POR MARIANA MAZZUCATO
Para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París sobre el clima, lo fundamental es si la financiación permite cumplir los compromisos adquiridos. Esto implica fortalecer la capacidad estatal para traducir los planes nacionales de desarrollo sostenible en resultados tangibles.
El llamamiento de Bill Gates a las Naciones Unidas para que cambien su enfoque de la acción climática, pasando de centrarse en los objetivos de temperatura a las vacunas, demuestra una mala interpretación del desafío al que nos enfrentamos. Las inversiones en mitigación del cambio climático y desarrollo no son prioridades contrapuestas. Al contrario, dado que la Organización Mundial de la Salud prevé que el cambio climático causará aproximadamente 250.000 muertes adicionales al año entre 2030 y 2050, la acción climática es también una acción sanitaria.
Todos los asistentes a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) en Belém deberían tener presente esta reflexión. Gates tiene razón al afirmar que debemos ofrecer soluciones reales y, como ha dejado claro el Gobierno brasileño, el objetivo de esta COP de soluciones es cerrar la brecha entre las declaraciones y la acción, lo que exigirá una asignación eficaz de los escasos recursos. No se trata de elegir entre clima y salud, sino de tomarnos en serio nuestros objetivos.
El progreso en la COP30 dista mucho de estar garantizado. El Reino Unido acaba de retirar su financiación para el proyecto de Fondo para los Bosques Tropicales para Siempre, cuya adopción formal estaba prevista para este mes. Para colmo, la Unión Europea ha debilitado su objetivo de descarbonización para 2040 al permitir que los países compren créditos de carbono extranjeros en lugar de reducir sus emisiones nacionales. Mientras tanto, 3300 millones de personas viven en países que gastan más en intereses que en salud, lo que implica que están renunciando a inversiones en resiliencia climática.
Diez años después de la COP21 en París, el mundo no carece de objetivos ni de compromisos declarados. Lo que falta, en cambio, es la capacidad de lograr un progreso rápido, justo y duradero. Desde la sostenibilidad de la deuda y el cambio climático hasta la búsqueda del crecimiento inclusivo, el denominador común de nuestros mayores desafíos es la incapacidad de las instituciones públicas para convertir los compromisos en resultados tangibles.
En consecuencia, nos encontramos en un punto muerto. Reducir la deuda mientras se socava el crecimiento impulsado por la inversión no logrará la sostenibilidad de la deuda, sino que agravará la crisis climática. Al fin y al cabo, la crisis de la deuda es también una crisis de inversión: sin inversión, la capacidad productiva de los países no aumenta, lo que los hace más dependientes de la ayuda exterior precisamente cuando esta se está agotando.
Para volver a la normalidad, necesitamos urgentemente una nueva arquitectura financiera que proporcione el margen político y fiscal necesario para respaldar la implementación y fortalecer la capacidad estatal. Si bien el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se están reinventando para el siglo XXI, deben acelerar su ritmo para adaptarse a las limitaciones relacionadas con el carbono y los persistentes déficits de desarrollo. En este ámbito, la ambición ha superado a la ejecución: abundan las promesas, pero la gobernanza y las finanzas públicas siguen siendo obstáculos.
Además, los países deben comprometerse a invertir en su capacidad para administrar e implementar las estrategias industriales y financieras que tanto se necesitan para situar las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN) en el centro del desarrollo económico, por ejemplo, integrando los objetivos climáticos en las estrategias industriales verdes y las políticas financieras sostenibles. Esta semana, en la COP30, presentaré una forma de utilizar las plataformas nacionales con mayor eficacia. Más allá de ser una simple herramienta para reducir el riesgo del sector privado, las plataformas nacionales deben utilizarse de manera que la política climática gubernamental logre un impacto mayor que la suma de sus partes.
Como argumento en un nuevo informe, «Capacidad y competencias estatales para un mundo verde justo», junto con Esther Dweck, ministra de Gestión e Innovación en los Servicios Públicos de Brasil, los gobiernos deben invertir en su propia capacidad. Esto implica garantizar que todas las herramientas —incluidas las políticas de contratación pública, la infraestructura pública digital y el diseño de las empresas estatales— sean adecuadas para su propósito. Desarrollar capacidades estatales dinámicas significa invertir en laboratorios de políticas, aprender mediante la práctica y reducir la dependencia de consultores externos. El sistema de pagos Pix de Brasil y el Registro Ambiental Rural demuestran lo que se puede lograr cuando los gobiernos invierten en la recopilación de datos, los sistemas y las habilidades necesarias para convertir los planes en resultados.
La mayoría de los países en desarrollo necesitan apoyo adicional para fortalecer estas capacidades y cumplir sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), y una nueva arquitectura financiera debería respaldar ese objetivo. Las inversiones en el fortalecimiento de la capacidad estatal deben considerarse entre las formas más eficaces de política climática. Cuando se diseñan como centros de implementación orientados a la misión, las plataformas nacionales pueden alinear los instrumentos públicos con objetivos claros, logrando la colaboración entre empresas estatales, bancos públicos de desarrollo y agencias de adquisiciones estratégicas.
Gates tiene razón al afirmar que los objetivos de temperatura por sí solos no son la mejor medida del bienestar humano. Sin embargo, se equivoca al rechazar medidas climáticas audaces que prioricen la mitigación ambiciosa sobre la adaptación pasiva. En consonancia con el llamado de Brasil a que esta COP se centre en soluciones, la financiación climática debe destinarse a lo que realmente importa: fortalecer la capacidad estatal necesaria para implementar estrategias industriales verdes que armonicen la descarbonización con el desarrollo, la salud, el empleo y la resiliencia.
Project Syndicate
