POR HERNÁN VIUDES
Abelardo de la Espriella de Colombia y Keiko Fujimori de Perú son dos líderes favorecidos por la administración Trump que encarnan su alianza con la extrema derecha. Los nuevos mandatarios de estos dos países andinos se han posicionado como fervientes partidarios del actual inquilino de la Casa Blanca y como tal respaldan a pie juntillas la estrategia «Escudo de las Américas» que presagia un retorno a una era de neocolonialismo exacerbado.
Según el Departamento de Estado, en el marco de la iniciativa Escudo de las Américas, una «coalición histórica de naciones trabajará en conjunto para impulsar estrategias que detengan la injerencia extranjera en nuestro hemisferio, las bandas criminales y narcoterroristas, los cárteles y la inmigración ilegal y masiva».
Históricamente, la injerencia política de Estados Unidos en Centroamérica y Sudamérica se ha disfrazado bajo los eufemismos de la defensa de la democracia, la libertad, el progreso y la lucha contra el narcotráfico, en lo que considera «su territorio», es decir, todo el continente americano.
Solo se ha actualizado la figura del enemigo “comunista”, pasando de la extinta URSS a la emergente China.
Colombia y Perú firmaron su adhesión tras la toma de posesión de los nuevos gobiernos este verano.
Con respecto a Colombia, la revista CovertAction (CAM) informó que “De la Espriella es abogada de narcotraficantes en los Estados Unidos y del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien fue sentenciado a 12 años de arresto domiciliario en julio de 2025 luego de ser declarado culpable de cargos de soborno y fraude relacionados con sus esfuerzos por ocultar su participación con grupos paramilitares, que cometieron atroces crímenes de guerra en la represión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de izquierda”.
En un caso de déjà vu durante su primera semana en el cargo, de la Espriella ordenó una dura represión que acabó con la vida de cuatro miembros de una facción disidente de las FARC, acusada de perpetrar un atentado con coche bomba tras su investidura.
Adam Isaacson, director de la Oficina de Washington para América Latina, dijo que De la Espriella estaba “tratando de entusiasmar a la gente… de una manera similar a la lucha libre profesional para apelar a los instintos más básicos de la gente” [1].
Según The New York Times, «esa imagen [de De La Espriella posando con los cadáveres] tiene un peso particular en Colombia. Durante décadas de conflicto armado, la práctica militar de medir el éxito por las bajas enemigas produjo uno de los escándalos de derechos humanos más oscuros del país: los soldados mataron a casi 8.000 civiles y luego los presentaron como guerrilleros muertos en combate para inflar su número de víctimas».
El predecesor de De la Espriella, Gustavo Petro (2022-2026), había suspendido las operaciones militares y promovido conversaciones de paz con las FARC y otros grupos rebeldes de izquierda, lo que condujo a una reducción de la violencia en Colombia durante su mandato presidencial [2].
Por su parte, Keiko Fujimori es hija del exdictador peruano Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, homicidio agravado y secuestro.
Las administraciones de Bush padre y Clinton apoyaron firmemente a Fujimori en su brutal guerra contra el grupo izquierdista Sendero Luminoso, proporcionándole abundante armamento y asistencia en materia de seguridad bajo el pretexto de la Guerra contra las Drogas.
Entre 1993 y 1998, el mayor monto de ayuda estadounidense se destinó a Perú, país que Fujimori impulsó políticas de privatización a gran escala y reducción de impuestos en el sector minero, donde corporaciones estadounidenses como Phelps-Dodge tenían millas de millones de dólares en inversiones. [3]
Keiko planea continuar el legado de su padre impulsando una «agenda minera a favor de la inversión» que incluye un mecanismo de aprobación «acelerado» para proyectos estratégicos e incentivos fiscales para las corporaciones mineras extranjeras que ayudarán a debilitar al sector público peruano.
Al igual que de la Espriella, Keiko llegó al poder en unas elecciones muy cuestionadas y marcadas por acusación de injerencia estadounidense.
Tanto las elecciones colombianas como las peruanas se decidieron en una segunda vuelta muy reñida.
Se necesitaron varios días para confirmar a los ganadores, y las dudas sobre la transparencia del recuento de votos persisten hasta el día de hoy.
El expresidente Petro advirtió en Ciudad de México sobre el uso de algoritmos, bots y herramientas de inteligencia artificial en los procesos electorales. Aseveró que dichos mecanismos podrían influir en las próximas elecciones presidenciales de Brasil en octubre y en las elecciones intermedias de México en 2027.
Según Petro, los algoritmos vinculados al software israelí de recuento de votos podrían haber intervenido en las elecciones de su país. Supuestamente, estos sistemas permitieron calcular rápidamente los posibles votos faltantes y modificar los resultados; es decir, lo que se conoce como «tecnofascismo».
