DIARIO RED /
En su más reciente columna de opinión en Diario Red, la senadora del Pacto Histórico, Clara López Obregón, llama la atención sobre los alcances de las recientes declaraciones injerencistas del congresista estadounidense Bernie Moreno, en el sentido de que Washington podría no reconocer el resultado de las elecciones presidenciales si persisten los problemas de orden público en Colombia.
La senadora López Obregón resalta que el congresista de marras de tiempo atrás ha venido criticando de manera sistemática al Gobierno de Petro y ha sugerido alineamientos de la derecha colombiana para impedir una victoria progresista del candidato que representa la Alianza por la Vida, Iván Cepeda Castro, quien lidera todos los sondeos de opinión y gana en todos los escenarios.
Por ello, la dirigente política sostiene que, en la actual coyuntura político-electoral de Colombia, “la pregunta legítima es qué están preparando quienes, desde Washington y desde sectores de la derecha colombiana, parecen dispuestos a deslegitimar preventivamente una victoria popular”.
El texto de la columna periodística es el siguiente:
“Colombia no es una servidumbre”
POR CLARA LÓPEZ OBREGÓN
Hay frases que resumen una época. Cuando el presidente Gustavo Petro respondió al senador estadounidense Bernie Moreno que “la decisión libre del pueblo de Colombia se respeta. Esto es una democracia, no una servidumbre”, no estaba contestando solo una provocación individual. Estaba nombrando una tensión de fondo: el intento de ciertos sectores del poder político de Estados Unidos de recuperar sobre América Latina una relación de tutela, subordinación y alineamiento automático que nuestros pueblos creían superada.
La preocupación no es retórica. En los últimos meses se ha hecho visible una nueva ofensiva intervencionista en el continente. Ya no aparece siempre bajo las formas clásicas del golpe militar, el bloqueo, la invasión abierta o la operación encubierta, con excepción de Venezuela y Cuba. Ahora adopta modalidades más sofisticadas: presión diplomática sobre procesos electorales, condicionamiento financiero, sanciones personales, amenazas de desconocimiento de resultados, uso político de la observación electoral y respaldo explícito a gobiernos o candidatos alineados con Washington.
Lo más grave es que esta orientación ya no parece un exceso verbal de un congresista ni una improvisación electoral de Donald Trump. Forma parte de una nueva doctrina de seguridad nacional que revive en las propias palabras de la nueva doctrina de seguridad nacional, la vieja Doctrina Monroe. La Internacional Progresista ha advertido que la política exterior de Trump hacia América Latina configura un verdadero “Corolario Trump”: una pretensión de ordenar el hemisferio occidental en función de los intereses estratégicos de Estados Unidos, especialmente en materia de recursos naturales, seguridad, migración, drogas, cadenas de suministro y alineamiento geopolítico.
Honduras ofrece el precedente más directo. Allí, Trump intervino abiertamente en el debate electoral al respaldar a un candidato de derecha, descalificar a sus adversarios y condicionar la relación de Estados Unidos con ese país al resultado de las urnas. Incluso el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, apareció en plena coyuntura electoral como un mensaje político de enorme carga simbólica. La secuencia inquieta: se apoya a un candidato afín, se instala la sospecha sobre el proceso electoral, se advierte sobre consecuencias si el resultado no conviene y se convierte la relación bilateral en instrumento de presión sobre la soberanía popular.
Argentina muestra otra forma de intervención: la financiera. El respaldo de Trump a Javier Milei no se limitó a simpatías ideológicas. Estuvo acompañado de anuncios de auxilio económico, líneas de crédito y apoyo financiero de enorme magnitud, condicionados explícita o implícitamente a la continuidad política del proyecto de derecha. Ya no se trata solamente de enviar marines. También se puede intervenir a través del dólar, los bonos, el Fondo Monetario, los mercados y los salvavidas selectivos.
Bolivia muestra un tercer componente. Tras el giro hacia la derecha con el Gobierno de Rodrigo Paz, la protesta social contra el retiro de avances y medidas de ajuste ha sido tratada por sectores internacionales no como expresión legítima de inconformidad popular, sino como amenaza desestabilizadora. El ofrecimiento del presidente Petro para mediar fue rechazado como intervención y terminó con la expulsión de la embajadora de Colombia. La paradoja es evidente: cuando Estados Unidos opina, presiona, sanciona o condiciona, se llama defensa de la democracia; cuando un gobierno latinoamericano ofrece mediación política, se denuncia como injerencia.
