POR MILLER DUSSÁN CALDERÓN /
El pasado viernes 13 de febrero se realizó una reunión en Bogotá, en la sede de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), durante la cual representantes de las organizaciones Asoquimbo, Tierra Digna y la Fundación El Curíbano, accionantes contra la transnacional italiana ENEL, hicieron algunos aportes respecto a los términos de referencia sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en cuanto a la modificación de la licencia ambiental del Proyecto Central Hidroeléctrica El Quimbo, en el sur del departamento del Huila, ordenada por el Consejo de Estado en agosto de 2024.
Durante la intervención de Asoquimbo se denunció que la transnacional Enel, una vez conocida la decisión del Consejo de Estado, se anticipó a convocar el 15 de mayo de 2025 en Garzón, Huila, a la Población Residente No Propietaria (RNP) con el propósito de “brindar información de gran importancia sobre el alcance y propuesta de modificación de la Licencia Ambiental”, contra la decisión del Consejo de Estado que ordenó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) adelantar el procedimiento de modificación de dicha licencia.
En esta oportunidad y burlándose de la sentencia del Consejo de Estado que determinó que “la cantidad de tierras a compensar fue insuficiente (5.200 has.) y que no se basó este número en estudios técnicos pertinentes para evaluar la gravedad del impacto en la cadena productiva que se produjo en la región del Huila”, la transnacional ENEL con el respaldo de los alcaldes de los seis municipios afectados por la inundación y engañando de nuevo a las víctimas las obligaron a firmar “un ajuste” según el cual la empresa “asume el costo de compensar hasta por una única vez la suma de 85 millones a cada uno de los 427 beneficiarios por medio de una fiducia de pagos con una duración máxima de dos años con la implementación de 11 alternativas”.
La anterior propuesta, con la variación del valor a compensar, corresponde a la generada por la expedición del Auto No. 11844 (30 de diciembre de 2022) mediante el cual la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA declaró procedente evaluar la “modificación-ajuste No. 003 al Documento de Cooperación” que busca cambiar la obligación que tiene ENEL Colombia de adecuar 2.700 hectáreas con distrito de riego por gravedad, a cambio de la entrega de cuarenta y dos millones quinientos mil pesos a 427 personas censadas por la compañía como residentes no propietarios que desconoce que la «esencia de la obligación es restituir la actividad productiva que se perdió en el área de influencia directa del proyecto y que fue estimada, en su momento, por la Secretaría de Agricultura del Huila en una pérdida de 25.569 toneladas anuales de productos agrícolas, equivalentes a más de 32 mil millones de pesos». Sin embargo, la ANLA negó, mediante la Resolución 2100 del 12 de septiembre de 2023, la solicitud de Enel para modificar la licencia ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, específicamente la obligación de adecuar 2.700 hectáreas de tierra para compensación. Esta decisión ratificó la exigencia de cumplimiento de las obligaciones ambientales originales.
Cabe destacar que a partir del 2013 ENEL (Emgesa), con la permisividad de la ANLA, de manera engañosa y fraudulenta presionó a 422 personas de un total de 426 beneficiarias para que a través de la firma de un documento renunciaran a su derecho a tierras a cambio de una suma entre 25 y 28 millones de pesos que denominaron “capital semilla”, bajo el supuesto de que no hay disponibilidad de tierras en la región, contra toda evidencia, como los informes de la Comisión Técnica de la Comisión Nacional de Seguimiento al Quimbo (2019), según la cual “existe un área potencial de 17.718,95 hectáreas, ubicadas dentro de los seis municipios de influencia del proyecto y por lo menos 4 proyectos de captación de agua para los distritos de riego por gravedad”.
Durante la reunión del 13 de febrero se invitó a los alcaldes presentes a someterse a la decisión del Consejo de Estado y a los Términos de Referencia específicos para el complemento del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en la modificación de la licencia del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, debido a que es su obligación defender el patrimonio económico de sus municipios que sería gravemente afectado al someterse a las presiones de ENEL contra la sentencia proferida por el máximo tribunal de la jurisdicción contencioso-administrativa en Colombia.
