CONVERSACIONES PENDIENTES /
Uno de los núcleos más persistentes de la historia colombiana es sin duda alguna el de la tierra. En diálogo con la socióloga colombiana Itayosara Rojas, exasesora del Ministerio de Agricultura, el exministro Juan David Correa en su espacio periodístico Conversaciones Pendientes, emitido el pasado miércoles 5 de agosto, propuso una lectura de largo plazo sobre la estructura agraria, el acaparamiento de tierras, la democracia rural, la soberanía alimentaria y los límites políticos de las reformas impulsadas en el país.
La tierra como problema histórico de la democracia
El eje teórico de la conversación se articuló con la obra del sociólogo estadounidense Barrington Moore (1913-2005), especialmente con su tesis sobre la relación entre estructuras agrarias y regímenes políticos.
En ‘Los orígenes sociales de la dictadura y la democracia’, Moore plantea que las formas de transición desde sociedades agrarias hacia sociedades modernas no conducen automáticamente a la democracia: dependen de las alianzas, conflictos y derrotas entre terratenientes, burguesías, campesinados y poderes estatales.
Desde esta perspectiva, la frase “el problema de la tierra es también el de la democracia” adquiere pleno sentido: allí donde la cuestión agraria se resuelve contra los trabajadores del campo, tienden a consolidarse poderes autoritarios, clientelares o excluyentes.
Aplicada al caso colombiano, esta lectura permite entender que la democracia no puede evaluarse únicamente por la existencia de elecciones, partidos o instituciones formales. También debe medirse por la posibilidad efectiva de que campesinos, comunidades étnicas y trabajadores rurales accedan a la tierra, participen en las decisiones sobre el territorio y ejerzan ciudadanía material.
La conversación entre Correa y Rojas situó así el debate agrario en el centro de la disputa democrática: sin democratización de la propiedad y del uso del suelo, la promesa constitucional de igualdad permanece incompleta.
Historia agraria colombiana: concentración, violencia y contrarreforma
La historia agraria colombiana aparece en la entrevista como una historia de acumulación excluyente. La gran propiedad no solo ha sido una forma económica, sino también una forma de poder político y social.
La concentración de la tierra ha favorecido relaciones de subordinación, dependencia electoral, control territorial y expulsión de poblaciones campesinas. En ese marco, la violencia no puede interpretarse como fenómeno separado de la estructura agraria: buena parte de los conflictos armados, desplazamientos y disputas regionales se han alimentado de la apropiación, defensa o despojo de la tierra.
El Pacto de Chicoral de 1972 ocupa un lugar decisivo en esa trayectoria. Aquel acuerdo, firmado en el contexto del antidemocrático sistema político del Frente Nacional y del Gobierno conservador de Misael Pastrana, frenó el impulso redistributivo de la reforma agraria que había tomado forma con la Ley 135 de 1961, el Incora y la organización campesina de la ANUC.
Más que un episodio aislado, Chicoral simbolizó una contrarreforma: la reacción de las élites rurales ante la movilización campesina y ante la posibilidad de afectar de manera real el latifundio improductivo.
En términos históricos, la consecuencia fue profunda: el Estado colombiano reconoció parcialmente la necesidad de modernizar el campo, pero evitó transformar de raíz la estructura de propiedad. De allí surgió una paradoja persistente: políticas públicas agrarias sin reforma agraria efectiva, institucionalidad rural sin capacidad suficiente de redistribución y reconocimiento del campesinado sin ruptura del poder terrateniente tradicional.
Tierra, alimentos y soberanía
La intervención de Itayosara Rojas resaltó un punto central: la pequeña producción campesina no es un residuo atrasado del pasado, sino una base estratégica de la alimentación mundial. Al afirmar que entre el 70 % y el 80 % de los alimentos provienen de pequeñas unidades productivas campesinas, Rojas desplaza el debate desde la productividad entendida solo como escala empresarial hacia una noción más amplia de eficiencia social, ecológica y alimentaria.
En Colombia, este argumento resulta especialmente relevante porque el modelo rural dominante ha privilegiado la ganadería extensiva, los monocultivos y la expansión de la frontera agrícola, con altos costos ambientales y sociales. Frente a ello, la entrevista recupera sistemas culturales ancestrales como las chagras y la gestión anfibia del Caribe estudiada por Orlando Fals Borda. Estos sistemas no separan producción, cultura y territorio: integran conocimientos locales, diversidad biológica, manejo del agua, calendarios comunitarios y formas de cuidado colectivo.
Desde el punto de vista socioeconómico, la soberanía alimentaria aparece como un asunto político de primer orden. Si el país reduce su capacidad de producir alimentos diversos y depende crecientemente de importaciones, la alimentación queda sometida a mercados externos, fluctuaciones de precios y decisiones comerciales ajenas a las necesidades territoriales.
Por eso, proteger la pequeña producción campesina no es solo una política social: es una estrategia de seguridad alimentaria, autonomía nacional y sostenibilidad ambiental.
Reforma agraria en el Gobierno de Gustavo Petro
La conversación también examinó el esfuerzo del Gobierno del presidente Gustavo Petro por cerrar brechas históricas mediante la compra de tierras a terratenientes, el fortalecimiento del Fondo de Tierras y la priorización de núcleos de reforma agraria.
Según los elementos expuestos, el Fondo de Tierras cuenta con cerca de 779.000 hectáreas, de las cuales aproximadamente entre 300.000 y 350.000 han sido completamente adjudicadas. Estas cifras muestran un avance institucional significativo, aunque también revelan la distancia entre la voluntad política, la capacidad administrativa y la magnitud histórica del problema.
El método de compra voluntaria de tierras expresa una tensión política: busca evitar una confrontación directa con el principio liberal de propiedad privada, pero al mismo tiempo intenta redistribuir tierra en un país donde esa propiedad ha sido históricamente desigual, concentrada y, en muchos casos, asociada a violencia o privilegio.
La dificultad señalada por Rojas consiste en desmontar el carácter “sacrosanto” de la propiedad privada sin desconocer el marco jurídico vigente, pero ampliando el sentido social, ecológico y democrático de la propiedad.
En este punto, la entrevista sugiere que la reforma agraria no depende únicamente de decretos, compras o adjudicaciones. Requiere una arquitectura institucional capaz de acompañar a las comunidades con vías, crédito, asistencia técnica, comercialización, educación rural, salud, infraestructura productiva y seguridad territorial.
La entrega de tierra sin condiciones de permanencia y producción puede terminar reproduciendo nuevas formas de precariedad; por el contrario, una reforma integral debe articular propiedad, productividad, organización social y presencia estatal.
Clientelismo, tejido social y organización campesina
Uno de los aportes políticos más relevantes del diálogo es la conexión entre latifundio y clientelismo. La concentración de tierra favorece la concentración de poder local: quien controla la tierra puede controlar empleo, favores, permisos, seguridad, representación política e incluso el acceso a bienes públicos. De este modo, la desigualdad agraria se traduce en ciudadanía condicionada. La democracia rural queda capturada por relaciones de dependencia que reducen la autonomía política de las comunidades.
Frente a esa estructura, Rojas destacó la importancia del tejido social y de la organización campesina como motores de resistencia democrática.
La reforma agraria no puede entenderse como una política que el Estado “entrega” desde arriba, sino como una construcción social sostenida por juntas, asociaciones, cooperativas, comunidades étnicas, mujeres rurales, jóvenes campesinos y procesos territoriales.
Sin organización, la tierra adjudicada puede quedar aislada; con organización, puede convertirse en base de poder democrático, producción alimentaria y arraigo territorial.
Rojas no presentó la reforma agraria como nostalgia ideológica, sino como condición contemporánea de la democracia. Sin embargo, el desafío analítico consiste en mantener simultáneamente dos planos: reconocer los avances del Gobierno que termina y examinar críticamente sus límites administrativos, presupuestales, jurídicos y territoriales.
La transformación agraria requiere tiempo largo, continuidad institucional y legitimidad social; por eso, el cambio de momento gubernamental e institucional introduce incertidumbres sobre la sostenibilidad de lo avanzado.
La tierra como clave de interpretación de la democracia nacional
El conflicto agrario colombiano no es un asunto sectorial ni exclusivamente económico: es una clave de interpretación de la democracia nacional. La tierra condensa relaciones de clase, memoria de la violencia, posibilidad de ciudadanía, soberanía alimentaria y disputa por el modelo de desarrollo.
Desde Barrington Moore hasta Orlando Fals Borda, desde Chicoral hasta los actuales núcleos de reforma agraria, el hilo conductor es claro: una sociedad que no democratiza su régimen de tierras difícilmente democratiza de manera plena su vida política.
En consecuencia, el tema de la tierra en Colombia plantea una advertencia y una tarea: la advertencia es que la concentración agraria reproduce desigualdad, violencia y autoritarismo social. La tarea es fortalecer la organización campesina, la institucionalidad reformista y los sistemas culturales de producción que pueden hacer de la tierra no un privilegio heredado, sino una base material de la democracia.
La entrevista
El diálogo entre Juan David Correa e Itayosara Rojas, en el siguiente video:
