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En Colombia “se perfila una redistribución del costo del ajuste: menos exigencia tributaria a quienes poseen mayor capacidad contributiva y más presión sobre el gasto, los servicios públicos, la inversión y la deuda futura”, expone en su más reciente columna de opinión en el portal Confidencial Noticias, la excongresista y exministra Clara López Obregón.
La dirigente política recuerda que, según la Carta Política de 1991, Colombia es un Estado Social de Derecho y por lo tanto no se puede invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar derechos fundamentales. Este imperativo constitucional ha sido reforzado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en su Resolución 2 de 2026, “adoptada en abril, establece que impuestos, gasto, presupuesto, deuda y ajuste fiscal deben examinarse desde los derechos humanos. Invoca progresividad, no regresividad, utilización del máximo de recursos disponibles, protección de mínimos esenciales e igualdad”.
La exministra López Obregón alerta que el país bajo el Gobierno del cuestionado abogado Abelardo de la Espriella se encuentra ante una “erosión democrática” en materia de garantías sociales y derechos fundamentales. Tal erosión, sostiene, no siempre se inicia cerrando órganos legislativos o persiguiendo opositores, comienza de manera más discreta: “redefiniendo qué debe hacer el Estado y cuáles derechos puede permitirse garantizar”.
El texto de la columna periodística es el siguiente:
Contrarrevolución de la Revolución francesa
POR CLARA LÓPEZ OBREGÓN
La erosión democrática no siempre comienza cerrando el Congreso o encarcelando opositores. A veces empieza de manera mucho más discreta: redefiniendo qué debe hacer el Estado y cuáles derechos puede permitirse garantizar.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, lo dijo con una franqueza que merece atención: muchos gastos están “amarrados” a la Constitución y la ley; para reducirlos habrá que cambiar esas normas. Y resumió el propósito en cuatro palabras: “Necesitamos adelgazar el Estado”.
Ahí empieza un debate que excede por mucho la contabilidad presupuestal.
Colombia necesita un ajuste fiscal. Las cifras son graves y negarlas sería irresponsable. Pero un ajuste nunca es neutral: siempre responde dos preguntas políticas. ¿Quién paga? y ¿Qué se protege? El proyecto de Presupuesto de 2027 ya ofrece una respuesta. Frente al presentado por el Gobierno Petro, reduce ingresos corrientes, aumenta extraordinariamente el endeudamiento y recorta inversión. Al mismo tiempo, abandona como eje una financiación tributaria progresiva y anuncia que el ajuste futuro descansará principalmente sobre el gasto.
No se trata entonces únicamente de austeridad. Se perfila una redistribución del costo del ajuste: menos exigencia tributaria a quienes poseen mayor capacidad contributiva y más presión sobre el gasto, los servicios públicos, la inversión y la deuda futura.
Pero la Constitución de 1991 puso límites precisamente a esa opción.
Colombia no se definió simplemente como una república con economía de mercado. Se constituyó como Estado Social de Derecho. Y cuando en 2011 se incorporó la sostenibilidad fiscal a la Constitución, el artículo 334 dejó establecido que esta debía ser un instrumento para realizar progresivamente los fines del Estado social, no para desmontarlos. La norma llega a prohibir que cualquier autoridad invoque la sostenibilidad fiscal para menoscabar derechos fundamentales. Eso dicen la Constitución y los principios de progresividad y no regresividad de la jurisprudencia constitucional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de reforzar esos principios. Su Resolución 2 de 2026, adoptada en abril, establece que impuestos, gasto, presupuesto, deuda y ajuste fiscal deben examinarse desde los derechos humanos. Invoca progresividad, no regresividad, utilización del máximo de recursos disponibles, protección de mínimos esenciales e igualdad.
Por eso la frase del Ministro merece mucha más atención de la que ha recibido. Una cosa es revisar gasto ineficiente, burocracia innecesaria y privilegios. Otra completamente distinta es considerar que el problema son las obligaciones constitucionales que convierten salud, educación, seguridad social y dignidad en derechos exigibles.
Tal vez estamos interpretando equivocadamente la contrarrevolución contemporánea. No es principalmente la revancha contra la Revolución rusa de 1917, el comunismo o la lucha de clases. Es contra algo más antiguo.
Es la contrarrevolución contra 1789.
Cuenta una célebre —aunque al parecer apócrifa— anécdota que cuando Zhou Enlai fue interrogado en 1972 sobre las consecuencias de la Revolución francesa respondió: “Es demasiado pronto para saberlo”. En realidad, todo indica que Zhou creyó que le preguntaban por Mayo del 68. Pero la frase sobrevivió al equívoco porque contenía una intuición poderosa: dos siglos después, la disputa abierta en 1789 no había terminado.
La Revolución francesa introdujo en la política moderna una idea explosiva: las personas no reciben concesiones graciosas del gobernante; poseen derechos. Fueron inicialmente derechos incompletos —Olympe de Gouges tuvo que denunciar que aquella universalidad dejaba por fuera a las mujeres—, pero de allí nació una corriente que atravesó dos siglos hasta llegar a los derechos sociales, el Estado de bienestar y el sistema internacional de derechos humanos.
El nuevo oscurantismo no necesita eliminar las elecciones. Le basta con conservarlas mientras transforma nuevamente los derechos en favores sujetos a disponibilidad presupuestal. Hoy empezamos a entender hasta qué punto era prematuro dar por definitivamente ganada aquella revolución. Cuando un ministro de Hacienda plantea que para reducir el Estado es necesario desatar de la Constitución los gastos que materializan derechos -y recibe aplauso cerrado de la asamblea de los banqueros- la discusión vuelve a ser la misma: si los derechos son obligaciones del poder público o concesiones subordinadas a la decisión política de no cobrar los impuestos necesarios a quienes tienen capacidad para pagarlos.
La pregunta democrática detrás del Presupuesto de 2027 es entonces mucho mayor que cuánto recortar.
Es qué clase de Estado seguirá siendo Colombia después del ajuste, si el Congreso y la Corte Constitucional no son capaces de contener esta contrarrevolución contra el Estado Social de Derecho.
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