En su presentación, también mencionó empresas y herramientas tecnológicas como Palantir, propiedad del multimillonario Peter Thiel. «La corriente de pensamiento que domina el mundo hoy a través de proyectos de sistemas de software se nos inculca a diario. Estos métodos gozan de legitimidad entre la clase política que actualmente gobierna Estados Unidos», denunció Petro.
Supuestamente, una red de dos millones de bots intervino en el debate público para favorecer a de la Espriella. La intervención ya había comenzado antes de la primera vuelta, cuando el objetivo era concentrar el voto de derecha en torno a su candidatura, en detrimento de la candidata de Álvaro Uribe Vélez, Paloma Valencia, que quedó eliminada en la segunda vuelta.
Petro afirmó que esta supuesta operación fue supervisada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, bajo la dirección del secretario de Estado Marco Rubio. «Es el sistema que quieren expandirse», aseveró Petro, e incluyó a Perú y Chile entre los países afectados.
En su opinión, dinámicas similares influyeron en las victorias de Keiko Fujimori en Perú y José Antonio Kast en Chile.
En Perú, la diferencia entre el candidato de derecha y el de izquierda Roberto Sánchez fue de tan solo 49.641 votos. Fujimori obtuvo el 50,13% de los votos válidos, mientras que Sánchez recibió el 49,86 %. En Colombia, el porcentaje fue del 49,66 % para de la Espriella frente al 48,70 % para Iván Cepeda, candidato de Gustavo Petro.
La privatización del recuento de votos
Sergio Pascual, ingeniero de telecomunicaciones, antropólogo e investigador de Celag Data, detalló dos acontecimientos políticos en Perú que marcaron el recuento de votos y el traspaso de boletas desde el extranjero. «El 21 de abril de 2026, apenas 10 días después de la primera vuelta, Piero Corvetto, hasta entonces un respetado jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, renunció inesperadamente. Casualmente, la Junta Nacional de Justicia acababa de abrir una investigación preliminar en su contra. Los miembros de la JNJ [Junta Nacional de Justicia —partido de derecha— habían sido elegidos para el período 2025-2030 por una comisión parlamentaria especial controlada por Fuerza Popular [fujimorismo] y sus aliados”, afirmó.
Por otro lado, pero en la misma línea, a partir de la segunda vuelta, «los cónsules transportarían los votos a Lima en valijas diplomáticas y allí se ‘contarían’. Por primera vez, los votos del extranjero permanecerían sin examinar durante más de 24 horas después de las elecciones», explica Pascual.
El ministro de Relaciones Exteriores era el fujimorista Carlos Pareja, responsable de garantizar que las actas de escrutinio del voto en el extranjero no se digitalizarán, sino que se transportarán al país. «Durante el nuevo proceso de transporte de los votos, se registraron numerosas irregularidades. Algunos de los cientos de millas de votos llegaron en valijas diplomáticas, pero muchos otros llegaron en lo que parecían ser maletas comunes facturadas en diferentes aerolíneas, rompiendo gravemente la cadena de custodia de las papeletas».
Si bien históricamente estos eran los primeros resultados que se conocían en cada elección —debido a la diferencia horaria—, los votos del extranjero fueron los últimos en contarse, y fueron los que inclinaron la balanza a favor de Keiko Fujimori: ella obtuvo el 63 % de esos votos (194.625), en comparación con el 37 % (113.307) de Sánchez.
Sergio Pascual concluye que, “en ninguna de estas etapas —desde la recepción telefónica hasta la publicación de los resultados— intervienen directamente los funcionarios estatales: todo el proceso posterior a la votación es operado íntegramente por contratistas y empresas privadas”.
Entre tanto, según Petro, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas de junio hubo un “fraude electoral algorítmico y sistemático que involucró un enorme volumen de votos”, supuestamente orquestado desde el extranjero contra el candidato de izquierda Cepeda.
El expresidente afirmó que “dinero extranjero y empresas extranjeras con capacidad para modificar algoritmos” interfirieron en el resultado del proceso electoral.
Las “nuevas” políticas
Así, Colombia se suma a la ola de gobiernos de extrema derecha en Sudamérica. Perú ya formó parte de ella, con su crónica inestabilidad política —11 presidentes en los últimos 16 años— pero con estabilidad económica: el mismo presidente del Banco Central, Julio Velarde Flores, asumió el cargo en 2006 y permanecerá en él al menos hasta 2031.
El resultado de esta “contradicción inestable” es que quien nace pobre probablemente morirá en esa condición: Perú es el país más desigual de Sudamérica y el cuarto más desigual del mundo: el 0,1 % más rico de la población concentra el 22 % del ingreso nacional, mientras que 13,9 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria moderada o grave, según el informe de la Base de Datos Mundial sobre la Desigualdad.
