POR OMAR ROMERO DÍAZ /

Las democracias no se sostienen solo con votos; se sostienen con verdad, responsabilidad y rendición de cuentas. Quien aspira a gobernar no puede exigir confianza mientras guarda silencio sobre episodios que comprometen su trayectoria pública.

Las imágenes divulgadas del foro de Santa Fe de Ralito, realizado en noviembre de 2004, han vuelto a poner sobre la mesa una pregunta que Colombia no puede seguir esquivando: ¿qué hacían allí, y con qué propósito, quienes hoy aparecen vinculados al nuevo poder?

En los videos se observa al hoy cuestionado Presidente electo con fraude, Abelardo de la Espriella, con un papel visible en la organización y conducción del evento. También aparecen, según la información difundida, personas que hoy tendrían responsabilidades en el nuevo Gobierno, entre ellas la futura ministra de Educación, Vivian Morales y el director del empalme, Carlos Alonso Lucio, ampliamente conocido de autos. No se trata de detalles menores: son nombres que hoy ocupan u ocuparán posiciones de enorme influencia pública y, por tanto, deben responder con claridad.

Conviene ser precisos: esas imágenes no prueban por sí solas delitos ni permiten afirmar asociaciones criminales per se. Pero sí muestran una participación que exige explicación política, ética e institucional. En un país marcado por la violencia paramilitar, ningún actor público puede pretender que su presencia en un escenario de esa naturaleza pase inadvertida o quede sin aclaración.

La ciudadanía no está atacando por preguntar. Está ejerciendo su derecho a saber. Y cuando las preguntas son legítimas, el silencio no es prudencia: es una forma de agravar la sospecha.

Si quienes hoy llegan al poder participaron en un evento organizado en el marco de un proceso con los jefes del paramilitarismo, tienen la obligación de explicar quién los convocó, qué papel cumplieron, qué sabían y qué defendían. No basta con desmarcarse después; hace falta transparencia antes, durante y después.

La historia de Colombia ha demostrado que ocultar, minimizar o relativizar estos hechos solo profundiza la desconfianza. Por eso, la respuesta correcta no es descalificar a quienes exigen claridad, sino entregar documentos, contextos y explicaciones completas. Solo así el país podrá distinguir entre una participación política legítima y una cercanía que merece ser examinada con rigor.

La memoria histórica no condena sin pruebas. Pero tampoco acepta que se normalicen escenarios que comprometen la ética pública. Su función es precisamente esa: obligar a mirar de frente lo ocurrido, identificar responsabilidades y evitar que el poder se ampare en el olvido.

Colombia merece saber toda la verdad sobre su pasado, sin privilegios para nadie. La democracia exige memoria, transparencia y rendición de cuentas, especialmente de quienes hoy pretenden gobernar en nombre de todos.

Solo cuando el poder responde sin evasivas y acepta el escrutinio público, la confianza ciudadana puede empezar a reconstruirse y el país avanzar hacia una paz fundada en verdad, justicia y respeto por las instituciones.