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Durante su participación en el panel “Justicia social, paz territorial y derechos humanos”, realizado en el marco del I Congreso Nacional Perspectiva de Género, Igualdad y Diversidad en la Universidad Militar Nueva Granada el pasado martes 3 de marzo y organizado por Sintraunal, la senadora y candidata presidencial Clara López Obregón sostuvo que la paz en la Colombia profunda requiere, ante todo, un giro hacia la inversión social y la presencia integral del Estado, más allá de la respuesta exclusivamente militar.
Ante asistentes del ámbito académico, sindical y de organizaciones sociales, la congresista López Obregón articuló su intervención alrededor de tres ejes: el vínculo entre justicia social y seguridad territorial, el papel del Estado en el desarrollo regional y la garantía de derechos colectivos—incluidos los derechos de las mujeres—como condición de una paz sostenible.
Justicia social y seguridad territorial
“La justicia social es la infraestructura invisible de la paz en los territorios”, afirmó la senadora, al subrayar que la reducción de la criminalidad en comunidades apartadas pasa por la inversión pública, la oferta social y la institucionalidad permanente. En esa línea, sostuvo que la presencia integral del Estado—y no solo operativos de seguridad—es determinante para enfrentar economías ilegales como el narcotráfico.
La candidata López Obregón advirtió además que la violencia se explica, en parte, por decisiones históricas que profundizaron la desigualdad rural. Señaló que en Colombia una porción significativa del campesinado fue desplazada fuera de la frontera agrícola y abandonada a su suerte, lo que, en su lectura, alimentó el conflicto y la precarización de amplias zonas del país.
Planes integrales y participación para la paz territorial
La dirigente política insistió en que el desarrollo social en los territorios debe ir de la mano del Estado, y cuestionó la idea de que la pacificación se alcance “mandando solo fuerza pública”.
Para la congresista López Obregón, la seguridad duradera depende de capacidades civiles: educación, salud, vías, formalización laboral, acceso a tierra y proyectos productivos con enfoque territorial.
En ese sentido, planteó que la paz territorial se construye mediante la ejecución de planes integrales con amplia participación de las comunidades, pero también de los actores armados ilegales. A su juicio, a través de “diálogos territoriales” es posible avanzar en rutas de transición que permitan promover economías legales y reducir la dependencia de ingresos asociados a la ilegalidad.
Sindicalismo, organizaciones sociales y garantías colectivas
La aspirante presidencial destacó también que el activismo sindical y de las organizaciones sociales es clave para “modificar conciencias” en las comunidades y sostener transformaciones de largo aliento. Al mismo tiempo, lamentó que la tasa de sindicalización en Colombia se haya reducido y que actualmente sea de alrededor del 3 %, en un contexto donde persisten altas cifras de violencia contra dirigentes sociales.
En su intervención, afirmó que uno de los retos centrales del Estado es garantizar los derechos colectivos y la organización social en las comunidades, como condición de una democracia efectiva y de la implementación de políticas públicas que no se queden en el papel y contribuyan de manera efectiva en el desarrollo socioeconómico de los territorios.
Género, derechos y dignificación de la vida
En este evento académico dedicado a perspectivas de género e igualdad, la senadora López Obregón se refirió al rol del feminismo en Colombia y sostuvo que el cuerpo de la mujer “sigue siendo un campo de batalla”, pese a la “revolución silenciosa” que ha protagonizado la lucha de género en las últimas décadas. Para la congresista, la agenda de derechos debe leerse como parte de una paz territorial que proteja la vida cotidiana y enfrente violencias arraigadas en lo social y en lo cultural.
Como cierre, puntualizó que el activismo social, sindical y feminista debe apuntar a un objetivo común: dignificar la vida en Colombia, articulando justicia social, derechos humanos y participación ciudadana como pilares de la construcción de paz.
El panel dejó sobre la mesa un mensaje insistente: sin inversión social sostenida, garantías para la organización comunitaria y enfoques de derechos—incluida la igualdad de género—la paz territorial corre el riesgo de quedarse en una promesa. En la Universidad Militar Nueva Granada, la senadora llamó a convertir esa premisa en hoja de ruta para la acción estatal y la movilización social.
