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En su más reciente columna periodística para el portal Confidencial Noticias, la excongresista y exministra Clara López Obregón llama la atención sobre uno de los elementos de la nueva política de orden público del Gobierno de Abelardo en lo atinente a la restricción de la protesta social y dentro de ese marco el anunció de un protocolo para permitir actuaciones policiales en los campus universitarios.
En ese sentido, señala, en Colombia “las restricciones a la protesta están reservadas a la ley; su regulación integral y las limitaciones que comprometan sus elementos esenciales requieren ley estatutaria, con mayorías especiales y control previo de la Corte Constitucional”. Por lo tanto, “la potestad reglamentaria para establecer reglas de cómo debe actuar la Policía no permite crear nuevas causales para restringir un derecho”.
Por ello la dirigente política exhorta a impedir que, “so pretexto de enfrentar la violencia de algunos, se reduzcan las garantías de todos y se vacíe de contenido el derecho a la protesta legítima y, por esa vía, a la democracia misma”.
El texto del comentario periodístico es el siguiente:
La democracia no se despeja
POR CLARA LÓPEZ OBREGÓN
Cuando fui Secretaria de Gobierno de Bogotá planteamos una manera distinta de entender la protesta. Creamos gestores de convivencia formados en mediación y solución pacífica de conflictos; instalamos puestos de mando unificado con participación de líderes de las movilizaciones; acompañamos a los organizadores para prevenir infiltraciones y evitar que la violencia de unos pocos sirviera para justificar la dispersión de todos. Hubo jornadas en las que policías, miembros del ESMAD y manifestantes terminaron abrazándose. Era una concepción humana del orden público: proteger la protesta para evitar que el conflicto escalara.
Con los años, parte de esa filosofía pasó a la institucionalidad. La jurisprudencia estableció garantías tales como aceptar que ocupar temporalmente una vía no convierte una protesta en violenta; que su disolución exige una perturbación grave e inminente y la ausencia de medios menos lesivos y que la violencia debe individualizarse, sin atribuirla indiscriminadamente a toda la movilización.
El proyecto con el que el Gobierno pretende modificar el Decreto 003 de 2021 conserva varias de esas garantías. Sin embargo, al introducir conceptos como “afectación grave a terceros”, “infraestructura crítica” y “agotamiento del diálogo” para definir condiciones de intervención policial, el Ejecutivo estaría excediéndose en su facultad reglamentaria que no le habilita para convertir esas fórmulas en motivos para restringir la protesta.
La preocupación se extiende a las universidades. El presidente de la Espriella anunció un protocolo para permitir actuaciones policiales en los campus ante violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público. A ello, congresistas de la bancada de gobierno se suman con la llamada “Ley Anticapuchos” que aumenta las sanciones para determinadas conductas que lleguen a ser cometidas ocultando la identidad.
Ambos frentes encuentran límites que el Gobierno no puede eludir mediante protocolos. Las restricciones a la protesta están reservadas a la ley; su regulación integral y las limitaciones que comprometan sus elementos esenciales requieren ley estatutaria, con mayorías especiales y control previo de la Corte Constitucional (C-223 de 2017). La potestad reglamentaria para establecer reglas de cómo debe actuar la Policía no permite crear nuevas causales para restringir un derecho.
La autonomía universitaria también tiene protección constitucional y reserva de ley que protege la capacidad de gobernarse frente a injerencias indebidas, dentro de la Constitución y la ley (artículo 69 Constitución Política; T-205 de 2026). Esa reserva no es automáticamente estatutaria. Pero cuando la intervención se regula mediante restricciones a los elementos esenciales de derechos fundamentales como lo es la protesta, debe respetarse también esta garantía reforzada. Un protocolo policial no puede sustituir al Congreso ni vaciar de contenido a la autonomía universitaria.
Estas reservas obligan a someter las restricciones al debate democrático y al control constitucional correspondiente. Tampoco basta expedir una ley. Incluso el legislador debe respetar el contenido esencial de los derechos. La universidad está sometida al orden jurídico, pero enfrentar delitos no habilita una intervención general sobre su vida académica, su campus o su gobierno.
Colombia ha construido garantías para dialogar, diferenciar y proteger la protesta como derecho democrático y extensión del derecho a libre expresión, sin los cuales la democracia pierde su contenido y su esencia. El Estado puede y debe actuar frente a la violencia, con fundamento constitucional, legal y medidas necesarias y proporcionadas. Lo que debemos impedir es que, so pretexto de enfrentar la violencia de algunos, se reduzcan las garantías de todos y se vacíe de contenido el derecho a la protesta legítima y, por esa vía, a la democracia misma.
https://confidencialnoticias.com/, Bogotá.
