POR JHON FORERO /

Aunque la campaña de Abelardo de la Espriella no registra pagos al marquetinero neofascista Agustín Laje, la participación del argentino en la contienda presidencial en Colombia es evidente y ni siquiera se molestan en ocultarla. Lo ilegal los tiene sin cuidado.

“Toda la agenda cultural se la dieron a las izquierdas; las izquierdas se hicieron de las universidades, de los colegios, de los medios de comunicación, de la música, del arte. Digo, han penetrado en todos estos ámbitos”, decía en 2023 el conferencista argentino de extrema derecha, Agustín Laje, en una entrevista con Mundo Cristiano.

Las premisas eran falsas, como todo en Laje, pero le permitieron instalarse en el imaginario público como un referente intelectual de las derechas en lo que se ha llamado la “batalla cultural”, un término que los algoritmos asocian directamente con Laje.

El fundador y presidente de la Fundación Libre, un think thank ultra conservador que se opone a la eutanasia, el matrimonio igualitario y la interrupción del embarazo en cualquier caso, es uno de los principales promotores latinoamericanos de las campañas de mentiras y odio contra el progresismo, al que Laje llama «marxismo cultural». En las pasadas elecciones presidenciales, tuvo un papel preponderante en la propagación de información abiertamente falsa contra el candidatp del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

De la hegemonía cultural gramsciana a la culture wars

La «batalla cultural» se ha convertido en una de las expresiones más utilizadas en el debate político contemporáneo para describir las disputas en torno a los valores, las identidades, la educación, la religión, los medios de comunicación y las formas de entender la sociedad. Sin embargo, su origen es mucho más antiguo que las controversias actuales y no puede atribuirse a una sola corriente ideológica.

Sus antecedentes se encuentran en el pensamiento de autores como Georg Wilhelm Friedrich Hegel y Alexis de Tocqueville, quienes ya advertían que la estabilidad de un sistema político dependía no solo de las instituciones, sino también de las costumbres, las creencias y la cultura compartida.

Más adelante, Karl Marx y Friedrich Engels plantearon que las ideas dominantes de cada época expresaban los intereses de la clase dominante, introduciendo la noción de que la lucha política también se desarrollaba en el terreno de las ideas y la producción ideológica.

El verdadero punto de inflexión llegó con el filósofo marxista italiano Antonio Gramsci, quien, desde su prisión bajo el régimen fascista de Benito Mussolini, desarrolló la teoría de la hegemonía cultural en sus ‘Cuadernos de la cárcel’.

Gramsci sostenía que las clases dominantes no conservaban el poder únicamente mediante la coerción estatal, sino porque lograban que su visión del mundo fuera aceptada como el «sentido común» de la sociedad.

Para él, la disputa política debía librarse primero en la sociedad civil —la escuela, la universidad, la prensa, la Iglesia, la literatura y los demás espacios de producción cultural— antes que en las instituciones del Estado, pero las izquierdas no prestaron mucha atención y se concentraron en la disputa por el sistema económico.

Aunque Gramsci nunca empleó de manera sistemática la expresión «batalla cultural», su teoría constituye el fundamento intelectual sobre el cual posteriormente se construiría este concepto que sí fue usufructuado por las derechas, empezando por el liberalismo.

Durante el siglo XX, diversos pensadores ampliaron esta comprensión del vínculo entre cultura y poder. La Escuela de Frankfurt, con autores como Max Horkheimer, Theodor Adorno y Herbert Marcuse, analizó cómo la industria cultural podía generar conformismo y reproducir las relaciones de dominación mediante el cine, la radio y la televisión, toda vez que el capital depende del valor de cambio más que el valor de uso. Es decir, se entendió la importancia de ‘vender las ideas’.

Más tarde, Michel Foucault mostró que el poder también opera produciendo discursos, categorías e identidades que definen qué se considera verdadero, normal o legítimo, mientras que Pierre Bourdieu explicó cómo el lenguaje, la educación, los hábitos y el denominado capital cultural contribuyen a reproducir las desigualdades sociales mediante formas de violencia simbólica. Estas contribuciones consolidaron la idea de que la cultura constituye un terreno central de las disputas por el poder.

A finales del siglo XX y comienzos del XXI, el concepto fue resignificado por actores políticos de distintas orientaciones ideológicas. En Francia, la Nouvelle Droite, encabezada por Alain de Benoist, retomó explícitamente las tesis de Gramsci para proponer que la derecha debía disputar la hegemonía cultural antes de conquistar el poder político.

Paralelamente, en Estados Unidos, el sociólogo James Davison Hunter popularizó la expresión Culture Wars para describir los conflictos en torno a la religión, la familia, la educación y la moral pública.

