POR OMAR ROMERO DÍAZ /

La Constitución Política de Colombia es clara: la democracia en este país debe pertenecer únicamente a los colombianos. Por esa razón, el artículo 109 de la Carta Política establece una prohibición expresa para los partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos y campañas electorales: no pueden recibir financiación de personas naturales o jurídicas extranjeras. Esta regla busca proteger la independencia política del país y evitar que intereses externos influyan en la voluntad popular.

La Corte Constitucional ha reiterado que el sistema de financiación de campañas existe para garantizar la igualdad entre los candidatos, la transparencia y la legitimidad de las elecciones. Por ello, las campañas deben rendir cuentas sobre el origen y destino de todos sus recursos, y cualquier irregularidad puede dar lugar a investigaciones y sanciones por parte de las autoridades competentes.

En ese contexto, las informaciones periodísticas sobre reuniones de Abelardo de la Espriella con dirigentes y empresarios estadounidenses, así como los respaldos públicos recibidos de figuras políticas de ese país, han generado un debate público sobre los límites entre el apoyo político internacional y la prohibición constitucional de financiación extranjera.

Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, es necesario distinguir dos situaciones. Una cosa es que un dirigente extranjero exprese públicamente su apoyo político a un candidato. Otra muy distinta es que existan aportes económicos o financiación prohibida por la Constitución. Si se alega que hubo recursos provenientes de personas naturales o jurídicas extranjeras para una campaña, esa afirmación debe demostrarse con pruebas dentro de las investigaciones que adelanten las autoridades competentes, como los cuestionados integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) como lo dijo el candidato de las negritudes, Óscar Benavides, por robarse la segunda curul afro y la modificación de formulario E -14, y de ser el caso, las demás autoridades judiciales. Mientras no exista una decisión oficial, esas afirmaciones permanecen en el ámbito de las denuncias e investigaciones o en el olvido.

La Constitución no dejó esta prohibición al azar. La experiencia mundial demuestra que cuando gobiernos, empresarios o grupos económicos extranjeros financian campañas electorales en otros países, pueden surgir conflictos de interés que afectan la soberanía nacional y la autonomía de las decisiones públicas.

Por eso, la transparencia en la financiación política no favorece a un candidato u otro; protege el derecho de todos los colombianos a elegir libremente a sus gobernantes. La democracia pierde legitimidad cuando existe cualquier duda sobre el origen de los recursos que impulsan una campaña.

En un Estado Social de Derecho, el principio debe ser claro: ningún proyecto político, sin importar su orientación ideológica, puede estar por encima de la Constitución.

Si existen denuncias sobre una eventual financiación extranjera, corresponde a las autoridades investigarlas con independencia, garantizar el debido proceso y, si encuentran pruebas suficientes, imponer las sanciones previstas por la Constitución y la ley. Solo así se protege la soberanía popular y la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático.