LA JORNADA /
Colombia sufrió el pasado lunes 10 de agosto el terremoto de mayor magnitud en una década, con un saldo de al menos 132 muertos, 570 heridos, 86 edificios colapsados, miles de viviendas dañadas y decenas de centros de salud y educativos afectados. El sismo ocurrió a las 7:34 horas, tuvo su epicentro en el departamento del Chocó, en la costa del Pacífico, y causó graves daños en la región oriental y suroriental del país.
Desde México, tan pronto se conoció la noticia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó que el pueblo de Colombia cuenta con todo el apoyo que requiera por parte de la nación azteca. Poco después, la Secretaría de Relaciones Exteriores ratificó la solidaridad y el ofrecimiento de ayuda. Estas manifestaciones confirman la política mexicana de Estado de solidarizarse con todas las naciones que padecen tragedias naturales o de otra índole y de extender su mano sin importar el signo ideológico de quienes las gobiernan.
Lamentablemente, el país andino encara esta catástrofe apenas tres días después de que llegó al poder un grupo cuyo proyecto consiste en el enriquecimiento personal y faccioso, la restauración de la oligarquía que ha saqueado al país por dos siglos y la sumisión absoluta a Washington.
Desde el momento de su toma de posesión el pasado viernes 7 de agosto, el cuestionado presidente Abelardo de la Espriella anunció la derogación del impuesto al patrimonio, que sólo se cobra a quienes poseen activos líquidos por el equivalente a alrededor de un millón 200 mil dólares; es decir, a una ínfima minoría de personas acaudaladas. También repitió su intención de eliminar Ministerios y entidades gubernamentales a fin de reducir el aparato estatal en 40 por ciento.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, avisó que la administración contempla un recorte presupuestal de al menos 20 billones de pesos colombianos –unos 6.400 millones de dólares–, los cuales representan uno por ciento del producto interno bruto y 3.67 por ciento del gasto público.
Se estima que apenas cuatro por ciento del presupuesto nacional es flexible, en tanto que el resto ya se encuentra comprometido por ley, la Constitución o contratos vigentes, lo cual significa que, para alcanzar su meta, el Gobierno ultraderechista tendría que abstenerse de casi todo desembolso, y ello sin contemplar la pérdida de ingresos por el afán de beneficiar a los más ricos.
Con una clase gobernante de talante neoliberal que ya advirtió que el sadismo presupuestal y el desmantelamiento del Estado son sus prioridades, poca ayuda pueden esperar los damnificados más allá de la retórica que el pintoresco mandatario dispensa a manos llenas.
En redes sociales, De la Espriella se dirigió “a los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles” para “decirles que no están solos, tienen un presidente al que le duele su gente y que hará todo lo necesario para protegerlos, acompañarlos y sacar adelante, juntos, a las regiones afectadas”. Este mensaje, discursivamente correcto, oculta lo que ya se perfila como rasgo central de su Gobierno: el divorcio entre las declaraciones y los hechos.
Así, después de dar este consuelo a sus compatriotas, se dirigió a un acto ajeno a las necesidades y los intereses de su país, orquestado para congraciarse con los genocidas y autoritarios que son sus simpatizantes internacionales: el reconocimiento de la soberanía del criminal Estado de Israel sobre los Altos del Golán y de Marruecos sobre el Sahara Occidental.
Es de destacar las diversas manifestaciones de solidaridad y condolencia de diversas naciones que se han condolido con el pueblo de Colombia, aspirando a que no aumente el número de víctimas, y que los estropicios materiales puedan resarcirse a la brevedad, así como esperar que el grupo gobernante ultraconservador en su arrogancia y codicia posea algún grado de sensibilidad para pausar sus designios neoliberales y atienda las urgencias de la población con todos los recursos a su alcance.
La Jornada, México.
