POR OMAR ROMERO DÍAZ /
La democracia se sostiene sobre un principio elemental: la confianza del pueblo en que su voto será respetado. Por eso, las denuncias sobre posibles irregularidades en el software electoral no pueden ser ignoradas ni reducidas a una simple confrontación política.
Si existieron las modificaciones en los sistemas utilizados para el proceso electoral, los colombianos tienen derecho a conocer qué ocurrió, quién autorizó los cambios y cuáles fueron sus consecuencias. La transparencia no es una concesión de las autoridades; es una obligación constitucional.
Lo preocupante no son únicamente las denuncias. Lo preocupante es la ausencia de explicaciones claras y oportunas. Cuando surgen dudas sobre la integridad de unas elecciones, las instituciones deben responder con pruebas, auditorías y absoluta apertura ante la ciudadanía.
La Fiscalía, la Procuraduría y los organismos de control tienen el deber de investigar con independencia y rigor técnico. No para favorecer a un sector político, sino para proteger la legitimidad del sistema democrático.
Los ciudadanos también tienen derecho a exigir respuestas, solicitar auditorías independientes y movilizarse pacíficamente en defensa de la transparencia electoral. La democracia pertenece al pueblo, no a quienes administran temporalmente el poder.
Las denuncias hechas por el presidente Gustavo Petro con pruebas demuestran que son ciertas, por ellos los responsables deben responder ante la justicia. Lo único inaceptable es el silencio.
Porque cuando un pueblo comienza a desconfiar de sus elecciones, comienza también a desconfiar de la democracia misma.
La verdad electoral no puede esperar.
