EDITORIAL TSC /

La decisión del Gobierno de Colombia de suspender por tres años la denominada Regla Fiscal, apoyándose en la “cláusula de escape”, ha generado un debate vibrante en los círculos económicos y políticos del país. Esta herramienta, adoptada originalmente en Alemania y emulada por diversos países bajo el paradigma neoliberal, ha sido presentada como un mecanismo para garantizar la disciplina en las cuentas públicas, pero también como un corsé que limita el margen de maniobra de los gobiernos frente a situaciones excepcionales.

La Regla Fiscal surge en Europa, particularmente en Alemania, como respuesta a las recurrentes crisis de deuda y a la presión de los mercados financieros. Se trata de una normativa que impone límites estrictos al déficit y al endeudamiento público, buscando evitar desequilibrios macroeconómicos y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Sin embargo, sus críticos sostienen que esta regla responde más a las preferencias del sector financiero internacional—especialmente a los intereses especulativos—que a las necesidades de desarrollo social y productivo de los países.

La decisión de activar la “cláusula de escape” que permite suspender temporalmente la Regla Fiscal responde a circunstancias extraordinarias. En el contexto colombiano, factores como la desaceleración económica global, la volatilidad de los precios de las materias primas, el incremento de las necesidades sociales y el impacto de la coyuntura internacional justifican la necesidad de flexibilizar las restricciones fiscales para evitar un ajuste recesivo que pueda agravar la situación social.

Esta suspensión permite al Gobierno nacional ampliar el gasto público y sostener inversiones estratégicas, aún a costa de un déficit fiscal transitorio. El objetivo es preservar el crecimiento económico y atender demandas sociales urgentes, relegando temporalmente el cumplimiento estricto de las metas de déficit y deuda.

La reacción de las codiciosas agencias calificadoras como Moody’s y Standard & Poor’s ha sido predecible: rebajas en la calificación crediticia del país, acompañadas de advertencias sobre el posible deterioro de la sostenibilidad fiscal. Desde la perspectiva de estas firmas, que tradicionalmente actúan en sintonía con los intereses del capital global y los mercados especulativos, todo relajamiento de la disciplina fiscal es interpretado como una señal de riesgo.

Estas rebajas pueden encarecer temporalmente el acceso al financiamiento externo y presionar las tasas de interés domésticas. Sin embargo, cabe resaltar que las agencias de calificación han sido fuertemente criticadas por su rol en crisis anteriores y su visión cortoplacista, orientada a salvaguardar los intereses de grandes fondos de inversión y actores financieros internacionales.

Paradójicamente, mientras las calificadoras lanzan alertas y los corporativos medios de comunicación siguiendo instrucción de sus potentados dueños (como banqueros y especuladores financieros) insisten en el riesgo de una tormenta fiscal, otros actores clave del mercado han respondido de manera más pragmática. Destacan los casos del Fondo Soberano de Noruega, el Caisse de Dépôt du Québec y la Kuwait Investment Authority, que han incrementado sus posiciones en bonos colombianos.

Estos inversores institucionales, conocidos por su gestión profesional y su visión de largo plazo, no sólo han mantenido sino ampliado su confianza en la economía colombiana. Este respaldo es relevante: su análisis va más allá de las fluctuaciones coyunturales y pone en valor los fundamentos macroeconómicos del país, así como sus perspectivas estructurales de crecimiento y estabilidad. Su apuesta es una señal contundente de que la solvencia y el atractivo de Colombia trascienden la narrativa de riesgo que propagan determinados actores especulativos.

¿Cambio de paradigma?

La suspensión temporal de la Regla Fiscal no es un acto de irresponsabilidad, sino un ejercicio de pragmatismo y soberanía fiscal frente a circunstancias excepcionales. Si bien es cierto que existen desafíos y que el déficit fiscal debe ser gestionado con responsabilidad, la respuesta de los mercados muestra que la confianza en Colombia permanece sólida cuando hay visión estratégica y compromiso con la estabilidad a largo plazo.

El episodio evidencia la tensión entre la ortodoxia fiscal impuesta por intereses codiciosos internacionales y la necesidad de flexibilidad que exigen los contextos reales. El respaldo de grandes fondos soberanos demuestra que la economía colombiana posee fortalezas estructurales capaces de superar turbulencias pasajeras.

Más que una amenaza, la suspensión de la Regla puede abrir espacio para un debate renovado sobre el papel de la política fiscal al servicio del desarrollo nacional y no sólo de los dictados del capital especulativo internacional.