POR OMAR ROMERO DÍAZ /

Narcotráfico, glifosato, deuda y subordinación: la advertencia que Gustavo Petro lanza y que todo el país debería escuchar.

Hay una pregunta que los colombianos debemos hacernos sin miedo y sin propaganda: ¿hacia dónde está llevando el nuevo Gobierno a Colombia?

El expresidente Gustavo Petro ha lanzado una fuerte advertencia frente al rumbo económico, social y de seguridad que atribuye al Gobierno ilegítimo de Abelardo de la Espriella. Sus críticas no se limitan a una disputa entre dos dirigentes políticos. Petro plantea una discusión más profunda: qué modelo de país se está construyendo y quién terminará pagando sus consecuencias.

 

Porque cuando se habla de salario, impuestos, deuda, campesinos, narcotráfico, glifosato, FMI y relaciones con Estados Unidos, no estamos hablando de asuntos aislados. Estamos hablando del modelo de nación.

¿Quién paga y quién se beneficia?

Petro sostiene que la salida económica no puede consistir en cargar el peso del ajuste sobre los trabajadores y las regiones mientras se protege a quienes concentran las mayores riquezas.

Su propuesta es sencilla de entender: salarios que permitan vivir dignamente, inversión en salud y educación, protección de la niñez y la juventud, reducción del déficit y una tributación en la que quienes más tienen aporten más.

La discusión adquiere mayor importancia porque el Gobierno del ilegítimo De la Espriella ha anunciado conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en medio de una situación fiscal compleja.

Actualmente Colombia no tiene un acuerdo nuevo con el FMI ni se conoce todavía el instrumento que buscará el Gobierno. Iniciar conversaciones no equivale a haber negociado un crédito ni, mucho menos, a tener aprobado un programa de ajuste.

Entonces aparece una pregunta elemental: ¿Colombia va a solucionar sus problemas fiscales protegiendo el bienestar de la mayoría o haciendo que los trabajadores y las regiones terminen pagando el costo del ajuste? Esa es la discusión que no puede esconderse detrás de discursos de austeridad.

El FMI no es un enemigo, pero tampoco puede ser el que gobierne. Aquí hay que ser claros.

Solicitar asistencia técnica o financiera al FMI no significa automáticamente entregar la soberanía nacional. Pero tampoco puede ignorarse que los programas de financiación internacional pueden estar acompañados de compromisos fiscales y económicos.

Según explicó el propio Gobierno, los recursos que eventualmente se obtengan mediante préstamos serían destinados a pagar vencimientos de deudas anteriores más caras, cubrir el hueco de caja y evitar un incumplimiento de la regla fiscal. La eventual negociación estaría condicionada a compromisos específicos, entre ellos ajustes fiscales y un posible aumento de impuestos.

Por eso Petro advierte sobre el peligro de que las decisiones fundamentales de Colombia terminen condicionadas por organismos financieros internacionales.

Y la pregunta vuelve a ser sencilla: ¿quién decide sobre el presupuesto colombiano: el pueblo y sus instituciones democráticas o las exigencias de los mercados y los organismos financieros internacionales?

Colombia necesita recursos, pero también necesita autonomía. Endeudarse para pagar deuda, recortar inversión social y posteriormente volver a endeudarse para cubrir los huecos fiscales no puede convertirse en un círculo permanente.

El campo no puede volver a ser el enemigo

Y llegamos al punto más doloroso: el campesino colombiano. Durante décadas, Colombia enfrentó el narcotráfico colocando buena parte de la presión sobre los territorios rurales.

Pero el campesino que cultiva coca no necesariamente es el dueño del negocio. Una cosa es el campesino atrapado en una economía ilegal por ausencia de carreteras, crédito, comercialización, tierra productiva y presencia integral del Estado. Otra muy diferente es el gran narcotraficante que controla rutas, dinero, lavado de activos y redes internacionales.

Por eso la crítica de Petro tiene un elemento que merece ser discutido: ¿por qué concentrar la guerra en el último eslabón de la cadena mientras las grandes estructuras financieras y criminales tienen capacidad para operar internacionalmente?

La lucha contra el narcotráfico debe llegar al dinero. Debe perseguir las estructuras criminales. Debe perseguir el lavado de activos. Debe perseguir las rutas internacionales. Debe perseguir a quienes realmente se enriquecen. Y debe ofrecer alternativas económicas reales al campesinado.

¿Otra vez el glifosato?

Volver a la fumigación con glifosato no puede presentarse como una solución mágica.

El Gobierno de De la Espriella derogó la Resolución 6 de 2015 que mantenía suspendida la aspersión aérea con glifosato. Sin embargo, derogar esa norma no equivale a poner en marcha las fumigaciones. El Gobierno deberá cumplir una serie de requisitos fijados por la Corte Constitucional como condición para reactivar el programa.

La Corte Constitucional, en la Sentencia T-236 de 2017, activó el principio de precaución al señalar que estos programas planteaban riesgos significativos para la salud humana. Para reanudar la aspersión aérea, el Estado debe cumplir con siete condiciones, entre ellas que el riesgo sanitario y ambiental se evalúe de forma continua e independiente, y que la decisión de fumigar esté respaldada en evidencia objetiva y concluyente sobre la ausencia de daño.

Entonces la pregunta no es solamente: ¿cuántas hectáreas de coca se pueden destruir? El interrogante debe ser: ¿qué pasa con el campesino, con el agua, con los cultivos lícitos, con el suelo, con la biodiversidad y con las comunidades que viven allí?

