POR ALBERTO MALDONADO COPELLO

En Colombia, el Gobierno de ultraderecha de Abelardo de la Espriella establece la agenda y pone a medio mundo a discutir temas intrascendentes en algunos casos, relevantes en otros, pero no fundamentales: su declaración de rentas y de bienes, la entrega de balones a los niños en un municipio afectado por el terremoto, la fundación de su esposa, la construcción de sedes presidenciales alternas, la utilización del helicóptero, la reversión del anuncio de nombramiento de director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la burla al cumplimiento de la orden de tutela sobre la inclusión de manifestaciones religiosas en la posesión presidencial, etc.

Adicionalmente, ha ido tomando decisiones políticas significativas y con implicaciones sustanciales para la garantía de derechos como el reconocimiento de los Altos del Golán, el acercamiento a Israel y la alineación-sumisión al Gobierno de los Estados Unidos, la censura de periodistas, las medidas para instaurar narrativas religiosas en el Ministerio de Educación y el Instituto de Bienestar Familiar que son la base para restringir derechos de grupos poblacionales. Todas estas decisiones son significativas y el Pacto Histórico, como la principal fuerza política de Colombia, debe reaccionar, criticar y tratar de revertir.

Pero en medio de todo esto pasa a un segundo plano el conflicto principal dentro de la sociedad capitalista. La apropiación de la clase capitalista, y dentro de ella de una fracción poderosa, de los ingresos y la riqueza del país, a costa de los bajos ingresos y la pobreza y la miseria de millones de trabajadores. A pesar de los avances obtenidos durante el Gobierno del Pacto Histórico en materia de reducción de la pobreza monetaria, incremento de la clase media según ingresos y aumento del empleo, la situación sigue siendo terrible para millones de trabajadoras y trabajadores.

En una tragedia originada en un fenómeno natural como un terremoto, pero agravada por condiciones sociales y económicas, se observa el daño evidente en vidas humanas, en heridos, en destrozo de viviendas, de infraestructura educativa y de salud y de obras públicas, de pérdida de actividades económicas, etc. Estos hechos generan la solidaridad de buena parte de la población incluyendo las contribuciones de los grandes millonarios, que aunque donan cifras absolutas enormes son porcentualmente apenas una fracción infinitesimal de su riqueza y de sus ingresos.

Sin embargo, no se observa una compasión y solidaridad similar frente a una tragedia nacional permanente y de alguna manera silenciosa y menos dramática y visible, como es la pobreza de millones de personas y sus consecuencias en su calidad de vida en diferentes dimensiones. Las cifras con corte a 3 de septiembre de 2026 de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGR) muestran lo siguiente: 331 personas fallecidas, 4.519 heridas, 293.743 familias y 466.606 personas afectadas, 36.336 viviendas destruidas y 201.010 viviendas averiadas, 5.889 edificios averiados y 709 colapsado, 400 centros de salud y 4292 centros educativos afectados. Todo lo anterior en 16 departamentos y 498 municipios impactados. Es grave y amerita todas las acciones de atención y reconstrucción.

Pero sin terremotos en la sociedad colombiana ocurren “normalmente” fenómenos como los siguientes: casi 5 millones de personas no tienen ingresos suficientes para comprar una canasta básica de alimentos que les asegure las calorías necesarias para tener condiciones adecuadas de salud; si una familia no tiene siquiera para comprar los alimentos básicos no es difícil imaginar las condiciones de calidad de su vivienda, sus muebles y otros enseres, la ropa y las posibilidades de acceder a otros bienes y servicios. Este desastre afecta a todos los departamentos y municipios del país.

La inseguridad alimentaria grave o moderada afecta al 21 % de la población, la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años es 4,34 y cientos de miles de personas no pueden tomar tres comidas al día. El 25,6 % de los hogares del país sigue en situación de déficit habitacional. Todos estos datos muestran una catástrofe nacional de inmensas magnitudes que por ser cotidiana, persistente y silenciosa se ha naturalizado.

Además, indica la existencia de un estado de cosas inconstitucional. Por ejemplo, según la Constitución, todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. Si algún visitante extranjero hace un viaje en algún metrocable de Bogotá y Medellín observará unas condiciones precarias de la calidad de las viviendas; una turista después de mirar desde el aire, atenta y silenciosamente hace algunos años, en una de estas ciudades preguntó, con ingenuidad pero razonablemente, al ver las construcciones en ladrillo, los techos con varillas, las casas sin terminar ¿qué paso aquí? ¿Hubo una explosión? O ¿un terremoto? La respuesta es sí y no. No fue una explosión, no fue un terremoto. Pero los efectos son muy parecidos. Ha sido una catástrofe continua, un suceso permanente que produce destrucción y daño.

Esta catástrofe es producto del funcionamiento normal del capitalismo.

