POR OMAR ROMERO DÍAZ /
Hay cosas que deben decirse de manera clara y sencilla: la plata de las pensiones no es de los gobiernos, no es de los bancos y tampoco es de los fondos privados. Esa plata pertenece a millones de trabajadores que durante años han entregado una parte de su salario para garantizar una vejez digna.
La Constitución Política colombiana, en su artículo 48, establece que la seguridad social es un derecho irrenunciable y que el Estado tiene la obligación de dirigir, vigilar y controlar el sistema pensional. Esto significa que los recursos de las pensiones tienen una protección especial y no pueden ser tratados como una simple mercancía financiera.
El trabajador tiene derecho a exigir control
La Constitución establece que el Estado debe dirigir, coordinar y controlar el sistema. La Ley 100 de 1993 desarrolló el régimen pensional. La regulación financiera establece reglas para la administración y la inversión de los recursos. Y la jurisprudencia constitucional ha construido una protección reforzada alrededor del derecho a la seguridad social, el mínimo vital, la dignidad humana, la información y los derechos adquiridos.
Por eso los trabajadores y pensionados tienen razones jurídicas para exigir: transparencia; información; vigilancia; control; gestión responsable; protección frente a riesgos excesivos; y garantía efectiva del derecho pensional.
Una advertencia frente al poder financiero
La Corte Constitucional ha sido clara: los fondos privados administran los recursos, pero no son sus dueños. Además, tienen el deber de informar con transparencia, actuar con responsabilidad y proteger el ahorro de los afiliados. La pensión no es un negocio cualquiera; es el resultado de toda una vida de trabajo.
Por eso, cada vez que se propongan cambios sobre el manejo de los ahorros pensionales, los trabajadores y pensionados tienen derecho a preguntar: ¿dónde se invierte la plata? ¿Quién toma las decisiones? ¿Qué riesgos existen? ¿Cómo se protege el ahorro de millones de colombianos?
No se trata de estar a favor o en contra de un gobierno o de un fondo privado. Se trata de defender un principio elemental de justicia: el dinero de las pensiones tiene una finalidad sagrada, garantizar el derecho a vivir con dignidad durante la vejez.
Detrás de cada peso ahorrado hay un obrero, un maestro, una enfermera, un campesino, un empleado o un pensionado que trabajó durante décadas.
Por eso, la plata de las pensiones debe administrarse con transparencia, vigilancia y responsabilidad. Porque la vejez de los trabajadores no puede convertirse en un negocio para unos pocos.
Debe seguir siendo un derecho protegido por la Constitución y defendido por toda la sociedad.
«Las pensiones no son un favor del Estado ni un negocio de los fondos: son el ahorro y el derecho de quienes construyeron el país con su trabajo».