Ambos países están ahora alineados con Estados Unidos y, junto con Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia y Paraguay, conforman el Escudo de las Américas. Venezuela permanece prácticamente bajo intervención, al igual que Uruguay y Brasil, a menos que Flávio Bolsonaro gane las próximas elecciones.
En varios de estos países, el asesor de redes sociales y lobista con fuertes vínculos con la Casa Blanca, Fernando Cerimedo, actualmente encarcelado en Bolivia, utilizó un papel central en las campañas y gobiernos de Brasil —con Jair Bolsonaro—, Argentina, Bolivia y Chile, donde la Cámara de Diputados abrió una comisión de investigación sobre sus vínculos con Kast.
Cerimedo era considerado cercano al secretario del Estado Rubio. La base de datos completa de la disuelta Cambridge Analytica —disuelta por su injerencia ilegal en campañas electorales— fue adquirida por 140 millones de dólares por Brad Parscale, exjefe de campaña presidencial y gurú digital de Trump, bajo la dirección política de Steve Bannon. En marzo de 2025, Cerimedo fue designado su representante exclusivo para su explotación en América Latina y el Caribe.
Desde el Pacto Histórico, el espacio político de Petro y Cepeda, la exsenadora Clara López Obregón explica a CAM que «la publicidad de De la Espriella contradice el pluralismo, el laicismo y la diversidad, pilares de la fórmula democrática colombiana. Además, su política exterior, en las medidas que ha impulsado, está totalmente alineada con Donald Trump, quien ya no respeta la autodeterminación de los pueblos ni siquiera los derechos fundamentales de soberanía. Un terremoto que afectó gran parte del occidente del país ha paralizado el desarrollo de la agenda para abordar el desastre, pero ya se vislumbra el camino hacia la ‘reinstauración de Dios en las escuelas’, su privatización, incluso entregándolas a organizaciones evangélicas, el retroceso en los avances para las mujeres y la población LGBTI, y el retorno a medios autoritarios como solución al conflicto social y armado perenne».
Como ya se ha revelado en CAM, “la administración Trump está convirtiendo a Colombia en un elemento central de su ‘Guerra contra las Drogas’”.
El antiguo Plan Colombia ha sido reformulado como Plan Patriota 2.0. Para el experto en relaciones internacionales y teniente coronel retirado del Ejército estadounidense Albert Marckwardt, «forma parte de una estrategia regional para hacer frente a lo que Estados Unidos considera una amenaza».
Por su parte, el activista social y abogado Rodrigo Cruz afirma: «El Gobierno de Keiko Fujimori representa una continuidad neoliberal. Ha solicitado al Congreso poderes delegados sobre 66 temas, pero no ha especificado cómo ni con qué propósito. Además, están las leyes de presupuesto público, equilibrio financiero y endeudamiento de 2027… Mientras tanto, los asesinatos por encargo se agravan cada vez más: recientemente, cuatro personas fueron asesinadas y un empresario minero secuestrado fue liberado tras el pago de un rescate de 2,5 millones de dólares Para la prensa local, la relación de Keiko con Cerimedo también pasa desapercibida».
Si se necesitara una confirmación adicional, el Departamento de Estado informó que «el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, viajó a Colombia, Ecuador y Perú del 8 al 10 de septiembre para fortalecer las alianzas clave de Estados Unidos en la región».
Notas
1.- Este enfoque primitivo se inspira en otros líderes de derecha como Donald Trump, quien ha difundido videos de redadas migratorias, a veces acompañados de música popular, y el presidente Nayib Bukele de El Salvador, quien ha publicado videos de reclusos siendo afeitados y conducidos a una de las draconianas prisiones salvadoreñas.
2.- Petro también redujo la extracción forzosa de hojas de coca argumentando que perjudicaba injustamente a los agricultores pobres; Negoció con grupos narcotraficantes para intentar llegar a acuerdos que redujeran la violencia y solicitaron a la ONU la despenalización de la coca, citando su uso tradicional entre los pueblos indígenas de la región andina. De La Espriella, por el contrario, ha buscado revitalizar el Plan Colombia, un enfoque militarizado fallido respaldado por Estados Unidos, y prometió reanudar la fumigación aérea de los cultivos de coca con productos químicos prohibidos en Estados Unidos que causan daños a la salud y al medio ambiente.
3.- Véase Jeremy Kuzmarov, Warmonger: How Clinton’s Malign Foreign Policy Launched the US Trajectory from Bush II to Biden (Atlanta: Clarity Press, 2024), 382.
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