En su informe sobre la productividad total de los factores, documento que se utiliza en la Comisión de Concertación Salarial, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) presenta información sobre los ingresos de la población ocupada en Colombia, con base en la GEIH [1]. Para el tercer trimestre de 2025 sobre un total de 23,3 millones de personas ocupadas el 49 %, casi la mitad, ganaba menos de 1 salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), es decir, menos de $1.423.500 y un 10,3% adicional, ganaba 1 SMMLV. Es decir, el 60 % de las personas ocupadas gana como máximo 1 SMMLV.

Si se tratara de hogares unipersonales, de acuerdo con el DANE, un trabajador con este ingreso no sería considerado pobre (el límite era $482.041) y tampoco vulnerable, sería considerado clase media. En términos absolutos en esa fecha las personas que ganaban el equivalente de 1 SMMLV eran 2,4 millones (pero hay que tener en cuenta que aquí hay trabajadores asalariados y por cuenta propia). Entre 1 y 2 SMMLV se encontraba el 26,1 % de los ocupados.

Si sumamos los tres primeros niveles vemos que el 85,3 % de las personas ocupadas en Colombia ganaba en esa fecha menos de 2 SMMLV ($2.847.000), una cifra ínfima. Entre 2 y 3 SMMLV se encontraba un 6,8%. Y por encima de 3 SMMLV ($4.270.500) solamente 6,7 %, es decir, 1.558.000 personas.

 

La situación entre trabajadores asalariados y por cuenta propia

 La población ocupada era 23,3 millones, distribuida en 12,9 millones de asalariados y 10.4 millones de trabajadores por cuenta propia. Entre los asalariados el 32,3 % ganaba menos de 1 SMMLV y entre los cuenta propia 69,5 %, más del doble, mostrando su mayor precariedad en materia de ingresos. Si se suman los que ganan menos de 1 y 1 SMMLV se observa que se encuentra en esta situación el 50 % de los asalariados y el 88,4 % de los cuenta propia.

Conclusión, la mitad de los trabajadores asalariados se encuentra en los niveles más bajos de ingreso, y casi el 90 % de los cuenta propia. En el otro extremo, solo el 8,5 % de los asalariados y l 4,5 % de los cuenta propia gana más de 3 SMMLV.

La gran masa de la población trabajadora colombiana tiene ingresos muy bajos.  Por eso los niveles de pobreza monetaria siguen siendo muy elevados, a pesar de que han bajado en los últimos años. Esto se expresa en deficientes condiciones de vida. Los bajos ingresos son la razón inmediata de la catástrofe.

Al mismo tiempo la gran masa de trabajadores asalariados genera un excedente bruto de explotación enorme y las ganancias de las empresas capitalistas siguen siendo extraordinarias. Los trabajadores por cuenta propia también contribuyen al enriquecimiento de los capitalistas.

El tema político prioritario debería ser el mejoramiento de los ingresos de la población trabajadora más pobre, la eliminación de la pobreza extrema, la pobreza y la vulnerabilidad. Es un mandato constitucional incumplido sistemáticamente. Llevamos 35 años de la Constitución de 1991 y todavía no se cumple. Las promesas de desarrollo económico no se han cumplido, ni el modelo intervencionista ni el modelo neoliberal ha logrado un crecimiento económico. Seguimos lejos de Japón y de Corea, incluso de Brasil y de Argentina.

Mientras no haya un crecimiento suficiente que beneficie a todos los trabajadores, se necesitan transferencias y redistribución. Esto lo dijo recientemente la excongresista uribista Paloma Valencia. No hay de otra. El Pacto Histórico lo demostró: aun con crecimiento bajo del PIB tuvo resultados interesantes pero insuficientes. Plata si hay. Pero está mal distribuida.

El Pacto Histórico debería tomar la iniciativa en algunos de estos asuntos y tratar de poner la agenda. En la división del trabajo entre los congresistas del Pacto y en el Gabinete en la Sombra (Gabinete por la Vida), algunos miembros deberían especializarse en el análisis, formulación de propuestas, agitación política, crítica a las acciones del Gobierno.

A corto plazo hay dos asuntos sobre los cuales es necesario actuar desde el partido y promoviendo la movilización social correspondiente: 1) el aumento del salario mínimo para 2027 y en particular la discusión y propuestas sobre el salario vital; 2) las transferencias monetarias para la población más pobre, asunto que hay que examinar en el Presupuesto General de la Nación que se está discutiendo para 2027. Es necesario alertar a los trabajadores sobre las perspectivas.

Claramente, el Gobierno de Abelardo de la Espriella va a destripar el salario vital e intentará reducir los ingresos de los trabajadores y su participación en el valor agregado nacional. El impuesto al patrimonio no debe reducirse, por el contrario debe aumentar y destinarse a transferencias que impulsen la eliminación de la pobreza extrema. 

[1]  https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PTF/pres-PTF-Productividad-IIItrim2025.pdf; disponible en: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PTF/pres-PTF-Productividad-IIItrim2025.pdf