En Colombia, estas señales adquieren gravedad especial. El país se prepara para una elección presidencial decisiva. Las encuestas muestran una fuerte opción de continuidad progresista alrededor de Iván Cepeda, candidato del partido de gobierno. En ese contexto, las declaraciones de Bernie Moreno no pueden ser leídas como comentarios inocentes. Moreno ha advertido que Estados Unidos podría no reconocer las elecciones colombianas si, a su juicio, persisten condiciones de violencia en los territorios. También ha criticado sistemáticamente al Gobierno de Petro y ha sugerido alineamientos de la derecha colombiana para impedir una victoria progresista.
El antecedente preocupa. Moreno ya había anunciado en el pasado sanciones contra Petro y luego estas se materializaron con la inclusión del Presidente colombiano en la lista OFAC. Por eso, cuando ahora habla de eventual desconocimiento electoral, la pregunta legítima es qué están preparando quienes, desde Washington y desde sectores de la derecha colombiana, parecen dispuestos a deslegitimar preventivamente una victoria popular.
A ello se suma otro hecho delicado: la inscripción de una numerosa delegación de la Embajada de Estados Unidos para venir, no simplemente como observadora electoral bajo parámetros multilaterales, sino con un lenguaje de “supervisión” o “monitoreo” que introduce una connotación tutelar inadmisible. La observación internacional es bienvenida cuando es técnica, imparcial, plural y respetuosa de las autoridades nacionales. Pero una cosa es observar y otra muy distinta pretender certificar, condicionar o deslegitimar la voluntad popular de un país soberano.
Colombia no puede aceptar que su democracia sea puesta bajo sospecha solo porque el resultado probable no conviene a ciertos intereses externos. Tampoco puede aceptar que la violencia territorial, problema real y doloroso, sea utilizada como argumento selectivo para desconocer unas elecciones. Si hay riesgos de coerción armada, el deber es fortalecer garantías, presencia institucional, auditoría electoral, protección de votantes y transparencia en el conteo. Lo que no puede hacerse es convertir esa situación en pretexto anticipado para invalidar políticamente el triunfo de una fuerza progresista.
Petro ha entendido esa tensión con claridad. Su liderazgo internacional no se explica solamente por sus discursos en Naciones Unidas, por su defensa de Palestina, por su crítica a la guerra contra las drogas o por su propuesta de transición energética justa. Se explica porque ha formulado una voz latinoamericana autónoma en un mundo que vuelve a dividirse en bloques de poder. Petro no ha planteado una ruptura irracional con Estados Unidos. Ha defendido una relación distinta: cooperación sin subordinación, diálogo sin obediencia, amistad sin servidumbre.
Por eso su respuesta a Bernie Moreno tiene tanta fuerza política. “Esto es una democracia, no una servidumbre” no es una frase contra el pueblo estadounidense. Es una defensa de la dignidad colombiana. Es también una advertencia democrática: Colombia puede tener relaciones históricas, comerciales, militares y diplomáticas con Estados Unidos, pero esas relaciones no autorizan a ningún senador extranjero, a ninguna embajada ni a ningún gobierno a decidir cuál resultado electoral es aceptable.
Estados Unidos debería medir muy bien las consecuencias de cualquier intento de intervención en Colombia. No estamos ante un país marginal ni aislado. Colombia tiene una relación histórica con Washington, pero también una creciente presencia internacional, vínculos con América Latina, Europa, Asia y el Sur Global, y un Presidente convertido en referencia mundial en debates sobre paz, clima, drogas, democracia y derecho internacional. Una intervención burda dañaría la relación bilateral y mostraría a Estados Unidos como una potencia que habla de democracia mientras desconoce elecciones cuando no gana su candidato preferido.
La democracia colombiana necesita vigilancia, sí; pero vigilancia ciudadana, institucional, transparente y soberana. Necesita garantías para que todos voten sin miedo. Necesita que la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, las misiones internacionales imparciales, los partidos, la prensa y la ciudadanía puedan verificar cada etapa del proceso. Lo que no necesita es tutela extranjera.
América Latina conoce demasiado bien esa historia. Conoce la Doctrina Monroe, el Gran Garrote, las operaciones encubiertas, los bloqueos, los golpes, los chantajes financieros y las sanciones selectivas. También conoce la dignidad de sus pueblos cuando deciden abrir camino propio. Hoy la pregunta vuelve a plantearse con crudeza: ¿será América Latina una región de democracias soberanas o un patio trasero administrado por la nueva derecha hemisférica?
Colombia debe responder con serenidad y firmeza. La relación con Estados Unidos debe preservarse, pero sobre la base del respeto. La cooperación debe continuar, pero no como obediencia. La observación electoral debe aceptarse, pero no como supervisión. Y el resultado de las urnas debe ser respetado, guste o no guste en Washington, Miami o Bogotá. En una democracia, los pueblos deciden; las potencias pueden observar, opinar y cooperar, pero no sustituir la soberanía popular.
