RESUMEN INFORMATIVO /
En un hecho que ha generado amplio debate nacional e internacional, la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Ana Caterina Heyck Puyana, presentó una denuncia ante la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, para que adelante la extinción de dominio sobre bienes de las empresas Drummond y Glencore que operan en Colombia por presuntos vínculos con el genocidio en la Franja de Gaza.
En efecto, la denuncia se basa en el informe “De la economía de ocupación a la economía del genocidio”, elaborado por la relatora de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Palestina, Francesca Albanese. En el documento se mencionan dos empresas exportadoras de carbón con personería jurídica y sedes en Colombia: Drummond LTD Colombia y Glencore Colombia.
En su condición de ciudadana colombiana y no como magistrada de la JEP, Heyck Puyana solicitó la incautación de bienes pertenecientes a personas o empresas consideradas “beneficiadas con el genocidio palestino”. Esta medida afecta especialmente a estas dos empresas que son señaladas de contribuir a la economía de Israel, país acusado por algunos sectores de estar directamente vinculado con crímenes de lesa humanidad contra la población palestina.
Contexto de la solicitud
La petición de incautación surge en el marco del escrutinio internacional sobre las relaciones comerciales y financieras entre diferentes países y el Estado de Israel. La magistrada fundamenta su solicitud en la idea de que las ganancias derivadas de actividades económicas que, directa o indirectamente, respalden acciones consideradas genocidas por parte de organismos internacionales, no pueden tener cabida en la economía colombiana. La decisión busca sentar un precedente sobre la responsabilidad ética y jurídica de las empresas en la cadena global de valor, especialmente cuando se relacionan con contextos de violaciones a derechos humanos.
Según la información divulgada, las mencionadas empresas asentadas en Colombia sostienen vínculos comerciales con entidades israelíes, lo que, a juicio de la magistrada Heyck Puyana, las vincularía con la economía de un Estado señalado por presuntos crímenes contra el pueblo palestino.
La solicitud de incautación de sus activos plantea interrogantes sobre la debida diligencia y la responsabilidad social empresarial en el contexto internacional.
Las empresas afectadas podrían enfrentar procesos legales y la paralización de sus operaciones, además de un daño reputacional significativo. Este caso también reabre el debate sobre la participación de empresas en escenarios de conflictos armados y violaciones a los derechos humanos, así como el alcance de la justicia transicional en Colombia para abordar situaciones que trascienden el ámbito nacional.
La sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y actores políticos han expresado opiniones encontradas. Mientras algunos sectores celebran la decisión como un avance en la lucha contra la impunidad internacional, otros advierten sobre los riesgos de aplicar sanciones económicas basadas en interpretaciones controvertidas del derecho internacional y de los hechos en el conflicto palestino-israelí.
El caso representa un hito en el debate sobre la responsabilidad económica y social de las empresas en contextos de conflicto y violaciones a los derechos humanos. La denuncia de la magistrada de la JEP en su condición de ciudadana podría marcar un precedente relevante para futuras acciones judiciales y para el diseño de políticas públicas orientadas a un comercio internacional responsable y alineado con los principios de derechos humanos.
