AIDA /
El 3 de julio de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió su Opinión Consultiva OC-32/25 sobre la Emergencia Climática y Derechos Humanos marcando un hito histórico a nivel jurídico y político en la lucha global por la justicia climática. Se trata de la primera opinión consultiva emitida por un tribunal internacional que concluye que tanto los Estados como los actores no estatales –por ejemplo, las empresas– tienen obligaciones, derivadas del derecho internacional de los derechos humanos, de abordar las causas y consecuencias de la emergencia climática.
El libro ‘Justicia Climática y Derechos Humanos. Estándares y herramientas jurídicas de la Opinión Consultiva 32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos’ (AIDA, octubre de 2025), emerge como una contribución imprescindible en el debate contemporáneo sobre la protección ambiental y los derechos humanos en el contexto de la crisis climática. La obra analiza pormenorizadamente los alcances de la Opinión Consultiva 32/25, un pronunciamiento histórico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que redefine el alcance de las obligaciones estatales y de actores no estatales en la lucha contra el cambio climático.
El libro se estructura en torno a un análisis exhaustivo de la Opinión Consultiva 32/25, abordando sus antecedentes, fundamentos jurídicos y el desarrollo de estándares vinculantes para los Estados y actores privados. Entre los principales temas tratados, destaca la articulación entre justicia climática y derechos humanos, la identificación de obligaciones claras en materia de mitigación, adaptación y financiamiento climático, así como la inclusión de herramientas jurídicas innovadoras para la exigibilidad de estos derechos.
El texto examina también el papel de la participación pública, el acceso a la justicia ambiental y el enfoque diferenciado hacia comunidades vulnerables, enfatizando la transversalidad de la protección ambiental en el sistema interamericano de derechos humanos.
Uno de los aportes centrales del libro es el análisis crítico del alcance jurídico de la Opinión Consultiva 32/25. Se destaca cómo la Corte IDH establece, por primera vez, obligaciones precisas y urgentes para los Estados en materia climática, superando la tradicional discrecionalidad de las políticas ambientales. La Opinión sostiene que los Estados tienen el deber de adoptar medidas concretas y efectivas para prevenir daños ambientales que afecten los derechos humanos, incluyendo la obligación de regular y fiscalizar a empresas y otros actores no estatales cuyas actividades terminan afectando el equilibrio climático.
Además, el libro subraya la importancia de la responsabilidad extraterritorial, reconociendo que las emisiones y daños ambientales no conocen fronteras y exigiendo a los Estados actuar con la debida diligencia dentro y fuera de su territorio. Se resalta la exigibilidad judicial de estas obligaciones, lo que habilita a individuos y comunidades a demandar la protección de sus derechos ante tribunales nacionales e internacionales.
Desde una perspectiva medioambiental, el libro aporta una valoración positiva sobre el impacto potencial de la Opinión Consultiva 32/25 en la protección climática y los derechos humanos. Se reconoce que los estándares desarrollados constituyen un avance significativo en la integración de la justicia ambiental en el marco de los derechos humanos, promoviendo una protección reforzada para personas y comunidades especialmente expuestas a los riesgos climáticos.
El análisis evidencia cómo la Opinión Consultiva impulsa la adopción de políticas públicas más ambiciosas y coherentes con los compromisos internacionales en materia de cambio climático, incentivando la transición hacia modelos de desarrollo bajos en carbono y resilientes. Asimismo, se destaca la importancia de la participación ciudadana y el acceso a la información ambiental como pilares para una gobernanza climática transparente y efectiva.
El aporte editorial examina con detalle la influencia inmediata y potencial de la Opinión Consultiva 32/25 en la práctica judicial y la elaboración de políticas públicas. En el ámbito de los litigios, se observa cómo los estándares fijados por la Corte IDH están siendo utilizados como marco de referencia en demandas climáticas presentadas ante tribunales nacionales e internacionales, fortaleciendo la argumentación jurídica de quienes buscan responsabilizar a Estados y empresas por la inacción o insuficiencia de medidas frente a la emergencia climática.
En cuanto a la formulación de legislación, la obra subraya que la Opinión Consultiva ofrece criterios claros para la adopción de leyes y políticas consistentes con la protección de los derechos humanos frente al cambio climático, orientando a los legisladores en la incorporación de estándares de prevención, precaución y reparación efectiva. Se enfatiza el potencial transformador de la Opinión Consultiva en la consolidación de un derecho climático regional con proyección global.
Esta es una obra de referencia para comprender la trascendencia histórica de la Opinión Consultiva 32/25, tanto por su rigor analítico como por su enfoque propositivo. El libro demuestra que la decisión de la Corte IDH marca un antes y un después en la protección de los derechos humanos ante la crisis climática, al establecer obligaciones jurídicas claras, exigibles y con efectos directos sobre políticas, legislación y litigios. Su impacto se proyecta más allá del ámbito interamericano, inspirando procesos de transformación jurídica en otras regiones y consolidando la justicia climática como un componente esencial del derecho internacional de los derechos humanos.
En suma, la obra invita a una reflexión crítica y a la acción colectiva para enfrentar, desde el derecho, los desafíos urgentes de la emergencia climática.
Acceso al libro
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