POR OMAR ROMERO DÍAZ /
Hay fechas que dividen la historia de un país. Y la condena en segunda instancia contra Santiago Uribe Vélez, hermano del cuestionado expresidente y jefe de la ultraderecha en Colombia, Álvaro Uribe, a más de 28 años de cárcel por conformar y liderar el grupo paramilitar de Los 12 Apóstoles es una de ellas.
No solo porque se hace justicia después de décadas de impunidad, sino porque toca el corazón de un poder que durante años se creyó intocable.
Esta sentencia no se puede minimizar ni esconder bajo el ruido mediático. No es un caso aislado, ni un error judicial, ni un capricho político: es la confirmación de algo que las víctimas denunciaron desde los años 90 y que el país, por miedo o conveniencia, no quiso escuchar.
Los 12 Apóstoles: el terror que nació con padrinos y uniforme
El norte del departamento de Antioquia conoció al grupo paramilitar Los 12 Apóstoles como un grupo de “limpieza social”, pero su verdadero nombre es otro: terrorismo paraestatal.
Ganaderos, comerciantes, policías, militares y hasta un sacerdote pusieron su grano de pólvora en una maquinaria asesina que dejó más de 500 muertos en el municipio antioqueño de Yarumal y sus alrededores.
Un cura que confesaba por la mañana y delataba por la tarde. Sicarios que bebían aguardiente mientras recibían listas negras. Funcionarios del Estado que miraban hacia otro lado, o peor, abrían la puerta. Y ahora la justicia confirma lo que siempre estuvo a la vista: Santiago Uribe era su promotor y jefe.
El poder que permitió la barbarie
La periodista Olga Behar lo dijo sin adornos: los años más violentos del grupo coinciden exactamente con los años en que Álvaro Uribe Vélez fue gobernador de Antioquia. Y eso en Colombia no significa poco.
Un gobernador no es un funcionario más: es quien controla la Policía, coordina con el Ejército, mueve burocracias, decide prioridades y define quién tiene respaldo político y quién no.
El salto de Santiago Uribe de ganadero poderoso a jefe paramilitar blindado coincide con el momento en que su hermano llegó al poder.
No hay necesidad de inventar: la cronología habla sola, y habla duro.
El paramilitarismo en Antioquia no creció porque sí. Creció porque tuvo padrinos, tuvo territorio, tuvo Estado detrás, y porque quienes se beneficiaban de su accionar se disfrazaron de “héroes”, “salvadores” y “estrategas de seguridad”.
La impunidad que se creyó eterna
Durante años, el país vivió bajo una especie de hechizo colectivo en el que cuestionar al uribismo era antipatriótico, que investigar los vínculos con el paramilitarismo era “ideología”, que pedir verdad era una amenaza para el orden público.
Mientras tanto, familias enteras buscaban a sus desaparecidos. Campesinos enterraban a sus hijos. Trabajadores eran asesinados por el simple delito de existir. Y Colombia seguía votando por quienes se presentaban como víctimas y salvadores, cuando en realidad muchos eran arquitectos de la violencia.
Pero la historia, tarde o temprano, pasa la cuenta. Hoy, con esta sentencia, la justicia envía un mensaje que retumba: sí se puede juzgar al poderoso. Sí se puede romper el muro de impunidad que durante décadas protegió a quienes utilizaron el Estado como escudo para la barbarie.
Esta condena no es solo contra Santiago Uribe. Es contra un sistema de privilegios, silencios y complicidades. Es contra la versión oficial que nos vendieron durante años.
Es contra el relato de “mano firme” que ocultaba fosas comunes. Es contra la supuesta y demagógica “seguridad democrática” que se alimentó de sangre campesina, sindical y popular.
Lo que viene: la verdad que ya no se puede esconder
Esta decisión abre un camino inevitable: el de la responsabilidad política y judicial de quienes tuvieron el poder mientras Los 12 Apóstoles crecían, operaban y exterminaban.
Porque si el hermano era el jefe operativo, ¿quién era el jefe político?
Si el grupo actuó con libertad total entre 1995 y 1997, ¿quién tenía el control del departamento?
Si el paramilitarismo escaló durante esa Gobernación, ¿quién debía frenarlo y no lo hizo?
La Corte Suprema de Justicia tiene ahora la tarea de responder estas preguntas cuando revise el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuya sombra aparece una y otra vez en los expedientes, en los testimonios y en la memoria viva de los territorios.
Que esta condena sea un despertar. Colombia no puede seguir viviendo entre el miedo y la amnesia. No puede seguir permitiendo que quienes incubaron la guerra se disfracen de víctimas.
No puede aceptar que un grupo paramilitar que asesinó a más de 500 personas sea tratado como un detalle, un error o una persecución política.
No. Ya no. Colombia está despertando. Y cuando un país despierta, ni la oligarquía, ni los clanes, ni los apellidos, ni las maquinarias pueden volver a enterrarlo en silencio.
La condena contra Santiago Uribe Vélez es una luz. Que sea la primera de muchas. Que ilumine a los que siguen. Que abra paso a la verdad completa.
Y que les recuerde a todos los poderosos que, aunque tarde, la justicia llega. Y cuando llega, retumba.
