ÁGORA COLOMBIA /
En un hecho que pone en evidencia la grave omisión institucional y la complicidad registral, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) informó que logró recuperar la Isla Gigi, en las Islas del Rosario y San Bernardo (Cartagena), que durante más de 20 años permaneció “oculta” para el Estado bajo la denominación equivocada de Isla Kalúa.
Según la SAE, el inmueble estaba vinculado a procesos de extinción de dominio por narcotráfico y estructuras paramilitares, en los que figuran los hermanos alias ‘Los Mellizos’, Víctor Manuel y Miguel Ángel Mejía Múnera. El predio había sido usufructuado ilegalmente con fines turísticos de lujo, y su recuperación se gestionó tras visitas técnicas, caracterización y solicitud de salida voluntaria de ocupantes irregulares.
Lo que revela el caso
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Que bienes de alto valor ligados al crimen organizado han permanecido años fuera del control estatal, gracias a errores registrales o denominaciones ficticias.
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Que la recuperación fue posible solo ahora, con voluntad política y acción administrativa decidida, lo que cuestiona por qué antes no se habrían tomado medidas semejantes.
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Que la isla, reconocida por sus playas privadas y uso turístico de lujo, fue administrada ilegalmente durante décadas, sin que funcionarios detectaran los vínculos criminales.
La SAE señaló que, con esta recuperación, la isla pasará a ser administrada por el Estado a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), con la intención de que el activo deje de engrosar el poder económico del crimen y se destine a fines sociales.
Lo que queda pendiente
Transparencia total sobre quiénes ocuparon el predio durante estos años y bajo qué mecanismos legales o ilegales lo hicieron.
Que se investigue si hubo colusión de funcionarios de Registro de Instrumentos Públicos, catastro o entidades territoriales que facilitaron el ocultamiento.
Que las comunidades locales, académicos y organizaciones sociales puedan acceder al expediente completo para garantizar control social.
Que el predio no vuelva a caer en maniobras de privatización o concesiones turbias disfrazadas de proyectos turísticos.
