POR CATALINA OQUENDO B. /

Era previsible. El hoy presidente Abelardo de La Espriella hizo campaña prometiendo acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). No era una promesa fácil porque la JEP, la justicia transicional que investiga los crímenes cometidos por exguerrilleros de las FARC y por militares en medio del conflicto, está protegida constitucionalmente y amparada por tribunales internacionales; pero más de un mes después de mandato, el Gobierno, a través de senadores oficialistas, ha decidido avanzar en la batalla por la vía del Congreso y plantear la discusión en términos económicos, bajo el supuesto argumento de que esta jurisdicción es costosa para el país.

Enrique Gómez, el ultraconservador congresista por Salvación Nacional, radicó un proyecto de ley que quiere reducirle el presupuesto a la JEP en 100.000 millones y que este dinero vaya a la justicia ordinaria.

El Gobierno ha dicho en la noche del pasado martes 22 de septiembre que el recorte debería ser mayor, de 170.000 millones. Al mismo tiempo, otro proyecto del uribista Centro Democrático busca que la Justicia Penal Militar revise las sentencias de la JEP sobre militares. Una justicia que, de acuerdo con las investigaciones, facilitó la ocurrencia de los denominados “falsos positivos”.

Así se dio la largada del debate y el Presidente tomó la posta en sus redes haciendo énfasis en la otra pata de las críticas. “Durante años se le reclamó la ausencia de sentencias. Las primeras decisiones restaurativas llegaron tardíamente, en 2025, y considero que el volumen de sus resultados judiciales no corresponde con el tamaño de su aparato burocrático”, escribió De la Espriella, que soltó una cifra que ya se repite en redes: “3 billones de pesos” desde 2018.

De repente, decenas de opinadores que jamás han seguido los procesos en la jurisdicción, ni las audiencias en las que exguerrilleros de las FARC han admitido los crímenes cometidos o en la que militares reconocieron haber asesinado civiles, se dedicaron a criticar lo que llaman un tribunal sesgado a favor de la extinta guerrilla. Olvidan que las sanciones propias -o las condenas que serían sin encarcelamiento- aplican para exguerrilleros y también para militares. Ambos pueden acceder a esos beneficios jurídicos a cambio de aportar verdad.

Otros panelistas de ultraderecha aseguraron con comodidad que la JEP no es más que “teatro”, pero omitieron reparar en que 296 familias encontraron a sus desaparecidos gracias a las verdades que pronunciaron esos victimarios ante la jurisdicción. En el caso de los militares, estos confesaron cómo habían utilizado los cementerios católicos para desaparecer personas. Debido a eso han sido exhumados 108 cuerpos. Lo que para los opinadores bogotanos de derecha es decorado, para muchas víctimas en territorios alejados, es realidad y el cierre de un dolor de muchos años.

En un país de tantas víctimas -la JEP ha escuchado a 4.300 víctimas de secuestro- pocas se han pronunciado sobre el debate. Algunas conocidas como Sigifredo López, diputado del Valle que fue secuestrado por las FARC, o los tradicionales críticos como Ingrid Betancourt, seguidores de De la Espriella, apoyan la eliminación de la JEP. Muchas de ellas tienen las mismas quejas desde el diseño de la institución y las reactivaron ahora. Para ellos, la jurisdicción no proporciona justicia porque los exguerrilleros no van a la cárcel.

De otro lado, víctimas de crímenes de Estado como las madres de los “falsos positivos” se reunieron en el Congreso para mostrar su apoyo a la Jurisdicción.

Si el debate es de dinero, argumenta la JEP, lo que se ha gastado la jurisdicción desde su creación no llega a ser el presupuesto de la Fiscalía de un solo año. El presupuesto anual, agrega la entidad, equivale al 35 % del de la Procuraduría o el 11 % del de la Fiscalía. La institución dice que ellos reúnen el trabajo de seis entidades.

“Investigamos como la Fiscalía, juzgamos como la rama judicial, verificamos el cumplimiento de sentencias como lo hacen los jueces de ejecución de penas, ofrecemos seguridad a las víctimas y comparecientes como la Unidad de Protección, garantizamos representación jurídica a víctimas y a comparecientes, como la Defensoría del Pueblo, brindamos acompañamiento psicojurídico como el Ministerio de Salud”, dice un documento de la JEP.

Y si es de hallazgos, la jurisdicción informa que debido a los procesos en la institución se han tomado 3.618 decisiones con efectos de sentencia y que gracias a la investigación de más de 6 millones de archivos se sabe que las Farc reclutaron a 18.677 menores de edad en su historia reciente y que el Ejército participó de 7.837 ejecuciones extrajudiciales de civiles.

En rueda de prensa, el presidente la jurisdicción, Alejandro Ramelli, planteó también que “la JEP recibió los casos que investiga con una tasa de impunidad del 90 %” y que un eventual debilitamiento de la entidad podría afectar más puntualmente a los militares que verían perjudicada su seguridad jurídica. Unos 7 mil soldados, suboficiales y oficiales que han cometido crímenes se verían afectados.

“La Fuerza Pública está solicitando medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y defendiendo la JEP”, dijo el magistrado.

El País, España.