La política antidrogas no puede reducirse a una guerra química contra el campo.

El narcotráfico no se acaba fumigando pobreza

Este es el punto central. Si se destruye una hectárea de coca, pero no se destruye la estructura financiera que compra la coca, el negocio continúa.

Si se obliga a un campesino a abandonar un cultivo sin ofrecerle una alternativa rentable, otro campesino ocupará su lugar.

Si se destruye la producción en una región, pero permanecen intactas las rutas, los compradores, las redes de lavado y los mercados internacionales, el problema simplemente se desplaza.

Por eso la lucha contra el narcotráfico tiene que ser integral. No basta con fumigar. No basta con soldados. No basta con helicópteros. No basta con cárceles. Hay que atacar el poder económico del narcotráfico.

Santa Marta: el agua no puede ser una pelea política

Petro también cuestiona las decisiones relacionadas con proyectos de infraestructura para garantizar agua potable en Santa Marta.

El Gobierno Nacional anunció que no continuará con el proyecto de construir dos plantas desalinizadoras, una iniciativa que contemplaba una inversión de $786.000 millones y que había sido declarada de importancia estratégica mediante el CONPES 4159 de 2025. El presidente De la Espriella afirmó que “lo de las plantas desalinizadoras no va, porque técnicamente no es viable”.

El agua pertenece a la gente. Si existe una solución técnicamente viable para garantizar agua potable a una ciudad que enfrenta problemas históricos de abastecimiento, esa solución debe estudiarse con criterios técnicos, financieros, ambientales y sociales. No puede cancelarse simplemente porque fue concebida por un gobierno anterior.

Lo que debe importar es una pregunta mucho más seria: ¿funciona? ¿Es necesaria? ¿Es sostenible? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién la paga? ¿Y cuánto le cuesta al país no hacerla? Ese debería ser el debate.

Y ahora viene lo más complejo: ¿qué modelo de país? Aquí la discusión deja de ser económica y se convierte en política. Petro plantea un modelo basado en mayor inversión social, fortalecimiento del salario, tributación progresiva, protección del campesinado y negociación política con estructuras armadas.

De la Espriella ha optado por una política de seguridad más militarizada y por terminar las negociaciones iniciadas durante el Gobierno Petro.

Dos concepciones distintas aparecen frente a los colombianos. Una apuesta principalmente por el diálogo y la transformación social. La otra coloca mayor énfasis en la fuerza, la persecución y el control territorial.

Pero ninguna política de seguridad puede reducirse exclusivamente a las armas. La seguridad también significa que un joven tenga oportunidades. Que una familia tenga ingresos. Que el campesino tenga tierra productiva. Que existan escuelas. Que haya hospitales. Que el Estado llegue antes que el narcotraficante.

Colombia no puede volver a ser el patio trasero de nadie

Y aquí llegamos al problema de fondo. Colombia debe mantener relaciones con Estados Unidos, Europa, América Latina, Asia y el resto del mundo. Pero una cosa es tener relaciones internacionales y otra muy diferente es subordinar las decisiones nacionales a intereses extranjeros.

La verdadera soberanía no significa aislarse. Significa poder negociar. Significa defender los intereses nacionales. Significa decidir qué política agrícola, qué política energética, qué política antidrogas, qué política económica necesita Colombia.

Y qué relación quiere mantener con las grandes potencias. Colombia no puede volver a una época en la que Washington decide, el Gobierno colombiano ejecuta y el campesinado pone los muertos.

La advertencia final. Por eso las palabras de Petro son claras y no simplemente rechazarlas porque provienen de un expresidente.

Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con Petro. Se puede criticar su Gobierno. Se pueden discutir sus resultados. Pero hay preguntas que pertenecen a todos los colombianos: ¿quién pagará la nueva deuda? ¿Quién se beneficiará de los cambios tributarios? ¿Qué condiciones tendrá la relación con el FMI? ¿Volverá el glifosato a convertirse en instrumento central de la política antidrogas? ¿Qué ocurrirá con los campesinos? ¿Quién perseguirá las grandes fortunas provenientes del narcotráfico? ¿Qué pasará con la inversión social? ¿Quién decidirá el futuro económico de Colombia?

Porque un país puede perder soberanía sin que aparezca un ejército extranjero. Puede perderla cuando su economía queda condicionada. Puede perderla cuando sus decisiones estratégicas se toman mirando primero hacia afuera. Puede perderla cuando el campesino es perseguido mientras los grandes capitales del narcotráfico permanecen ocultos. Y puede perderla cuando el pueblo termina pagando las decisiones tomadas por otros.

Colombia no necesita regresar al pasado. Necesita aprender de él. No necesita una guerra eterna contra el campesino. Necesita derrotar al narcotráfico en sus estructuras económicas y financieras. No necesita endeudarse indefinidamente para sobrevivir. Necesita una economía que produzca, distribuya y recaude con justicia. No necesita ser enemiga de Estados Unidos. Pero tampoco necesita convertirse en su subordinada.

Y, sobre todo, Colombia necesita un Estado que gobierne para sus ciudadanos y no para los intereses de unos pocos.

Ese es el verdadero debate. No se trata solamente de Petro contra De la Espriella. Se trata de qué Colombia vamos a dejarles a las nuevas generaciones.