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En la sesión de la Comisión Primera del Senado del pasado martes 9 de septiembre se hundió el proyecto que pretendía convocar un referendo constitucional para lograr la transferencia de la propiedad exclusiva, por parte de los departamentos y el Distrito Capital, de los impuestos de renta a personas naturales, empresas y el patrimonio, iniciativa que fue presentada por el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón.

Dicha iniciativa llegó al Congreso tras la recolección de cuatro millones de firmas que fue financiada por contratista de la Gobernación de Antioquia, Juan Carlos Restrepo Ángel, quien aportó 45 millones de pesos de los cerca de 450 millones que costo ese ejercicio ciudadano.

Restrepo Ángel fue condenado en 2015 por falsificar documentos para favorecer un negocio de Mauricio Galofre Amín, integrante del grupo Nule.

Además de Restrepo, el condenado, el comité del referendo recibió aportes de otro contratista público de Antioquia y de empresas ligadas al uribista Centro Democrático.

Los promotores del proyecto buscaron evitar su archivo, pero cuando se sometió la ponencia positiva en la Comisión Primera del Senado fue derrotada 8-7. Es decir, se negó.

La senadora Clara López Obregón celebró que se haya negado el proyecto impulsando ese referendo, por cuanto de haber sido aprobado, dijo, “habría desfinanciado por completo al Estado colombiano. Sólo se hubieran beneficiado las áreas metropolitanas de Bogotá y el Valle de Aburrá”.

Agregó que entre otros problemas que hubiera ocasionado habría sido su implementación jurídica. “Es una buena noticia para el país que esta iniciativa no haya prosperado”, puntualizó.

En efecto, el referendo que se pretendía convocar por el uribismo antioqueño buscaba que los departamentos pasaran a recaudar los impuestos de renta y patrimonio. Y Antioquia sería el más beneficiado. Sin embargo, la iniciativa tenía cuestionamientos de tanques de pensamiento, académicos y economistas, que advertían que terminaría en detrimento de los departamentos más pobres.

Es de resaltar que las senadoras uribistas Paloma Valencia y María Fernanda Cabal se ausentaron de la votación. Esos dos votos fueron importantes para que se hundiera definitivamente la iniciativa.