Un nuevo escenario: la tecnopolítica

En la actualidad, dirigentes conservadores y progresistas utilizan la expresión para referirse a la disputa por el sentido común, los valores y narrativas que orientan la vida colectiva.

Pero más que un concepto exclusivo de una ideología, la batalla cultural constituye hoy una categoría ampliamente utilizada para describir la competencia por definir los marcos conceptuales desde los cuales las sociedades interpretan la realidad y organizan su acción política.

A esto debemos sumar el avance tecnológico y la aparición de un nuevo término: tecnopolítica, que cambia el escenario de disputa. Estamos ante el espectro feudal de lo invisible, del marco digital.

Hoy los audios filtrados del Hondurasgate nos muestran cómo desde Estados Unidos e Israel se financia el uso de tecnología digital para expandir el mensaje y hacer que lo impensable sea pan de cada día: tolerancia al fascismo, lenguaje bélico y discursos de odio son ya lo habitual.

Además, casos que parecen aislados de pronto se entrelazan: el Hondurasgate, el proyecto Júpiter en Colombia, la avanzada sionista del Gran Israel, el ejercicio imperial del escudo de las Américas y el documento del Departamento de Estado de Estados Unidos contra Cuba.

Laje en Colombia

En Colombia el laboratorio de la desinformación empezó en 2016. Ese año, el de los Acuerdos de Paz, un amplio sector de la sociedad creyó que la paz no era el camino, compró el discurso de que la izquierda iba a homosexualizar los menores de edad y que los valores de la fe cristiana tenían que ver con el odio y la fuerza.

Han pasado 10 años en los que la Ventana de Overton -un modelo teórico de comunicación y ciencia política que describe el rango de ideas, opiniones y políticas que la sociedad considera aceptables y razonables en un momento determinado- se ha recorrido, cada vez más, hacia la ultraderecha.

Hoy es aceptable que un tipo como Abelardo de la Espriella, quien en 2004 vanagloriaba el accionar paramilitar, llegue a la Presidencia de la República (con un fraude) un tipo abiertamente antiderechos, homófobo, proisraelí y su genocidio, entregado a Estados Unidos, poco preparado y abiertamente cercano a todas las formas de corrupción.

¿Cómo ocurrió esto? Es cierto que en la campaña hemos estado en desventaja económica y tecnológica; pero los sectores de las izquierdas que tuvieron los recursos y las posibilidades para hacer frente no dimensionaron el nivel de intervención.

En los últimos años, Laje ha contado con los apoyos económicos para articular la tecnología y la doctrina que expande en muchos países. En Colombia vimos como entrenaba una tropa de agitadores digitales, influencers bien pagados, algunos que fueron llevados a Israel ‘de paseo’; vimos también como una chica que con poco tiempo de haber sacado la cédula ya la graduaba de experta en sistema pensional y le daban los recursos económicos y tecnológicos para hacer 51 charlas en 15 ciudades a más de 15 mil trabajadores. Toda una articulación de adoctrinamiento mientras esos mismos influenciadores señalaban un supuesto “adoctrinamiento del socialismo”.

La batalla cultural reescrita por Laje y asumida por la derecha hoy tiene la connotación militar bélica y recluta los extremos impensables: fascismo, nazismo, sionismo, xenofobia, aporofobia, racismo y un profundo odio por el diferente.

Aunque la campaña de De la Espriella no registra pagos a Laje, la participación del argentino en la contienda presidencial en Colombia es evidente y ni siquiera se molestan en ocultarla. Lo ilegal los tiene sin cuidado.

Los retos del progresismo

Hoy en Colombia la base ideológica que llega al alto gobierno asume que el racismo no existe, que el feminicidio es un invento y que los zurdos (es decir, todas las personas que no estén 100% con ellos) son menos que humanos y se consideran enemigos.

La presencia de cuestionados personajes como Omar Bula, Didier Blanco, Paola Holguin, Carlos Alonso Lucio, Vivian Morales, Camilo Noguera y el mismo De la Espriella en el alto Gobierno da forma a una estructura ideológica que no discute, solo obliga.

El progresismo colombiano debe entender que disputar el poder del Estado parte de disputar el sentido común, ese mismo que hoy normaliza que una persona como De la Espriella sea presidente, que un concejal en Medellín invite a bombardear poblaciones completas.

El reto es recuperar ese sentido común que cedió terreno en Bogotá y que hoy, con discursos bélicos, mentirosos y carentes de argumentos, hacer ver incluso a una persona como Álvaro Uribe como una suerte de socialdemócrata.

Diario Red