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El pasado lunes 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia, el presidente saliente Gustavo Petro Urrego convirtió la conmemoración patria en una doble escena de balance político: primero, ante la ciudadanía reunida en el sur de Bogotá, en el entorno del centro comercial Gran Plaza El Ensueño, después del tradicional desfile militar; luego, al instalar el nuevo Congreso de la República para el periodo 2026-2030. En ambos discursos, el mandatario buscó fijar una interpretación de su legado: la de un Gobierno que logró que el centro de la política económica se enfocará hacia la reducción de la pobreza, la dignificación del trabajo, la ampliación de derechos sociales y una relación distinta entre Estado, Fuerza Pública y ciudadanía.
Una despedida en dos escenarios: pueblo y Congreso
La primera alocución tuvo un fuerte contenido simbólico. Petro eligió hablar desde el sur popular de Bogotá, no desde la Plaza de Bolívar ni desde un recinto cerrado del poder institucional. Esa decisión escenográfica reforzó uno de los ejes de su trayectoria: la apelación directa al pueblo como sujeto político y como fuente de legitimidad democrática.
La despedida pública, realizada después del desfile militar, le permitió unir tres registros: la memoria de la Independencia, la autoridad presidencial sobre la Fuerza Pública y la narrativa de las reformas sociales como elemento clave de igualdad republicana.
La segunda intervención, ante el Congreso, trasladó el balance al terreno institucional. Allí Petro rindió cuentas frente a un Legislativo renovado y políticamente reconfigurado, en vísperas de la transición presidencial del 7 de agosto. El mandatario usó esa última comparecencia para defender sus resultados en disminución de la pobreza, fortalecimiento de la economía, seguridad, salud y educación, así como para reivindicar sus reformas sociales frente al Gobierno entrante y las bancadas que buscarán modificarlas o desmontarlas.
La Fuerza Pública como campo de disputa democrática
Uno de los pasajes centrales de la primera alocución fue la afirmación de que su Gobierno “le devolvió la dignidad a la Fuerza Pública”. La frase condensa una operación política compleja: disputar el monopolio conservador del discurso de orden y seguridad, pero sin renunciar a una crítica histórica de los abusos cometidos contra la protesta social. Al pedir a soldados y policías “nunca apuntar sus armas contra el pueblo”, Petro situó a la Fuerza Pública dentro de un mandato constitucional y bolivariano: defender la soberanía y la vida, no actuar como instrumento de represión interna.
En términos socioeconómicos, el argumento más concreto fue salarial. Petro sostuvo que soldados y policías pasaron de remuneraciones cercanas a 300.000 pesos a un “salario vital” de alrededor de 2 millones de pesos, y el hecho de que 17.000 patrulleras y patrulleros fueron ascendidos a subintendentes tras años de rezago. Este énfasis buscó presentar la dignificación de la Fuerza Pública no como retórica, sino como política redistributiva aplicada a los rangos de base. Políticamente, el mensaje intentó separar a los uniformados rasos de las élites doctrinarias o institucionales que históricamente han definido la seguridad desde arriba.
También resultó significativo que el mandatario asociara el crecimiento del pie de fuerza, la disminución de agresiones del Esmad contra la protesta social y el aumento voluntario de jóvenes interesados en prestar servicio militar. En esa combinación hay una tesis de fondo: la legitimidad de la seguridad no depende solo de capacidad coercitiva, sino de confianza social, condiciones laborales y subordinación de la fuerza armada al orden constitucional.
El núcleo socioeconómico: pobreza, empleo y salario
El centro del balance presidencial fue la reducción de la pobreza monetaria. Petro afirmó que recibió el país con niveles entre 37 % y 38 %, y que, según reportes del DANE, la pobreza descendió a 28 % en datos oficiales de 2025 y a una medición preliminar cercana al 25 % hacia el cierre de su mandato. La magnitud política del dato es evidente: una reducción de 11 o 12 puntos porcentuales equivale a aproximadamente cuatro millones y medio de personas que salieron de la pobreza monetaria.
Más allá de la precisión estadística, el discurso articuló una concepción económica clara: el objetivo de la política económica no es solo el crecimiento agregado, sino el mejoramiento del empleo, el ingreso popular y la reducción de la pobreza.
Al decir que “el objetivo de una política económica” es una “vida buena”, Petro reinscribió el debate macroeconómico en un lenguaje moral y social. No se limitó a presentar indicadores: buscó cambiar el criterio con el cual se juzga la eficiencia de un gobierno.
El aumento sostenido del salario mínimo, la mejora de ingresos laborales, la ampliación de la cobertura educativa y la expansión de programas sociales fueron presentados como piezas de un mismo modelo. La tesis presidencial sostiene que elevar ingresos populares no necesariamente destruye empleo ni dispara inflación si existe capacidad productiva y si el Estado orienta la economía hacia la demanda interna.
Alcance histórico del primer Gobierno de izquierda
Históricamente, estos discursos se inscriben en el cierre del primer Gobierno nacional de izquierda elegido por voto popular en Colombia. Esa condición les da una densidad mayor que la de un simple informe administrativo. Petro habló como presidente saliente, pero también como fundador de una tradición de gobierno que aspira a sobrevivir fuera del Ejecutivo.
En el Congreso, al reivindicar su trayectoria parlamentaria, la Constitución de 1991, el legado del M-19 y la promesa de una democracia social, situó su mandato dentro de una continuidad histórica: de la paz pactada a la transformación institucional.
El alcance histórico, sin embargo, no está cerrado. Todo balance presidencial es también una batalla por la memoria. Petro quiso dejar fijada una interpretación: gobernó para los pobres, elevó salarios, redujo desigualdad, dignificó a la Fuerza Pública, amplió educación y defendió la vida.
Despedida, oposición y transición
Los discursos del 20 de julio también marcaron el paso de Petro del poder presidencial a la jefatura política de una oposición social y parlamentaria. La jornada ocurrió en un contexto de instalación de nuevas mayorías legislativas y de preparación del Gobierno entrante. Por eso, el balance no fue únicamente retrospectivo: fue una advertencia sobre el futuro de las reformas.
Al defender la reducción de la pobreza como resultado de un “nuevo pensamiento económico”, Petro elevó el significante de su legado al haber logrado materializar sus políticas laborales, educativas, sociales y de seguridad humana frente a los costos sociales del malhadado modelo neoliberal que infortunadamente para las mayorías colombianas está de regreso.
En esa clave, la despedida tuvo un tono de herencia histórica. No fue un cierre silencioso, sino una transferencia de legitimidad hacia sus bases políticas. Al hablar en Ciudad Bolívar y luego en el Capitolio, Petro articuló la calle y la institución, dos escenarios que han definido su liderazgo. La primera escena movilizó afectos, símbolos y pertenencia popular; la segunda buscó dejar constancia institucional de resultados y argumentos para la controversia legislativa que vendrá.
Marca social y política
El principal mérito político de los discursos fue ordenar el legado alrededor de una idea comprensible: un gobierno debe medirse por su capacidad de mejorar la vida material de las mayorías. En un país atravesado por desigualdad, informalidad y violencia, esa afirmación tiene fuerza histórica.
Es evidente que las cifras en materia de pobreza, salarios y cobertura educativa se pueden constatar, razón por la que el Gobierno Petro deja una indeleble marca social y política difícil de desconocer.
