DIARIO RED /
Como en los tiempos del tenebroso y asesino Plan Cóndor de la década de los años 70 del siglo pasado y de las estrategias diseñadas en la llamada Escuela de las Américas, para combatir la “amenaza comunista”, sin recelo alguno ahora declaran los halcones del Pentágono que se trata de una alianza histórica frente a las “nuevas amenazas”.
Las palabras del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en la reunión los jefes militares de 34 países de América Latina y el Caribe, dejan en claro que para Donald Trump ya no solo cuenta la disputa comercial global, sino “la disuasión frente a actores criminales y amenazas transnacionales” que, según recalcó, ya operan en la región, sin nombrar un caso, una persona, una organización o un país en concreto.
En el evento realizado el pasado 11 de febrero de 2026 en Washington (para variar) también se discutieron operaciones militares, control fronterizo e inteligencia compartida, con la conducción política del general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. Como en los tiempos del Plan Cóndor y de las estrategias diseñadas en la llamada Escuela de las Américas, para combatir la “amenaza comunista”, sin recelo alguno ahora desde Washington declaran que se trata de una alianza histórica frente a las “nuevas amenazas”.
No olvidemos que esa Escuela de las Américas, operada por el Ejército de los Estados Unidos, fundada en 1946 en Panamá, entrenó más de 80 mil militares latinoamericanos en técnicas de guerra y contrainsurgencia, muchos de ellos resultaron destacados violadores de los derechos humanos en sus propios países. Así lo han demostrado en Chile, Guatemala, Argentina, Perú, Uruguay, Ecuador Colombia, Nicaragua, El Salvador, México, Honduras, entre otros.
Por todo ello, de nuevo, durante su intervención, Hegseth instó a los países participantes a coordinar ejercicios, entrenamiento, operaciones conjuntas, intercambio de inteligencia y facilidades logísticas como acceso a bases y sobrevuelo. Y la palabra clave es “acceso”.
Es decir, entregar toda la información de las unidades militares a los bancos de datos estadounidenses para actuar impunemente en cualquier territorio y contra cualquier figura política que intente desafiar al sistema.
Nadie duda que esta alianza no es precisamente una consecuencia de acuerdos gubernamentales del más alto nivel sobre lo que en realidad necesita Trump para convertir a su país en una hegemonía totalitaria con el supuesto combate contra los carteles de la droga y organizaciones criminales. En la práctica se trata de frenar la ofensiva comercial y estratégica de China en América Latina, buscando que los países de la región reduzcan su dependencia de Pekín. Por eso se entiende que buena parte de los acuerdos incluyen control de fronteras, la estabilidad marítima, equipamiento y entrenamiento para enfrentar la crisis de seguridad interna.
Por supuesto, todo esto se inscribe en la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, documento hecho público a finales del año pasado que en resumen “expone una visión para un mundo libre, abierto, seguro y próspero, y establece un plan integral para hacerlo realidad”. De hecho, no oculta que su decisión incluye “la perspectiva que comparten muchos otros países interesados en vivir en un mundo donde se respeten los principios fundamentales de autodeterminación, integridad territorial e independencia política”.
Entonces, ¿los militares latinoamericanos podrán autodeterminarse? No, imposible, ya no habrá una sola acción militar conjunta, binacional o subregional sin la aprobación de Washington.
Eufemísticamente, esa Estrategia señala que los “países tengan la libertad de determinar sus propias elecciones en materia de política exterior; donde la información pueda circular libremente; donde se respeten los derechos humanos y la economía global se desarrolle en condiciones de igualdad, con oportunidades para todos”.
Por tanto, lo que vendrá a continuación será una serie de acciones de “contención” política y electoral, con el apoyo y participación directa de los militares, como ya ha ocurrido en países como Ecuador o El Salvador.
