POR OMAR ROMERO DÍAZ /
Que nunca más el Estado sea verdugo de su propio pueblo.
Han pasado décadas para que el Estado colombiano mirara a los ojos de sus víctimas y dijera, con voz temblorosa pero firme: “Perdón”. No un perdón cualquiera, sino el reconocimiento histórico de un crimen que durante años se negó, se ocultó y se justificó con el discurso falaz de la “seguridad”. Hoy, bajo el Gobierno del Cambio, el presidente Gustavo Petro pidió perdón en nombre del Estado por el genocidio político de la Unión Patriótica (UP). Y ese acto, más que un gesto simbólico, es una sacudida moral que debería retumbar en la conciencia de todos los colombianos.
Porque lo que se hizo contra la Unión Patriótica no fue una simple persecución política. Fue una masacre planificada, sistemática y cobarde. Miles de hombres y mujeres fueron asesinados, desaparecidos, desplazados o torturados por atreverse a creer que otra Colombia era posible. Campesinos, maestros, concejales, alcaldes, senadores, sindicalistas, líderes sociales… todos fueron borrados de la vida pública por pensar diferente.
Y detrás de cada bala, de cada desaparición, hubo algo más que un gatillo: hubo la complicidad del Estado. Eso lo confirmó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó a Colombia por violar los derechos más esenciales de la dignidad humana. Se violó el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad, a la justicia, a la honra y al pensamiento. Se torturó, se amenazó, se desplazó, se silenció. Se condenó al olvido a quienes soñaban con un país más justo.
Hoy, el presidente Petro no habló solo como jefe de Estado. Habló como víctima, como sobreviviente, como ciudadano que también sintió el filo del odio y la persecución. Dijo: “A nombre de ese Estado que no está aquí, y del que está aquí, le pido perdón a la Unión Patriótica, porque este Estado fue corresponsable del genocidio político”.
Ese perdón no borra el dolor, pero sí marca un antes y un después. Porque por primera vez, un Presidente no justificó, no se excusó, no culpó a otros. Asumió. Y en esa asunción hay una esperanza: la de un Estado que quiere dejar de ser verdugo para ser garante de la vida.
Pero cuidado: el perdón sin memoria se convierte en hipocresía. Que este acto realizado en Santa Marta el pasado domingo 9 de noviembre no quede reducido a una ceremonia, a un titular o a un discurso. Porque la historia de Colombia tiene la peligrosa costumbre de repetir sus tragedias cuando la gente olvida.
Hoy, más que nunca, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que la política vuelva a ser sentencia de muerte? ¿Toleraremos que el Estado, en nombre del orden, vuelva a justificar la barbarie? ¿Callaremos mientras se siembra odio para cosechar impunidad?
El genocidio de la Unión Patriótica no es una historia lejana. Es una advertencia viva. Y cada colombiano tiene una responsabilidad con esa memoria. No se trata de izquierda o derecha; se trata de humanidad. De no volver a permitir que las ideas se apaguen a balazos, ni que la democracia se ahogue en sangre.
Que este perdón se grabe en la memoria nacional como una promesa: nunca más un Estado contra su pueblo. Nunca más un fusil contra una idea. Nunca más el silencio como política.
La historia se redime solo cuando el pueblo aprende. Que las nuevas generaciones recuerden que hubo un tiempo en que pensar distinto era mortal, y que hoy, gracias a quienes no se rindieron, Colombia empieza a respirar verdad.
Que el eco de este perdón retumbe en la mente de los colombianos como un juramento colectivo:
¡Nunca más!
