RESUMEN INFORMATIVO /
Desde Bogotá, representantes de 30 países reunidos en el marco de la Conferencia de Emergencia sobre Palestina del Grupo de La Haya acordaron seis medidas urgentes para frenar el genocidio en Palestina y exigir justicia ante los crímenes cometidos por Israel.
A esta cumbre asistió, Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, quien habló sobre su más reciente informe (que expuso hace dos semanas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU) y en el que se reporta la grave crisis humanitaria que vive el pueblo palestino especialmente en la Franja de Gaza, , mientras varias algunas empresas transnacionales se beneficia económicamente del genocidio.
Durante el evento, la relatora expresó que, frente a crímenes de lesa humanidad como los que se están cometiendo en territorio palestino ocupado, es necesario «construir un nuevo orden mundial multilateral, que hoy debe ser liderado por países del mundo de la mayoría global (…) un país como Colombia, siguiendo el camino abierto por Sudáfrica, al iniciar el histórico proceso ante la Corte de Justicia Internacional contra Israel por Genocidio».
Durante la clausura de la Conferencia de Emergencia sobre Palestina, celebrada en Bogotá entre el 15 y el 16 de julio, y en la que intervino el presidente de la República, Gustavo Petro, los representantes de Bolivia, Cuba, Indonesia, Irak, Libia, Malasia, Namibia, Nicaragua, Omán, Sudáfrica, San Vicente y las Granadinas y otros Estados firmaron una declaración conjunta en la que condenan las acciones de Israel en los territorios palestinos ocupados calificándolas como «genocidas», contrarias al derecho internacional, y se comprometieron a implementar medidas jurídicas y diplomáticas para frenarlas.
La declaración fue adoptada bajo la coordinación del Grupo de La Haya y contó con el respaldo de la Cancillería colombiana y el Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica.
Las seis medidas
El documento establece seis medidas concretas, que los Estados firmantes se comprometen a adoptar en sus marcos legales nacionales antes del 20 de septiembre de 2025:
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Prohibir la provisión o transferencia de armas, municiones y equipo militar a Israel, incluyendo artículos de uso dual que puedan facilitar crímenes de guerra o de lesa humanidad.
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Negar el tránsito, atraque y servicios portuarios a embarcaciones con destino a Israel que transporten equipo militar, incluso si provienen de terceros países, asegurando el cumplimiento del derecho internacional.
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Impedir el transporte de armamento hacia Israel en buques que enarbolen sus banderas nacionales, garantizando el respeto de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS).
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Revisar urgentemente los contratos públicos para evitar que fondos estatales o instituciones públicas apoyen directa o indirectamente la ocupación israelí del territorio palestino.
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Fortalecer los sistemas judiciales nacionales e internacionales para garantizar la rendición de cuentas en casos de crímenes internacionales cometidos en el territorio ocupado.
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Apoyar el principio de jurisdicción universal, permitiendo investigar y juzgar crímenes internacionales cometidos en Palestina, sin importar la nacionalidad de los responsables.
La declaración reafirma la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia del 19 de julio de 2024, que califica como ilegales las políticas y prácticas israelíes en los territorios ocupados.
Además, exige una investigación urgente sobre la situación sanitaria en Gaza y la creación de un plan para responder a las necesidades nutricionales de su población, el cual deberá presentarse en la 80ª sesión de la Asamblea General de la ONU.
El documento finaliza con un llamado a todos los Estados miembros de Naciones Unidas a cumplir con sus obligaciones legales internacionales y contribuir a poner fin a la ocupación israelí. Se enfatiza también que la República de Irak y el Estado de Libia no reconocen al Estado de Israel.
