POR OMAR ROMERO DÍAZ /
La democracia colombiana no solo tiembla por las denuncias de manipulación algorítmica en las urnas; tiembla porque el hombre que se sentará a partir del próximo 7 de agosto en el solio de Bolívar tiene las manos manchadas con el hambre de Venezuela y el rastro digital de un lavado de activos que ya tiene condena en Estados Unidos. No se trata de política, señores lectores, se trata de un fraude de doble fondo: el de los votos y el de los dólares.
Las pruebas del delito financiero
Mientras el presidente saliente, Gustavo Petro, denuncia un fraude electrónico, los documentos filtrados desde los tribunales de Florida nos muestran un fraude mucho más tangible. Hablamos de tres transferencias que suman 374.850 dólares, orquestadas desde el paraíso fiscal de Hong Kong hasta las cuentas de un bufete en Miami. ¿El destinatario final? Abelardo de la Espriella Otero.
La evidencia es contundente. Una carta firmada por su puño y letra revela instrucciones precisas: parte del dinero debe ir a un apartamento de lujo en el exclusivo Brickell Avenue, el corazón financiero del sur de Florida, y el resto a un particular. Pero el documento más demoledor es el correo electrónico del 29 de abril de 2015, donde el propio Alex Saab, hoy procesado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos, le reenvía a De la Espriella la confirmación bancaria del giro de 200.000 dólares. La operación se disfrazó bajo el concepto ficticio de «asesoría fiscal internacional», una máscara clásica del lavado de dinero.
El origen putrefacto de los recursos
¿De dónde salió ese dinero? No fue del bolsillo de un inversionista honesto, sino de las arcas robadas al pueblo venezolano. Las empresas remitentes Group Grand Limited y Consorcio Estructuras Metálicas, son las mismas que Saab utilizó para saquear el régimen de Maduro. La primera vendió alimentos podridos para los programas CLAP, envenenando simbólicamente a los más pobres. La segunda cobró cientos de millones por viviendas que jamás se construyeron. Ese es el origen del capital que ha financiado, al menos en parte, la carrera política del cuestionado nuevo mandatario colombiano.
El eslabón del fraude electoral
Aquí el rompecabezas se vuelve macabro. De la Espriella ganó por un margen ajustado y bajo una nube de denuncias por irregularidades en el preconteo. Si a eso le sumamos su pasado como abogado personal de Saab, la ecuación es simple: un candidato que recibió transferencias estructuradas para ocultar su origen ilícito, y que además llega al poder en medio de sospechas de manipulación electoral, no tiene legitimidad moral ni jurídica para gobernar. Su discurso de ultraderecha y su alianza declarada con Israel no son más que un biombo para desviar la atención de su verdadera obediencia: el dinero sucio y las redes transnacionales del crimen.
La hipocresía del discurso internacional
Resulta irónico que este personaje, que promete trasladar la embajada colombiana a Jerusalén y alinearse ciegamente con Washington, sea precisamente el testaferro de un ciudadano detenido por la justicia estadounidense. Mientras abraza la bandera de Occidente, sus arcas se nutren del expolio a Venezuela. Su «sionismo» político no es más que un acto de propaganda para lavar su reputación, mientras sus cuentas bancarias revelan la verdadera lealtad: el crimen organizado.
Una nación en jaque
Colombia no puede permitir que un operador financiero de un condenado por narcotráfico ocupe la Casa de Nariño. Las pruebas están allí, frías y digitales: el correo, la carta, los códigos Swift.
El lavado de activos y el fraude electoral son las dos caras de la misma moneda falsa. La Fiscalía General de Colombia y la comunidad internacional (incluyendo la DEA y el Departamento de Justicia de EE.UU.) tienen la obligación ética de cruzar estas evidencias. Si cerramos los ojos ante este expediente, no estaremos posesionando un Presidente; estaremos legalizando una estafa.
El pueblo colombiano merece saber si su nuevo líder es un estadista o, simplemente, el empleado de un capo.
