JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ /

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) encontró que el ataque sistemático por parte de las fuerzas de seguridad del Estado colombiano tuvo la intención deliberada de destruir al partido político la Unión Patriótica (UP). Por eso calificó el hecho global como genocidio contra esta colectividad política, conforme al artículo 101 del Código Penal colombiano.

En consecuencia, decidió renombrar el Caso 06 como “Genocidio contra el partido político Unión Patriótica”.

La Sala también calificó los hechos como crímenes de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de exterminio, deportación, traslado forzoso de población y otros actos inhumanos.

La JEP determinó que este genocidio dejó al menos 8.924 víctimas, de las cuales 5.729 fueron asesinadas o desaparecidas y 3.200 fueron víctimas de atentados, desplazamientos forzados, exilio, tortura, detención arbitraria, judicialización infundada y violencia sexual.

El ataque genocida le apuntó a todos los niveles de la organización política, resultando en el asesinato de militantes de base, así como dirigentes nacionales y regionales, incluyendo dos candidatos a la Presidencia de la República, 6 parlamentarios, 17 alcaldes y 165 concejales. Muchas de las víctimas eran además líderes sociales.

La investigación de la JEP confirmó judicialmente lo que ya habían advertido la Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica: la estigmatización de la UP como supuesto “brazo político de las FARC-EP» fue el primer mecanismo del ataque genocida.

Los crímenes contra la UP se extendieron por todo el país, pero el 70 % se concentró donde la UP alcanzó su mayor éxito electoral: en Urabá, Meta, Magdalena Medio y, en menor medida, en el Nordeste antioqueño, Sumapaz (Cundinamarca), Sur de Tolima, Sarare (Arauca), y en Bogotá y Medellín.

El caso de Apartadó, en 1996, ilustra el patrón macrocriminal a nivel nacional: la destrucción del partido político UP por parte de miembros del Ejército Nacional en asociación con grupos paramilitares. El genocidio en Urabá fue resultado de una política contrainsurgente que entendió que la derrota militar de las extintas FARC-EP requería la destrucción del partido político de la UP. Apartadó, capital del Urabá antioqueño, concentró 1 de cada 4 víctimas fatales registradas a nivel nacional, en 1996.

Por concebir e implementar una política contrainsurgente que entendió que la derrota militar de la guerrilla de las FARC-EP implicaba necesariamente la destrucción del partido político de la Unión Patriótica (UP), la JEP)imputó como máximos responsables del crimen de genocidio a título de coautores, al mayor general (r) Iván Ramírez Quintero, al brigadier general (r) Rito Alejo del Río Rojas y a los tenientes coroneles (r) Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez.

La investigación de la JEP dio cuenta de que, mientras la UP era estigmatizada, también fue segregada, pues sus miembros quedaron totalmente abandonados e indefensos ante la negativa de garantizarles protección por parte del mando de la Brigada XVII, con el apoyo de la Primera División.

La investigación reveló que mandos militares ignoraron a propósito las denuncias públicas sobre la operación de los paramilitares en connivencia con miembros de la fuerza pública para la destrucción del grupo político. La sala concluyó que esta política facilitó la consolidación de grupos paramilitares en la región de Urabá y generó las condiciones para que los principales perpetradores materiales actuaran libremente y con impunidad.