dos cifras, agotamiento de las reservas y caída de la actividad. Lamentablemente, en vez de enfrentar los problemas recibidos, el economista formado en Estados Unidos los agravó con una receta ortodoxa de terapia de shock, con la cual eliminó los subsidios a las gasolinas (un tema muy sensible en el país), legalizó que las élites agroindustriales se apropien de las tierras comunales, comenzó el desmantelamiento de empresas públicas estratégicas, integró al Gobierno a personajes de regímenes autoritarios del pasado y criminalizó la protesta.
Pese a que justificó el retiro de los subsidios con la necesidad de reducir el abultado déficit fiscal, al mismo tiempo recortó impuestos a los más ricos; es decir, a sí mismo, su familia y aliados.
Al sur, el presidente pinochetista José Antonio Kast perdió en dos meses de gestión la confianza ciudadana en casi todos los ámbitos. Cuando llegó al Palacio de la Moneda, seis de cada 10 chilenos creían en su promesa de recortar el gasto del Estado en 6 mil millones de dólares sin afectar derechos sociales. Después de que se filtrara el plan de su Ministro de Hacienda para prácticamente desaparecer el gasto social, sólo cuatro de cada 10 mantiene esa creencia.
En seguridad, el eje en torno al cual giró su campaña, 64 por ciento del electorado piensa que la administración carece de un plan. La crisis en este renglón ya precipitó la caída de la efímera ministra Trinidad Steinert. Ni siquiera hay expectativas de que cumpla con su amenaza xenófoba y totalitaria de expulsión inmediata de los 300 mil extranjeros que habitan en Chile de manera irregular: después de decir que los sacaría “con lo puesto”, ahora Kast afirma que sus amagos eran una metáfora.
Si bien hasta ahora Kast no encara nada semejante al repudio popular frontal de su vecino boliviano, la reforma fiscal que acaban de aprobarle los diputados y discutirán los senadores difícilmente le ayudará a recuperar la credibilidad dilapidada. Se trata de un conjunto de medidas tan regresivas que hasta el Fondo Monetario Internacional las rechaza: reduce el impuesto corporativo, permite a los ultrarricos deducir los pagos de sus empresas de sus impuestos personales, garantiza “invariabilidad tributaria” (es decir, impide la corrección del desastre creado) a las inversiones por más de 50 millones de dólares, abarata la repatriación de capitales producto de la evasión fiscal y suprime el tributo a los dueños mayores de 65 años de viviendas de alto costo.
El Gobierno de ultraderecha reconoce que este regalo al 0.001 por ciento más rico del país causará una caída de por lo menos 4 mil millones de dólares anuales en los ingresos tributarios. Si no se cumple el supuesto (que nunca se ha cumplido) de que recortar impuestos a los ricos duplique el crecimiento del producto interno bruto, el agujero será mayor y creciente. Todo esto, pese a que en campaña Kast y toda la derecha agitaron el espantajo del déficit fiscal como una crisis generada por su antecesor que requería un programa de “reconstrucción nacional”.
Los procesos que tienen lugar en Bolivia y Chile encierran una lección para los ciudadanos de todo el planeta: pese a medio siglo de propaganda tecnocrática y neoliberal acerca de la supuesta obsolescencia de las coordenadas derecha-izquierda, éstas todavía proveen la mejor guía para anticipar a los ganadores y perdedores de la aplicación de determinados programas de gobierno.
En los casos de Kast y Paz, sus discursos, sus antecedentes políticos, familiares y empresariales, sus oscuras amistades, sus aliados mediáticos y sus orígenes de clase hicieron muy transparente que gobernarían a favor de las oligarquías entreguistas, racistas, dictatoriales y violentas de las que son miembros destacados.
Ignorar la historia y abrazar el engaño de que problemas tan complejos como la desigualdad o la delincuencia se arreglan con esfuerzo personal y “mano dura” tiene consecuencias catastróficas que los pueblos de estas naciones andinas no han tardado en resentir.
La Jornada, México.
